Cese a la escalada represiva del gobierno contra los que luchan
Partido Socialismo y Libertad
En las últimas semanas el gobierno ha desatado una brutal campaña represiva contra dirigentes sindicales y sectores populares que levantan su voz contra las terribles condiciones de vida que padecemos, y en exigencia de salario y otras reivindicaciones.
Las modalidades que adoptan estas políticas represivas son variadas. Van desde los despidos, jubilaciones forzadas, la persecución y el hostigamiento, hasta la detención y privación de libertad.
Ya desde diciembre pesa el régimen de casa por cárcel a los trabajadores, Roger González, Eugenio Montes, Luis Rivas y Miguel Álvarez de la empresa Alimex, por impulsar en dicha empresa en el estado Lara, la sindicalización de sus compañeros para defender y exigir un salario igual a la canasta básica.
Los petroleros Marcos Sabariego y Gil Mujica, fueron detenidos por la Guardia Nacional, por el simple hecho de participar en una asamblea masiva de trabajadores en la refinería de El Palito en el estado Carabobo; posteriormente fueron despedidos de Pdvsa y se les impuso casa por cárcel.
El secretario general de SintraFogade, William Prieto, fue objeto de persecución y acoso laboral, y arbitrariamente removido de su puesto de trabajo por la presidenta de Fogade, Arlen Piñate, hija del ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, por denunciar la pérdida del poder adquisitivo del salario, el deterioro en las condiciones de trabajo, entre otras cosas. De igual forma William Guzmán, delegado de Prevención, ha sido objeto del amedrentamientos por la presidenta de Fogade.
El jueves 30 de enero en la ciudad de Cumana, Ramón Gómez, Carlos Ochoa y Joel Morales, trabajadores de la gobernación y directivos del Suepples, sindicato docente de la localidad fueron detenidos y brutalmente golpeados por integrantes de colectivos, bajo órdenes del gobernador Edwin Rojas. Esto sucedió luego de una asamblea en una plaza pública, y cuando se disponían a entregar un documento en la gobernación exigiendo el pago de salarios, prestaciones sociales y la discusión del contrato colectivo.
Esta andanada represiva no es casual. El gobierno lo que persigue es amedrentar y acallar cualquier voz que se levante exigiendo derechos, y a todo aquel sector que intente movilizarse, con el objetivo de eliminar el más mínimo obstáculo para seguir aplicando su paquete de ajuste brutal, con el que intenta descargar la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador.
El paquete económico incluye salarios de hambre, eliminación de los contratos colectivos y las organizaciones sindicales, el memorándum 2792, que desde octubre del 2018 Eduardo Piñate ha hecho valer con el favor de la genuflexa Csbt. De hecho, el quiebre de la empresas básicas de Guayana, conto con el despiadado concurso de los hoy enriquecidos, José Gil, Alfredo Spooner, Héctor Maican, José Meléndez, entre otros. En el caso del sector petrolero, el paquetazo incluye la privatización progresiva de la industria, y la entrega a precio de gallina flaca a rusos, chinos y gringos.
El gobierno teme a la recuperación de las luchas. Por ello, llamamos a unir fuerzas y enfrentar contundentemente las agresiones de las que han sido objeto todos los compañeros. Debemos asumir que estas agresiones son contra todos nosotros, y como tal debemos responder. Hacemos un llamado a todas las organizaciones y dirigentes sindicales que se reivindican clasistas, a Provea y demás organizaciones de derechos humanos a repudiar enérgicamente tales pretensiones. Detengamos el hostigamiento y la represión con la movilización obrera y popular. Detengamos los planes de hambre del gobierno, exigiendo salarios igual a la canasta básica.