Argentina: El sentido de un voto por la izquierda

En Argentina habrá una sucesión de elecciones en los próximos meses. Ya han comenzado los comicios escalonados en las provincias (Catamarca, Chubut, Salta), que culminarán con la elección presidencial. Octubre será el punto final de un intenso proceso político. Este desenvolvimiento incluirá comicios de gran visibilidad en la Capital Federal (julio), que seguramente darán lugar a una segunda vuelta. Posteriormente habrá elecciones internas obligatorias (agosto) que operarán como un filtro de proscripción. Los partidos que no reúnan el alto piso de adhesiones requerido por la nueva ley quedarán fuera de la carrera electoral.

Es previsible una alta concurrencia a las urnas, puesto que el voto ha recuperado cierto prestigio, en un marco de creciente participación y revalorización de la política. Hasta ahora se perfilan varios candidatos de la derecha, distintas variantes del oficialismo, algunas opciones de la centroizquierda y un frente de izquierda.

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Quienes participamos en la militancia, en los movimientos sociales y en la vida intelectual desde el campo de la izquierda debemos fijar posición pública frente a este proceso electoral. Algunos compañeros consideran conveniente mantener una actitud de abstención, recordando la función de protesta que tuvo esta postura en distintas oportunidades de las últimas décadas. No perciben que esa conducta ha perdido el sentido que tuvo hace algunos años. La indiferencia ante los comicios o el voto en blanco -como forma de reacción ante el opresivo orden vigente- no sólo ha decrecido, sino que carece en la actualidad de significado político. La abstención no constituye un síntoma de protesta, ni alimenta el desenvolvimiento de los movimientos sociales. Va a contramano del despertar político de los jóvenes, que buscan canales políticos para procesar sus demandas e inquietudes. Soslayar la intervención electoral en estos momentos conduce al auto-aislamiento.

Muchos compañeros coinciden con este diagnóstico, pero estiman que la oferta electoral existente no da cabida a nuevos proyectos de construcción emancipatoria. Por esta razón se inclinan por un voto personal, testimonial o incluso por un mensaje “programático” adosado a alguna boleta. Hay ya demasiadas evidencias que estas posturas no abren ningún camino de acción política efectiva. Son manifestaciones individuales que no permiten desenvolver experiencias reales. Limitarse a votar silenciosamente, reivindicando de hecho el “secreto de esa decisión” es una actitud opuesta al compromiso público y a la participación abierta, que siempre promovemos desde la izquierda.

Hay que comprender que optar por un candidato no implica el aval completo a su partido, a su programa o a su trayectoria. Simplemente define un campo de intervención, basado en el rechazo absoluto a ciertos espacios y el compromiso con otros. Partiendo de esta necesidad de participar en la batalla electoral: ¿Cuáles son las opciones en juego?

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El escenario actual incluye varias expresiones de la derecha, que obviamente constituyen el principal antagonista de la izquierda. Es importante definir quiénes son sus exponentes. Algunos compañeros piensan que los reaccionarios están repartidos en todo el espectro dominante y no pueden ser individualizados. Estiman que la derecha no existe como configuración propia, otros suponen que es una creación ficticia, que irrumpe en las coyunturas electorales para generar falsas polarizaciones. Estas caracterizaciones nos parecen erradas.

La derecha existe como fuerza con sus líderes y proyectos. Postula implementar en el país la misma política que llevan a cabo Santos en Colombia, Piñera en Chile o Calderón en México. Expresa directamente los intereses del imperialismo y pretende restaurar la política económica neoliberal para retomar las privatizaciones y la apertura comercial. Sus objetivos salieron a la superficie cuándo exigió bajar las retenciones o pagar la deuda externa con ajuste presupuestario y cuando se opuso a la nacionalización de las AFJP. Busca recortar los derechos democráticos, anular los juicios a los genocidas y generalizar la mano dura contra las manifestaciones populares. Aspira a reducir la edad de imputabilidad para perseguir a la juventud empobrecida. Sus voceros son empleados directos de la prensa hegemónica.

