Las mujeres venezolanas en la ola de LasTesis

Por Xili Durán

La semana pasada, grupos feministas en Mérida, Maracaibo y Caracas recrearon la performance famosa globalmente «Un violador en tu camino». Creada por el colectivo interdisciplinario de mujeres chilenas Las Tesis, se presentó por primera vez en Valparaíso, volviéndose viral a nivel mundial a través de medios no tradicionales y siendo escenificada en lugares como Ciudad de México, Bogotá, Beirut, Estambul, Madrid, París, Nueva York y ahora Venezuela.

Caracas tuvo dos convocatorias para esta performance en días distintos. Los medios se enfocaron más en las diferencias ideológicas de los colectivos feministas que hicieron cada invitación, ignorando como siempre el principal problema en cuestión: que las mujeres son sometidas a una violencia sistemática en Venezuela.

Chávez y Maduro han gobernado con prominentes figuras femeninas presidiendo el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General y Venezuela llegó a tener cerca de un 40% de parlamentarias mujeres. El texto constitucional se dirige a ciudadanos y ciudadanas, y una leye contra la violencia dirigida hacia la mujer fue sancionada. En el papel, el gobierno ha marcado ciertas casillas de género. Sin embargo, el programa político del chavismo no es feminista ni revolucionario, y dichas líderes femeninas representan únicamente a las mujeres privilegiadas de la burocracia y la burguesía chavista, no a las mujeres trabajadoras venezolanas y sus luchas. La situación en la que viven las mujeres de la clase trabajadora se ha deteriorado hasta llegar al punto más bajo del último medio siglo.

De hecho, los rasgos conservadores de la sociedad venezolana se han profundizado en las dos décadas del régimen chavista, el cual emplea un discurso reaccionario en el que se reivindica el rol doméstico de la mujer, sobreexplota el trabajo femenino en los programas sociales y recurre comúnmente a una retórica ultra-cristiana. No sorprendieron los abundantes ataques en redes sociales dirigidos hacia los colectivos feministas tras ambas performances de LasTesis en Caracas.

Los seguidores de Guaidó consideran la lucha por la protección de las mujeres como irrelevante, comparando la situación de las mujeres venezolanas con cualquier otra violación de derechos actualmente, soslayando las formas en las que la crisis afecta específicamente a mujeres y niñas. Los seguidores de Maduro culpan a la oposición y a poderes extranjeros de la crisis actual, como si el régimen no tuviese recursos ni poder para implementar lo que predica en discursos pseudo-progresistas, manteniendo así a mujeres y niñas como uno de los grupos más vulnerables de la Venezuela de hoy.

El Estado violador

Al igual que el gobierno chileno en su represión contra el movimiento popular, el gobierno venezolano ha utilizado la violencia sexual como una forma de torturar a las mujeres detenidas en la rebelión popular de 2017 y en otras protestas. Pero hay también otra formas en las que el régimen venezolano es cómplice de las violaciones.

No existe información oficial referida a los crímenes contra mujeres que sea publicada periódicamente desde 2015. En agosto de 2019, una inusual declaración pública del Director del CICPC reveló que la agencia registró 1.180 casos de abuso sexual hasta ese momento en 2019. Ese mismo mes, el Fiscal General confirmó que el Ministerio Público registró 554 feminicidios en los últimos 2 años.

Entrevistas con víctimas de la violencia sexual en Venezuela revelan que tras una agresión sexual, las víctimas son estigmatizadas a lo largo de la ruta que deben navegar, carentes de información, en busca de una justicia que rara vez alcanzan. Desde familiares o amigos que no les apoyan hasta insensibles y a veces agresivos miembros del personal médico y legal, el proceso las re-victimiza constantemente.

El primer paso comúnmente se dirige hacia la vía legal. Las autoridades y el público en general ignoran la importancia de priorizar la asistencia médica, especialmente en las primeras 72 horas, cruciales para obtener medicinas que prevengan la infección de VIH y enfermedades de transmisión sexual (ETS) o embarazos no deseados. Encontrar estas drogas no es fácil y en algunos centros médicos puede que las drogas estén disponibles, pero los profesionales de salud cualificados y entrenados sobre cómo administrarlas se han ido del país o trabajan en centros privados. La atención psicológica es de máxima importancia en estas emergencias, pero rara vez es prevista para las víctimas.

En las oficinas policiales, la víctima será recibida probablemente por un oficial masculino que en el mejor de los casos no la re-victimizará preguntándole sobre su ropa o si hizo algo que provocase al perpetrador. En el peor escenario, el oficial puede coquetear con ella o incluso cometer una nueva agresión. Durante los exámenes en servicios forenses, se requerirá narrar varias veces los detalles de la agresión y la víctimas puede incluso caer en un ping-pong sin fin alrededor de múltiples servicios en todas estas instituciones (médicas, legales, trabajadoras sociales) puesto que no hay protocolo claro y la rotación del personal en todos estos establecimientos deja a las mujeres en manos de personal que no está adecuadamente entrenado para lidiar con estos casos.

