Aumento de salario mínimo: una nueva burla a las trabajadoras y trabajadores

Por Partido Socialismo y Libertad

Como ya es habitual, el pasado 1º de mayo Día del Trabajador y la Trabajadora, el gobierno anunció el aumento del salario mínimo. Esta vez lo hizo a través del ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, en una concentración escuálida que llevó a cabo el gobierno y su burocracia sindical roja rojita en la avenida Universidad de Caracas.

Al día siguiente, nadie celebraba ese aumento. El comentario en mercados, plazas y lugares públicos era la miseria que significaba dicho incremento salarial. Todo el mundo sacaba cuentas tratando de ver cuánto era en dólares. Moneda con la que hoy se tasa el precio de los bienes y servicios.

Se aumenta el salario mínimo sin consultar con los sindicatos

Nuevamente el gobierno tomó esta decisión sin consultar a nadie, si acaso lo informó a Wills Rangel y al resto de la burocracia sindical chavista de la Cbst. Con ningún sindicato de base se reunió para discutir el incremento del salario mínimo. Ni consultó a las centrales sindicales y sus federaciones. Sigue la práctica de la unilaterialidad para aumentar el salario mínimo, heredada del período de Chávez.

En el artículo 111 de la Lottt se establece expresamente que los aumentos salariales deben ser acordados, y dice: “El Ejecutivo Nacional podrá decretar los aumentos de salario y medidas que estime necesarias, para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. A tal fin realizará amplias consultas y conocerá las opiniones de las distintas organizaciones sociales e instituciones en materia socioeconómica”. El gobierno ni siquiera cumple las propias leyes que aprueba, y que presenta como grandes logros del falso socialismo chavista.

El gobierno suma peras con manzanas

Por otra parte, el gobierno de Maduro y sus ministros insisten en hablar de un tal “salario integral”, el cual no existe en ninguna parte, salvo en la propaganda gubernamental que pretende sumar peras con manzanas. Es decir, salario normal con bono de alimentación o cestatickets, como se conoce popularmente.

Desde el punto de vista legal, todo lo relativo al salario en Venezuela, está contemplado en el capítulo I del Título III de la Lottt, que comprende los arts. 96 a 130. En ninguno de esos artículos se menciona ese “salario integral” del que habla el gobierno.

El bono de alimentación no es parte del salario, de acuerdo a lo establecido en la propia Lottt en los arts. 104 y 105. Es un beneficio social, no es salario. Es decir, que no se toma en cuenta para el cálculo de las prestaciones sociales, al igual que los otros beneficios sociales establecidos en el art. 105 de la ley.

En rigor, el gobierno aumentó el salario mínimo a 7 millones de bolívares y el bono de alimentación o cestatickets a 3 millones. Es bueno que el trabajador o trabajadora tenga claro que son dos cosas distintas. Lo más que se puede afirmar es que el ingreso mínimo total de un trabajador (no salario mínimo) es de 10 millones de bolívares, que hoy equivale a la miseria de $ 3,54, calculado al dólar BCV.

Los salarios de hambre son parte del paquetazo de ajuste del gobierno contra el pueblo

Pero el tema del salario debemos verlo en un marco más integral. Hoy las trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público como del privado, en la práctica no tienen salarios. Ganar 3 ó 4 dólares, o un poco más en algunos casos, no se puede considerar salario.

En Venezuela ningún trabajador o trabajadora puede planificar nada con esa miseria que se devenga por vender la fuerza de trabajo. Nadie puede hacer un presupuesto para cumplir con los compromisos cotidianos de comida, transporte, vivienda, salud, educación y recreación.

Eso es lo que explica que 5 millones de venezolanas y venezolanos, en su mayoría trabajadores y profesionales hayan tenido que emigrar en los últimos años, buscando un mejor nivel de vida para sus familias, o para enviar desde los países a donde emigraron, algunos dólares a los que se quedaron en el país.