Se oponen a cualquier democratización de los medios de comunicación y actúan como agentes de la Iglesia y la educación privada. Esta corriente no logró hasta ahora construir una alternativa electoral significativa, pero tiene en reserva a Macri, Olmedo, Duhalde, Solá, Rodríguez Saa o De Narváez. Cuenta con muchos exponentes en el PRO, en el PJ Federal, en la UCR y en la Coalición Cívica. Estos candidatos se ubican en las antípodas de cualquier acción de la izquierda. Pero es importante registrar que sus exponentes no anidan sólo dentro del arco opositor.

Existen numerosos representantes de la derecha al interior de la coalición oficialista. Esta presencia es ocultada o justificada por muchos simpatizantes del gobierno que enarbolan banderas progresistas. Evitan hablar de los gobernadores provinciales o los barones del conurbano que sostienen a CFK a escala nacional y regional para garantizar en sus feudos la continuidad de las políticas neoconservadoras.

Sostienen la minería depredadora en San Juan, refuerzan los viejos privilegios de la oligarquía en Salta, reivindican a los Saadi en Catamarca, expulsan a los pequeños productores campesinos en Chaco, reprimen a los pueblos originarios en Formosa, encabezan los escándalos de corrupción en Córdoba y apuntalan en La Rioja la alianza de Menem con el oficialismo.

Muchos seguidores del gobierno reconocen estos hechos pero estiman que resulta necesario acordar con los caudillos, para asegurar la “gobernabilidad del país” y ganar hegemonía para sostener la orientación progresista del kirchnerismo puro. Pero con estos compromisos se condiciona el perfil de toda la administración, se terminan consolidando las ganancias multimillonarias de las empresas extranjeras y los fraudes de las elites provinciales, a costa de toda la población. No son acuerdos inofensivos. Perpetúan el poder de las pequeñas minorías y la pobreza estructural de quienes padecen la desnutrición y la compulsión a emigrar. La defensa de un proyecto progresista es totalmente incompatible con el voto a estos gobernadores K. Quienes afirman que ese sostén permite “acompañar al gobierno” manteniendo los principios progresistas niegan o desestiman lo evidente.

El alineamiento junto al oficialismo no solo fortalece esas estructuras del poder, sino que incluso conduce a ciertos intelectuales a adoptar actitudes macartistas en los momentos de choque con la combativa militancia de la izquierda. En esas circunstancias se repite el discurso oficial que culpabiliza a las víctimas y denigra la lucha de las corrientes antiburocráticas.

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Hasta ahora CFK encabeza todas las encuestas y se perfila como la ganadora de octubre. Este dato confirma que el gobierno ha recuperado adhesión, como resultado de tres procesos: el crecimiento económico, la convalidación de ciertas conquistas sociales y democráticas y el fracaso de sus adversarios derechistas. El mantenimiento de un alto nivel de actividad económica obedece al contexto internacional favorable, a las políticas económicas expansivas y al marco de alta rentabilidad que legó la crisis del 2001. El gobierno ha intervenido activamente en la gestación de este contexto. Su política permite apuntalar la reconstitución del poder de las clases dominantes y la generación de un nivel de ganancias inéditas para los grupos capitalistas. Este sostén oficial favorece más los enormes lucros patronales que las inversiones genuinas o el “esfuerzo del sector privado”. Pero al mismo tiempo ha mejorado los ingresos de diversas franjas de los trabajadores y sectores populares.

Los opositores derechistas no supieron construir su propia alternativa y han quedado pulverizados al cabo de dos años de exitoso contraataque oficialista. Un aspecto central de esa contraofensiva fue el otorgamiento de mejoras en el terreno social (aumentos salariales, negociación colectiva, jubilaciones sin aportes, asignación universal, ampliación del empleo público), junto a significativos avances en el campo democrático (juicio y encarcelamiento a los genocidas, ley de medios, matrimonio igualitario y violencia de género, derecho a manifestar con menor represión).

Los defensores del voto al gobierno desde una óptica progresista convocan a “profundizar” estas conquistas, como si estas mejoras constituyeran la esencia de la gestión actual. Desestiman la total desproporción que existe entre las ganancias extraordinarias logradas por los grupos capitalistas con el gran crecimiento económico y el limitado avance obtenido en el salario y el empleo de los trabajadores. Estos logros coexisten con la perpetuación de una desigualdad social que recicla la miseria y la informalidad laboral.

