Brasil llama a consultas a su embajador y anuncia medidas contra Ecuador por medidas soberanas relacionadas con la deuda de ese país

La medida responde a la decisión del presidente Rafael Correa de someter a un arbitraje una deuda con el principal banco del Estado brasileño, anunció el ministerio de Relaciones Exteriores.
«El ministro Celso Amorim llamó al embajador de Brasil (Antonino Marques Porto) en Ecuador para consultas», señaló la cancillería en un comunicado oficial.

El texto fue leído por el propio Amorim ante periodistas en Sao Paulo, tras el acto oficial de clausura de la «Conferencia internacional sobre biocombustibles», un acto del gobierno brasileño en el que se promueve el etanol como alternativa a los combustibles fósiles. Los planes del gobierno brasileño en la materia se han articulado en políticas conjuntas con el gobierno de los EEUU.

«Todo el mundo sabe lo que eso significa», dijo Amorim cuando los periodistas le preguntaron detalles sobre el llamado del embajador en el país andino. Según el canciller, esta decisión de Ecuador llevará a Brasil a examinar la cooperación con esa nación.

«El Gobierno brasileño recibió con mucha preocupación la noticia de la decisión del Gobierno ecuatoriano de iniciar un juicio arbitral ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con miras a suspender el pago de la deuda», según el comunicado oficial.

La deuda es relativa a la financiación de la construcción de la hidroeléctrica de San Francisco, recordó el texto y señaló que «la decisión del Gobierno ecuatoriano fue anunciada en un evento público sin plena consulta o notificación al Gobierno brasileño», cuestionando de esta manera el carácter soberano de la medida.

«La naturaleza y la forma de las medidas adoptadas por el Gobierno ecuatoriano no corresponden al espíritu de diálogo, amistad y de cooperación de las relaciones entre Brasil y Ecuador», agregó el comunicado. Brasil ha funcionado durante más de un siglo como subimperialismo en la región sudamericana, apoyando la dictadura de Stroessner en Paraguay, y efectuando otras medidas intervencionistas.

El Gobierno de Correa cuestiona una deuda de 243 millones de dólares contraída por Ecuador a través del estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) para la construcción de la hidroeléctrica que fue inaugurada en junio de 2007 y presentó fallas estructurales hasta dejar de funcionar un año después.

La obra fue construida por un consorcio con participación de Odebrecht, una de las principales empresas privadas de Brasil y con operaciones en varios países de América, entre ellas la ampliación del metro de Caracas. El incumplimiento del contrato por parte de Odebrecht llevó a la militarización de las obras y la expulsión de la empresa capitalista del territorio ecuatoriano.

«El Bndes se pronunciará sobre las alegaciones hechas por el Gobierno ecuatoriano sobre el contrato de financiación», según la cancillería.

Los préstamos de este tipo son otorgados por el Bndes para la financiación de exportaciones de bienes y servicios de empresas brasileñas con operaciones en el exterior, un típico mecanismo del neocolonialismo financiero.