91 trabajadores detenidos o en régimen de presentación ante tribunales por defender sus derechos
Los seis trabajadores de PDVSA Gas Comunal detenidos recientemente por promover un paro en defensa de su contratación colectiva, se unen a otros 85 a los cuales actualmente se les sigue juicio por protestar reivindicando derechos laborales violados.
Los seis trabajadores de PDVSA Gas Comunal detenidos recientemente por promover un paro en defensa de su contratación colectiva, se unen a otros 85 a los cuales actualmente se les sigue juicio por protestar reivindicando derechos laborales violados.
La mayor parte de estos trabajadores detenidos o bajo régimen de presentación periódica ante los tribunales, laboran en PDVSA y en Sidor.
En Sidor son 25 los trabajadores que están sometidos a régimen de presentación semanal, quincenal o mensual ante los tribunales, a la espera de la concreción de un juicio por haber protestado por mejores reivindicaciones laborales. Mientras que 27 trabajadores en esta situación corresponden a distintas áreas de PDVSA.
En la actualidad las instancias judiciales tienen abierto un total de 91 casos contra trabajadores, que en su mayoría son dirigentes sindicales.
Los trabajadores de PDVSA Gas Comunal detenidos enfrentan el cargo de boicot previsto en la Ley de Acceso a Bienes y Servicios, delito que plantea una pena de prisión de seis a 10 años.
Es así que la presentación a tribunales se ha convertido en una práctica tan común como perversa. Todas las instituciones del Estado (policías, Guardia Nacional, Fiscalía y tribunales se coaligan en una santa alianza para perseguir, amedrentar y castigar a los trabajadores y sectores populares que protestan legítimamente, amén de la estigmatización que se hace desde el gobierno, considerando como contrarrevolucionario, agente de la CIA o escuálido, a todo aquel que cuestiona medidas gubernamentales o lucha por sus derechos. Este método de claro corte stalinista, se une a otras acciones que ponen en evidencia el avance de las restricciones a las libertades democráticas.
Leyes que vulneran el derecho a huelga y criminalizan la protesta
Junto con la ley antes mencionada, la reforma al Código Penal de 2005 y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, actúan como instrumentos legales que vulneran el derecho constitucional y supraconstitucional a la huelga. En los hechos estas normativas criminalizan la protesta sindical.
En el caso del código, se castiga con prisión de cuatro a ocho años a quienes obstaculicen las vías de circulación, pero además excluye a los condenados por esta causa del derecho a gozar de los beneficios procesales de ley y a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena, según su artículo 357.
Por su parte, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación ordena prisión hasta por 10 años a quienes realicen movilizaciones cercanas a prácticamente todas las sedes del Gobierno, de las empresas básicas, guarniciones militares o aquellas que puedan afectar los servicios públicos.
La Ley de Acceso a Bienes y Servicios prohíbe el boicot y al mismo se le considera como aquel desarrollado por personas que directa o indirectamente impidan la producción, importación, acopio, transporte, distribución o comercialización de bienes declarados de primera necesidad.