Un voto de izquierda no debe convalidar un modelo económico asentado en las exportaciones agrarias primarizadoras, la ausencia de reformas fiscales progresivas, el vaciamiento del petróleo, la destrucción de los ferrocarriles, la enajenación de los recursos naturales y el veto del 82% a los jubilados. Hay que buscar caminos para impulsar otro proyecto con orientación anticapitalista, cuestionando el curso actual que mantiene la polarización social y bloquea estructuralmente la redistribución de los ingresos.

Muchos sectores del progresismo gubernamental reconocen estas limitaciones. Afirman que “todavía falta mucho” y que se debe “mejorar el proyecto desde adentro”. Proponen crear alineamientos autónomos con candidaturas propias en el marco de la colectora oficial. Esta inserción dentro de la coalición gubernamental obliga a aceptar todas las imposiciones de la presidencia. Es un cheque en blanco que impide promover cualquier iniciativa sin bendiciones de la Casa Rosada. Por ese camino, en lugar de forjar una corriente progresista se termina aceptando la disciplina al mandato oficial. Este alineamiento se tornará más exigente en un segundo mandato, estructurado en torno a pactos sociales de contención de las demandas salariales.

El enaltecimiento acrítico de la figura presidencial puede acarrear graves consecuencias en el futuro. El peronismo arrastra una larga historia de verticalismo y exigencias de subordinación ciega a la jefatura presidencial, que muchos progresistas prefieren ignorar. Este sometimiento implica, además, coexistir con los viejos punteros del justicialismo que ejercen el mando sobre el aparato de los barones del Conurbano. Tan dañino también es el obligado sostén de la burocracia sindical. Este sector ha contado hasta ahora con un apoyo desde el riñón del Estado para financiar patotas, agredir militantes y solventar un sindicalismo empresarial, que permite a los jerarcas enriquecerse sin rendir cuentas a nadie. El alineamiento junto al oficialismo fortalece esas estructuras del poder.

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No alcanza con enunciar estos problemas. La coyuntura actual está signada por grandes simpatías hacia el gobierno. La mayoría de la población no desconoce la continuidad de la desigualdad social, el drama de la tercerización, la ausencia de planes de vivienda, la segmentación entre educación privada de lujo y enseñanza pública degradada. Pero tienen muy fresco todos los desastres precedentes del gobierno de la Alianza y su hecatombe final. La década menemista es vista, además, como la antítesis del curso actual. En comparación al desmoronamiento que vivió el país a principios de la década, la realidad presente es percibida como algo más soportable. Por otra parte, las relativas mejoras que se han obtenido influyen en la actitud electoral. Es indispensable tomar en cuenta este contexto, a la hora de exponer las propuestas que alentamos desde la izquierda.

Nuestra crítica debe estar centrada en la insuficiencia, las limitaciones y el carácter inestable de los avances logrados y no en su desconocimiento. Se trata de conquistas logradas por el movimiento popular, que solo podrán desarrollarse y sostenerse en el tiempo, si se construye una fuerza política de izquierda realmente independiente. El oposicionismo ciego oculta muchas veces incapacidad política, por el contrario reconocer lo obtenido como un eco tardío de la gran rebelión del 2001 y de la intensidad posterior de las huelgas y los piquetes permite dialogar con las más amplias masas con criterio de realidad.

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La centroizquierda de Proyecto Sur se ubicó inicialmente en una perspectiva de cuestionamiento al gobierno desde posiciones progresistas. Luego de capturar un importante electorado de la Capital Federal denunció los compromisos del gobierno con los gobernadores derechistas y cuestionó a la burocracia. Criticó acertadamente el saqueo de la minería y el petróleo, el desmantelamiento de los ferrocarriles o el silenciamiento de cualquier investigación de la deuda externa. Con esa postura se arremetió contra los turbios negocios de los “capitalistas amigos” en la concesión de la obra pública, contra el manejo de los servicios públicos privatizados, la ausencia de auditorías en la ANSES y la destrucción del INDEC. Estos planteos permitieron concurrir por ejemplo a la elección de Catamarca con un reclamo contra las mineras.

Pero una fuerza política no queda simplemente definida por las propuestas que propaga. Hay que juzgar cómo piensa instrumentarlas en la práctica y aquí apareció una seria contradicción con las alianzas establecidas con exponentes de la política tradicional. Estos acuerdos imposibilitarían concretar los objetivos progresistas. Primero hubo coqueteos con el Grupo A y luego una sucesión de discursos muy semejantes a la retórica que propaga la derecha. Esta actitud retomó la ambigüedad, el silencio o la asociación con los sojeros que se observó durante el conflicto del agro.

