Cicpc tortura y asesina a tres detenidos

La señora Carmen Rivero, hermana de Pedro Rivero, uno de los tres hombres que estaban en la División de Capturas de la policía científica y fueron asesinados el jueves pasado, denunció que «en el Cicpc aplicaron la pena de muerte a estos detenidos y ahora están limpiando las evidencias con el cambio de los funcionarios responsables a otras dependencias de este organismo».

La señora Carmen Rivero, hermana de Pedro Rivero, uno de los tres hombres que estaban en la División de Capturas de la policía científica y fueron asesinados el jueves pasado, denunció que «en el Cicpc aplicaron la pena de muerte a estos detenidos y ahora están limpiando las evidencias con el cambio de los funcionarios responsables a otras dependencias de este organismo».

Carmen Rivero manifestó que su hermano «era inocente y debió juzgársele en tribunales y no en un calabozo del Cicpc, donde fue sometido a torturas». La doliente dijo que el jefe de Capturas y los funcionarios que estaban de guardia deben estar detenidos y sin cargos, mientras se esclarece lo que verdaderamente ocurrió entre el miércoles en la noche la madrugada del jueves.

La denunciante informó que el director del Cicpc, comisario Wilmer Flores Trosel, la citó para dialogar en su oficina el sábado, después del entierro de su hermano, pero reveló que no sabe lo que le pueda ocurrir si acude a esta cita. Aseguró que consultó con el fiscal del caso y éste le recomendó que era mejor esperar para ver cómo se desenvuelven las investigaciones.

Los familiares de Pedro Rivero, William Pérez y Rubén Arnal, fallecidos el jueves, acordaron reunirse hoy para establecer las acciones que van a emprender ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, ya que creen que se trató de un triple crimen.

Los familiares dijeron que no entienden cómo el Cicpc obtuvo los resultados de las autopsias antes de las 9 am del jueves, si a esa hora todavía estaban los cuerpos en Capturas.

Admán El Asmar, padrastro de Pedro Rivero, manifestó que está indignado con los funcionarios de la medicatura forense, ya que «se prestaron para que el Cicpc diera un resultado que nadie cree». Pidió justicia por esta muerte.

Asesinatos brutales a cargo de los cuerpos represivos

Dos presos fallecieron en la División de Capturas del Cicpc por «edema cerebral», en circunstancias que son investigadas. Otro falleció en horas de la noche por fractura de cráneo.

Los hechos ocurrieron en un recinto pequeño, que no tiene capacidad para albergar al número de personas que allí conviven. Extraoficialmente se conoció que 315 presos están en dos celdas de 7×7 y en una de 15 x 5. Más de 40 familiares de los presos fueron el viernes a la avenida El Retiro de El Rosal, para que les informaran sobre el estado de salud de los detenidos y el nombre de los fallecidos, pues el acceso a Capturas fue restringido. «Queremos saber si están vivos o muertos. Allí están hacinados. No pueden respirar», dijo Solymar Huerta.

A las 10 am llegó la familia del fallecido William Pérez (27), detenido el miércoles a las 10 pm junto a tres hombres en La Quebradita I. Dijeron que es mensajero y que el Cicpc lo apresó en un operativo cuando llegaba a su casa, alegando que se trataba de un caso del 2004.

«Lo trajeron para investigarlo. Era muy sano. Me quiero morir», sollozaba una pariente. Después llegó la mamá de un joven capturado junto a Pérez, quien sufrió un accidente hace ocho días.

Al mediodía se acercó un sobrino de Pedro Rivero (32), quien también murió. Fue detenido el domingo en La Vega, acusado de cómplice de violación. Estaba recluido en la celda 1. Era supervisor de construcción. La mayoría de los que permanecían en Capturas fueron llevados ayer a penales.

Cicpc intentó encubrir los asesinatos

El comisario Alvis Pinto, subdirector del Cicpc, informó que la causa de muerte, según la autopsia, fue «edema cerebral a determinar, se presume que consumieron una sustancia tóxica antes de ingresar. Se realizarán exámenes toxicológicos».

Aclaró que estaban detenidos por droga, por lo que cree que sufrieron síndrome de abstinencia, que les provocó una crisis y convulsionaron.

Dijo que investigaban la causa de la fractura de cráneo que sufrió el detenido Rubén Arnal.

Órdenes de captura

El Ministerio Público dictó orden de captura a cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) involucrados en la muerte de tres ciudadanos privados de libertad en los calabozos de este organismo en El Rosal.

Así lo informó este miércoles la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, en rueda de prensa ofrecida en la sede el Ministerio Público.

Para el esclarecimiento se asignaron dos fiscales para la investigación y se han recabado datos de los informes médicos del Hospital del Llanito y de Salud Chacao, así como de las entrevistas a familiares y ocho detenidos que se encontraban en el centro de reclusión.

Mafias policiales

Un testigo del crimen refirió a la prensa que en el Cicpc le estaban cobrando Bs 5 mil por dejarlo en libertad. Mientras que a los familiares les cobran Bs 300 mil por dejarles ver a sus parientes y llevarles comida. A razón de Bs 70 la hora cobran en el Cicpc-El Rosal por una colchoneta para dormir, según este testigo. Y si pagas Bs 5 mil a la semana, tienes derecho a ducharte, recibir a un familiar, comer y estar fuera de las celdas, narró el testigo a quien recluyeron en el sitio llamado “El Fogón”: donde meten a los nuevos y a quienes no tienen para pagar el uso del baño, ni por un traguito de agua.

Red de Apoyo repudió los asesinatos

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz envió un comunicado rechazando los sucesos que acabaron con la vida de Willian Pérez, Pedro Rivero y Rubén Arnal, ocurridos el pasado 25 de mayo en la División de Captura del Cicpc-El Rosal. Por ello solicitan con carácter de urgencia al Ministerio para las Relaciones Interiores que inicie un proceso de reforma del Cicpc, “toda vez que dicho órgano ha permanecido al margen del proceso profundo de transformación del modelo de seguridad ciudadana que se adelanta en Venezuela, lo cual obstaculiza la garantía efectiva de los derechos humanos de la población”.

A la directiva del Cicpc, exigen iniciar las averiguaciones correspondientes a todos los funcionarios involucrados y suspenderlos de sus funciones mientras dure la investigación y, de comprobarse responsabilidades en la comisión de hechos punibles, proceder a su destitución. La ONG recordó que entre el 2009 y abril de 2011, 43% de los casos que atendieron fueron por violación del derecho a la integridad personal, y en el 29% de ellos, como responsables a funcionarios del CICPC.

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