Las medidas de protección pueden obtenerse en el papel tras un arduo proceso, pero la posibilidad de protección real depende más de la situación económica de la víctima, dónde vive o quién la apoya. La re-victimización es la principal característica de la ruta médica y legal para las víctimas de violencia sexual en Venezuela, un proceso que los psicólogos que trabajan con este tipo de pacientes alertan debe evitarse, puesto que narrar la historia de la agresión una y otra vez hace que la víctima reviva el trauma. Lo que esto revela es una vez más la violencia del Estado capitalista venezolano contra las mujeres.

Las mujeres y la crisis

Mientras que el ejército y los sectores privilegiados de la burocracia y la burguesía pueden encontrar virtualmente cualquier producto y pagar por él en dólares o euros, la mayoría de los venezolanos se enfrentan a la miseria y la escasez desde mucho antes de las primeras sanciones económicas. Los anticonceptivos son escasos y caros en Venezuela, aumentando el riesgo de contraer VIH y ETS, para las que el tratamiento médico necesario también escasea. Venezuela tiene una alarmante tasa de embarazo adolescente y pese a la no divulgación de información oficial, informes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, muestran un aumento del 65% del embarazo juvenil desde 2015. Muchas niñas y adolescentes abandonan la escuela cuando quedan embarazadas, obligadas por sus familias, compañeros o la terrible situación económica que requiere que ellas trabajen. El incesto es común en Venezuela, explicando en parte la escalada de embarazos adolescentes.

El aborto sigue siendo penalizado en el país, lo que lleva a un aumento evitable en la mortalidad materna, con un estimado 20% de las muertes maternas vinculadas a abortos practicados en condiciones inseguras. Varias organizaciones de la sociedad civil exigen la despenalización del aborto y denuncian la falta de información y acompañamiento que las mujeres enfrentan cuando deciden sobre sus embarazos, dejando cicatrices no sólo en las mujeres sino en comunidades enteras.

Otras causas de la elevada mortalidad materna están relacionadas con el deterioro generalizado de las condiciones de salud y la malnutrición, el colapso del sistema de salud público debido a los recortes presupuestarios del gobierno y a la ausencia de personal cualificado, puesto que los profesionales de la salud forman parte de la fuga de cerebros que sufre el país ante los salarios miserables. Equipos y suministros médicos que faltan, combinando con las pésimas condiciones hospitalarias, fuerzan a las mujeres a irse del país también. En los flujos migratorios actuales, que han forzado a alrededor de 5 millones de venezolanos a salir del país, las mujeres y las niñas se enfrentan a mayores riesgos en las rutas migratorias, acechadas por redes de trata y explotación sexual que se lucran con su necesidad, y en ocasiones incluso amenazan a sus familiares en Venezuela.

El ruido seguirá hasta que pare el abuso. Linda Loaiza, una prominente defensora de derechos humanos venezolana y víctima de violencia sexual en 2001, expresó su apoyo a las representaciones de «el violador eras tú». Ha declarado que jamás imaginó que el Estado la atormentaría también, tras haberse practicado 15 cirugías reconstructivas sin ayuda financiera estatal, haber enfrentado el estigma de los medios de comunicación y la impunidad de un sistema judicial que convirtió a su agresor en una supuesta víctima.

Revictimizada y habiendo agotado todas las vías legales en Venezuela, Loaiza acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y obtuvo la primera sentencia contra un Estado responsable por actos de violencia contra la mujer, reconociendo que su caso estuvo plagado de graves fallos institucionales que persisten aún hoy. A un año de dicha sentencia, el gobierno de Maduro aún debe cumplir las reparaciones que se le deben a Loaiza desde hace mucho tiempo.

Mientras el debate en torno a las performances continúa, a menudo agitando un dedo señalador contra las mujeres y los colectivos feministas, es importante exigir a los medios de comunicación estatales y privados que cesen el uso de frases y términos como «crimen pasional», «por celos» o cualquier otra expresión que implique juicios de valor que ponen la culpa en la víctima, enfocándose en cambio en contar la historia y los hechos tal como son, porque la violencia contra la mujer es un problema social universal y los crímenes contra ellas no son incidentes aislados ni exclusivos de zonas empobrecidas.

Pese a la baja participación, las performances en Caracas, Maracaibo, Mérida y Barquisimeto han atraído la atención nacional hacia el problema de la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por parte del gobierno. Tras los esfuerzos del chavismo por controlar y destruir al movimiento de mujeres, persiste la esperanza de lograr un verdadero cambio mediante la lucha autónoma.