Quizás no exista en el mundo un país donde se extrae tanta plusvalía a los trabajadores y trabajadoras. Los empresarios, las transnacionales y el gobierno realmente hacen fiesta con el esfuerzo y el sudor de millones de personas que devengan verdaderos salarios de hambre.

Pero la destrucción del salario ejecutada sistemáticamente por este gobierno, con el aval de los empresarios, no es casual. En rigor, es parte de una política gubernamental mediante la cual se busca descargar los efectos de la crisis económica sobre los hombros del pueblo trabajador. Esta política se materializa en el brutal paquetazo de ajuste que desde el año 2014 se viene aplicando, la cual se recrudeció y le pusieron nombre y apellido desde agosto del 2018 con el llamado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. Este paquetazo ha sido acompañado con la persecución y criminalización de la protesta obrera y popular, que hoy mantiene en la cárcel a numerosos trabajadores, trabajadoras y dirigentes sindicales.

Ese año el gobierno llevó a cabo una reconversión monetaria que licuó los ahorros y prestaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras; estableció un salario mínimo único y además, aprobó el nefasto memorando 2792 con el cual liquidó el concepto general de salario que incluye los bonos y demás beneficios sociales con incidencia salarial; acabó con la negociación colectiva de trabajo, lanzando al cesto de la basura a los sindicatos. Y terminó con el derecho a huelga y el procedimiento para llevarla a cabo.

Este ataque brutal contra los derechos históricos alcanzados por el movimiento obrero venezolano a través de grandes luchas a lo largo de muchos años, tiene su expresión más dramática en los salarios miserables que se devengan en el país. De allí que desde nuestra corriente sindical C-cura planteemos que el salario debe igualarse a la canasta básica e incrementarse mensualmente de acuerdo a la inflación. Pero no sólo porque así está planteado en el art. 91 de la constitución, también porque no podemos permitir que la clase trabajadora que genera la riqueza del país con su esfuerzo, sea condenada a la indigencia y la miseria por el sistema capitalista y el gobierno. Se trata simplemente de preservar la vida de las trabajadoras y trabajadores y sus familias.

Toda esta pavorosa crisis que padece desde hace años el pueblo venezolano, agravada desde el 2017, y especialmente a partir del 2019, por las sanciones económicas criminales instrumentadas por el imperialismo, se ha visto acelerada por la pandemia, que encontró al país con el sistema sanitario por el suelo, además que el gobierno ha sido incapaz de adoptar un plan nacional de vacunación masivo.

Hay que luchar por un Plan Obrero y Popular

Ante esta situación el Partido Socialismo y Libertad insiste que no hay otro camino que organizarnos para luchar. Nadie nos va a venir a salvar. Las trabajadoras y trabajadores tenemos la responsabilidad de luchar para derrotar este paquetazo de ajuste que aplica el gobierno de falso socialismo de Maduro y el Psuv.

En ese sentido proponemos pelear por las siguientes 8 acciones de emergencia ante el hambre y la pandemia

1. Salario igual a la canasta básica para todas las trabajadoras y trabajadores. El bono que se otorga por la cuarentena a través del sistema Patria debe ser sustituido por una renta mensual a todos los trabajadores informales.

2. Vacunas para todas y todos. Hay que exigir al gobierno ruso un cronograma de entrega de los 10 millones de dosis adquiridos. Y que lleguen ya las vacunas de Covax.

3. Plan de importación masiva de alimentos para garantizar comida para todas y todos, medicinas e insumos sanitarios para dotar a los hospitales.

¿Cómo se financiaría este plan?

4. Impuesto a grandes empresas, banqueros y transnacionales. ¡Que los empresarios y nuevos ricos del gobierno lo paguen!
5. No pago de la deuda externa
6. Suspensión de gasto militar
7. Confiscación de bienes de corruptos y repatriación de dinero confiscado en el exterior
8. Petróleo 100% estatal sin transnacionales ni empresas mixtas