Chile: Continúan las movilizaciones populares en la Patagonia

Las intensas manifestaciones que se desarrollan en el sur chileno han puesto en jaque al Gobierno que preside el presidente Sebastián Piñera.

A las demandas del sector estudiantil, que continúan vigentes desde el año pasado, ahora se suma otro: la indignación ciudadana en Aysén.

El estallido de Punta Arenas, capital magallánica, lo desencadenó un convenio empresarial que derivó en el aumento de casi el 20 por ciento de las tarifas del gas doméstico.

Como detonante actuó en particular un acuerdo entre la Empresa Nacional del Petróleo y la distribuidora Gasco, defendido por el Ejecutivo como garantía para el desarrollo energético de la región y como opción salvadora ante un previsible quiebre de la estatal petrolera.

Desde hace tres semanas las organizaciones sociales llevan a cabo masivas manifestaciones con bloqueo de carreteras en la que demandan una solución a un conjunto de históricas reivindicaciones.

Los pobladores de esa gélida región han denominado a su movimiento “Aysén, mi problema es tú problema”, en la que demandan la atención a los sectores postergados, bajar los precios de los combustibles y de la canasta familiar, garantizar la equidad labora, calidad en la salud y que se apruebe la implementación en la región de una universidad pública de alta calidad y formación académica.

Asimismo, convocan a que se lleve a cabo un plebiscito para que se determine por voluntad popular la continuidad o suspensión de proyectos como el de Hidroaysén, los que consideran que destruirán el patrimonio natural de la Patagonia.

Consulta

Organizaciones sociales, sindicales y gremiales de la región de Magallanes y Antártica presentaron un petitorio al Gobierno chileno, en el que figura como punto clave el llamado a una Asamblea Constituyente.

“Exigimos una Asamblea Constituyente para generar una nueva Constitución que involucre los deseos y aspiraciones democráticas de la ciudadanía”, expresa el documento difundido por el Diario Aysén.

El texto, dirigido al presidente Sebastián Piñera, subraya que la actual Constitución, generada durante la dictadura de Augusto Pinochet, es la responsable de las abismales desigualdades sociales, políticas y económicas que existen en Chile.

La ciudadanía de Magallanes, perteneciente al igual que la movilizada región de Aysén a la Patagonia chilena, aboga también por descentralización y regionalización responsable, así como por la aprobación del plebiscito vinculante para dirimir los asuntos de la zona.

Los pobladores expresan su preocupación por la falta de políticas públicas.

La respuesta del Gobierno ha sido lenta y desacertada, sobre todo por su apego a los procedimientos policiales represivos.

De hecho, observadores de Derechos Humanos de la Red de Sitios de Memoria de Chile denunciaron excesiva violencia policial en el contexto de las protestas de la región de Aysén contra el alto costo de la vida.

Representantes de la Confederación de Estudiantes de Chile se sumaron de igual modo a las críticas contra la Policía.

Con datos de Internet y Agencias

Destinados a pagar deudas

Las familias más pobres de Chile destinan el 60 % de sus ingresos mensuales a pagar deudas, según una encuesta dada a conocer el miércoles por el Ministerio de Desarrollo Social, reseño la agencia Efe.

«Las familias de extrema pobreza están pagando 41.000 pesos (84,5 dólares) de deudas cada mes, teniendo un ingreso promedio de sólo 70.000 pesos (144 dólares). Por lo tanto, están destinando el 60 % de su dinero mensual a cancelar deudas», explicó el ministro de esa cartera, Joaquín Lavín.

Según un comunicado oficial, Lavín hizo estas declaraciones al dar a conocer una nueva política de educación financiera que busca reducir el endeudamiento de ese colectivo.

DENUNCIA
Represalias contra los estudiantes

Organizaciones sociales chilenas denunciaron el cierre de matrícula a decenas de estudiantes que retornaron la semana pasada a clases, en una especie de operación castigo por haber participado en las manifestaciones de 2011.

Desde el lunes 5 reabrieron sus puertas la mayoría de los colegios de Chile luego de concluir el período vacacional, e inmediatamente agrupaciones de padres y apoderados advirtieron de las primeras expulsiones de alumnos en liceos de la enseñanza media de esta capital.

En el liceo Amuntegui de la comuna de Santiago se les comunicó la expulsión a 30 alumnos; en tanto en el José Victorino Lastarria, de Providencia, se sancionó con igual medida a 15 educandos, cuyos familiares decidieron presentar un recurso jurídico contra las autoridades, reportó el sitio El Ciudadano.

La medida, considerada por el movimiento estudiantil como acto de persecución política, fue justificada por el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, exmiembro de la policía secreta de Augusto Pinochet (1973-1990).

«Lo que ha pasado es que los colegios y los Consejos de Profesores, toda la instancia educativa, les canceló la matrícula a un grupo de alumnos dentro de lo que es el funcionamiento y de convivencia de los colegios y nada más», afirmó a la televisión local.

De igual modo en las municipalidades santiaguinas ocurrieron despidos no solo de alumnos, sino también de maestros que apoyaron a los estudiantes en sus reclamos a favor de un sistema de educación pública y gratuita, denunció el Colegio de Profesores.

Las represalias contra manifestantes en Chile se han extendido a diferentes sectores de la administración pública.

En reciente edición, el periódico El Ciudadano reveló el caso de 28 funcionarios del Hospital Clínico de la Universidad de Chile que fueron despedidos por exigir mejoras laborales.

La antigüedad en la institución de gran parte de esos funcionarios rondaba los 11 y 15 años, y todos tenían buenas calificaciones de su labor, señaló la dirigente gremial Verónica Rojas, citada por el rotativo.

Dirigentes estudiantiles y políticos propusieron a fines de año la realización de un plebiscito nacional para solucionar la crisis educacional que vive el país.