Proyecto Sur planteó una propuesta atractiva: romper el bipartidismo radical-justicialista, forjando una tercera opción. Propuso alejarse de la degradación política que se ha impuesto en los aparatos que manejan a la UCR y al PJ. Esta iniciativa -que despertó gran entusiasmo- se ha diluido con la práctica política del último año. En lugar de trabajar por una tercera formación real comenzaron las negociaciones con diversas figuras (Juez, Stolbizer, Binner) que no difieren sustancialmente del denostado bipartidismo. Es importante notar cómo el discurso tradicional del radicalismo ha penetrado en el perfil público de Solanas

Estos coqueteos con la derecha bloquean la construcción de una opción progresista. La principal crítica de este espacio al gobierno es su “desapego de la institucionalidad” y su “desconocimiento de las normas constitucionales”. Aquí se omite que todos los gobiernos capitalistas vulneran esas reglas para favorecer a los dueños del poder económico. Por otra parte los discursos exclusivamente centrados en la denuncia de la corrupción se asemejan mucho a la vacua retórica que desplegó la Alianza contra el menemismo. Estos mensajes se mantienen dentro de la órbita liberal y recrean los viejos prejuicios regresivos contra la política. Además, cuestionan al oficialismo desde una trinchera muy afín a la campaña sucia que desenvuelve Clarín contra el gobierno.

Proyecto Sur propone emular a las administraciones más conservadoras de los países vecinos. Al reivindicar a Dilma y Lula o a Tabaré y Múgica como los caminos a seguir se promueven de hecho políticas de mayor preservación del status quo, especialmente en el terreno social y de los derechos humanos.

Hay un gran trecho para recorrer junto a la centroizquierda. Quienes propiciamos proyectos anticapitalistas y defendemos las banderas de la emancipación socialista tenemos que hacerlo desde la construcción de nuestra propia fuerza política.

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Caracterizar a la derecha, al gobierno y a la centroizquierda es imprescindible frente a la secuencia electoral de los próximos meses, que seguramente incluirá situaciones de ballotage entre esas fuerzas. Resulta conveniente considerar desde ahora la actitud que se asumiría frente a estas situaciones. Las probabilidades de esa segunda vuelta son inciertas a nivel nacional pero constituirán el dato central de las elecciones en la Capital. ¿Qué actitud adoptar frente a una situación de ese tipo?

Algunos compañeros consideran que “todos los candidatos burgueses son lo mismo y hay que rechazarlos por igual”. Esta posición es equivocada. Presupone que al movimiento popular le resulta totalmente indiferente el resultado de una disputa entre candidatos reaccionarios y progresistas. Se ignora que ese desenlace incide directamente sobre la existencia de condiciones más propicias o adversas para la lucha popular. En los casos más extremos ese neutralismo abstracto conduce en otros países de la región a la abstención en los choques que tienen Evo Morales o Chávez con la derecha. Por las mismas razones que la izquierda no aplica habitualmente estos criterios de indiferencia en la lucha sindical contra la burocracia, o en su participación en organizaciones sociales, hay que evitarlos en una definición importante del ballotage.

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La izquierda no tuvo relevancia electoral en los últimos años. Hubo varias experiencias frustrantes en la gestación de frentes y en la selección de líderes con proyección popular. Prevaleció la dispersión y la presentación de una variedad de partidos, sin ninguna incidencia en los resultados. Este panorama condujo a una sistemática descalificación de la izquierda y a su habitual presentación como un sector insignificante de la vida política. Esta fragilidad electoral ha brindado una imagen distorsionada del peso real que tiene la izquierda, partidaria y no partidaria, como fuerza política y social en las organizaciones populares, en los sindicatos, en la cultura o la universidad. No refleja la capacidad de movilización en la calle y su rol en las demandas populares.

