Asesinato de Roque Dalton sigue impune

Por: Edgardo Ayala (IPS)

SAN SALVADOR, 9 ene – Era la primera vez que un juez salvadoreño celebraba una audiencia para decidir si era llevado a juicio el caso del poeta Roque Dalton, asesinado hace 36 años, pero las esperanzas de la familia querellante cayeron en saco roto.

En la audiencia realizada en el juzgado de paz número 9 de San Salvador se dispuso este lunes 9 que no procede el caso contra los exjefes guerrilleros Jorge Meléndez y Joaquín Villalobos, a quienes la familia de Dalton responsabiliza del crimen perpetrado en mayo de 1975. Así, el magistrado Romeo Giammattei dictó el sobreseimiento definitivo de la causa contra los dos imputados.

La Fiscalía General de la República (FGR) entendió que el caso ya había sobrepasado los 15 años que la ley establece para la persecución de un crimen común.

Pero los dos hijos del poeta, Jorge y Juan José Dalton, sostienen que la muerte de su padre debe enmarcarse en un delito contra la humanidad y, como tal, no prescribe, al contrario de lo que establece el Código Penal para los asesinatos simples.

«Reclamamos justicia desde hace 36 años (…) y la resolución de hoy (este lunes) es una barbarie jurídica», dijo a IPS el periodista Juan José Dalton, tras finalizar la audiencia.

«Por primera vez nos sentamos con un juez en una audiencia del caso de mi papá, algo histórico, pero duró tres horas y se cerró», agregó.

La FGR consideró el crimen del poeta de carácter común. Justificó que, como el Estado salvadoreño no ha suscrito el Estatuto de Roma, que da vida legal internacional a la figura de lesa humanidad, no se puede conceder que el caso de Dalton sea tratado en este país en esa categoría penal.

En lugar de investigar y acusar, la FGR pidió al juez que rechazara el caso definitivamente.

«Esta es una muestra de la impunidad, de que (el salvadoreño) es un sistema corrupto y viciado, que se pone del lado de los victimarios en lugar del de las víctimas», se quejó el cineasta Jorge Dalton.

La familia del escritor más destacado de la historia de El Salvador acusa a Villalobos y Meléndez, quienes en mayo de 1975 eran parte de la dirección del izquierdista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

El poeta era también miembro de ese grupo, que junto a otros cuatro conformarían más tarde el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que libró una guerra de guerrillas contra las fuerzas gubernamentales entre 1980 y 1992 y que después de los acuerdos de paz se constituyó en una fuerza política legal.

Sin embargo, Dalton fue acusado por sus compañeros de insubordinación y de ser agente encubierto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Tras ser declarado culpable en un llamado «juicio revolucionario», en el que presuntamente participaron Villalobos y Meléndez, fue muerto en circunstancias que aún se desconocen.

Villalobos se desempeña en México como asesor antidrogas del gobierno del conservador Felipe Calderón, mientras que Meléndez está a cargo de la Subsecretaría de Vulnerabilidad en el gobierno salvadoreño de Mauricio Funes, que llegó al cargo en julio de 2009 de la mano del FMLN.

Solo Meléndez se presentó a la audiencia, mientras que Villalobos fue representado por el abogado Rigoberto Ortiz.

«Se han dicho tantas mentiras y falsedades… esto pudiera ser parte de algún plan político», afirmó Meléndez a la prensa, al entrar al juzgado.

Dalton, nacido en 1935, formó parte del destacado grupo de escritores y poetas latinoamericanos, entre ellos los uruguayos Mario Benedetti y Eduardo Galeano, los argentinos Juan Gelman y Julio Cortázar, el peruano Mario Vargas Llosa y el colombiano Gabriel García Márquez.

Sus obras más importantes incluyen «La ventana en el rostro» (1961), «Taberna y otros lugares» (Premio Casa de las Américas, 1969), «Miguel Mármol» (1972), «Pobrecito poeta que era yo…» (1975), «Poemas clandestinos» (1975) e «Historias prohibidas del pulgarcito» (1975).

Los restos de Dalton nunca fueron encontrados. Sin embargo, sus hijos plantearon en la demanda dos lugares posibles: una casa del barrio Santa Anita, al este de San Salvador, y una explanada de roca volcánica llamada El Playón, en el suroccidental departamento de La Libertad, donde los escuadrones de la muerte solían tirar los cadáveres de izquierdistas asesinados por ellos durante la guerra civil.

En mayo de 2010, la familia Dalton solicitó a la FGR que investigara el caso, pero las diligencias nunca se iniciaron. También exigió al presidente Funes la destitución de Meléndez, que fungía por entonces como director de Protección Civil.

Funes no solo no destituyó a Meléndez, sino que tiempo después lo promovió a subsecretario de Vulnerabilidad.

En agosto del 2011, los Dalton demandaron a la FGR informar si investigaría el caso o no, pero tampoco hubo respuesta.

Finalmente, en noviembre llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.

Observadores entienden que la negativa dada este lunes 9 por la justicia salvadoreña pudiera ser un elemento para que el caso sea aceptado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica y al igual que la CIDH parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos.

«En este país, a la hora de querer tocar la impunidad, las leyes no están a favor de la verdad, sino de esa impunidad», señaló Juan José Dalton.