Las limitaciones en el plano electoral han reflejado las mismas dificultades que tuvo la izquierda en la última década, para transformar la rebelión del 2001 en fuerza política organizada. Esa sublevación no dio lugar al surgimiento de la opción masiva que se habría podido forjar en aquellas condiciones excepcionales. Esta frustración obedece a problemas internos de larga data para traducir la esforzada militancia cotidiana en avances visibles. Las conductas sectarias, el dogmatismo, las tradiciones aislacionistas, el apego a la auto-proclamación y el culto al aparato han sido determinantes de este fracaso. Este comportamiento genera a su vez conductas reactivas de rechazo a cualquier organización, junto a una gran ilusión asamblearia y el rechazo en nombre de la autonomía a la participación política activa.

Para construir una izquierda que efectivamente erosione el sistema de dominación hay que romper ese círculo vicioso. Pero ninguna de estas limitaciones anula un dato básico: la izquierda reúne una importante porción de los luchadores actuales, que se ubican en la primera fila de las demandas sociales y ponen el cuerpo en la batalla contra las patotas, como lo demostró el asesinato de Mariano Ferreira.

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La posibilidad de transformar esa combatividad en un salto político está nuevamente abierta y las próximas elecciones constituyen una oportunidad para avanzar hacia ese objetivo. La conformación del frente electoral FIT -más allá de las críticas a los partidos que lo componen, la forma cerrada en que se ha conformado y su presentación como un hecho consumado- podría constituir un punto de partida de ese proceso.

Después de tantos años de concurrencias solitarias y disputas sin sentido entre candidatos del mismo conglomerado se ha dado un paso unitario. Este hecho surgió por el imperativo creado por una amenaza oficial de expulsar a la izquierda del escenario electoral. Paradójicamente ese peligro logró disipar abruptamente todas las divergencias de programas y candidatos que impedían la concreción de un frente. Se ha logrado así un hecho importante que podría colocar en los próximos meses la voz de la izquierda en el centro de la escena política. El gran desafío radica en definir como se utilizará ese espacio.

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La principal batalla que deberá encarar el frente es la interna abierta de agosto, que por acuerdo de los partidos mayoritarios han impuesto para restaurar el bipartidismo. La lucha contra este filtro es una acción democrática central que hasta el momento la inmensa mayoría de la población ignora por completo. El Estado no solo interfiere en la vida interna de los partidos, sino que impone restrictivas cláusulas de funcionamiento, que en el caso de la izquierda apuntan a borrarla del mapa electoral. Dada la enorme sensibilidad democrática que existe en el país y el generalizado rebrote de politización, el intento de proscripción podría generar una inesperada reacción que vigorizaría a la izquierda. La batalla por conseguir los más de 300.000 concurrentes a la interna y la campaña por asegurar su presencia electoral es una batalla por ganar. El éxito generaría un hecho político de enorme envergadura y crearía un importantísimo piso electoral para octubre. Para nosotros el apuntalamiento de esta campaña es una actividad prioritaria.

Pero el FIT puede abrir también un proceso político que supere el solo objetivo electoral, si crea las bases para gestar una real confluencia de toda la izquierda. Algunos partidos han quedado afuera, otros se mantienen en distintas alianzas y muchas organizaciones, corrientes, personalidades y militantes se mantienen reacios. Buscar las convergencias y la progresiva ampliación del frente le otorgaría otra proyección a ese acuerdo. Las internas obligatorias podrían ser aprovechadas, por ejemplo, para organizar distintas formas de participación y de debates con pluralismo de opiniones y una dinámica democrática. Esta variedad de enfoque es un requisito para la confluencia de la izquierda. Los caminos están abiertos para ensayar una experiencia de ese tipo.

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En esta perspectiva es que consideramos necesario:

a) Participar y llamar a la más amplia participación en las internas abiertas del FIT, con independencia del voto final en octubre, para garantizar su presentación y como forma de cuestionar el carácter proscriptivo de la reforma política.

b) Votar en primera vuelta a los candidatos del FIT, apostando a lograr la presencia de legisladores y diputados de izquierda. Cualquier logro en este terreno constituirá un hecho positivo.

c) Impulsar el debate sobre la postura a sostener frente eventuales ballotages, tanto a nivel nacional como en capital.

Convertir la interna obligatoria en un éxito de concurrencia y en un pilar de ampliación del frente e introducción de distintas opiniones será un hecho político que puede renovar la esperanza en la izquierda y retomar el sendero de construcción de la fuerza política que necesita el país.

Buenos Aires, mayo 18 de 2011

Claudio Katz / Eduardo Lucita / Jorge Marchini
Integrantes de EDI – Economistas de Izquierda.