CIDH condena al Estado venezolano por exterminio de la familia Barrios en el estado Aragua

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) halló al estado venezolano responsable por los asesinatos de siete miembros de una familia, tres de ellos perpetrados por agentes policiales, cuyos responsables continúan sin identificar ni sancionar desde el primer homicidio en 1998.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que participó en el litigio en representación de las víctimas, informó el jueves en un comunicado que la Corte ordenó al Estado el esclarecimiento de los hechos, identificar a los responsables y sancionarlos, examinar las irregularidades procesales e investigativas y sancionar a los responsables.

La sentencia, que la CorteIDH emitió el 24 de noviembre pero comunicó a las partes el 19 de diciembre, ordena también a Venezuela brindar atención médica y psicológica a las víctimas, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad e implementar un curso de formación para policías en el estado central de Aragua, donde ocurrieron los asesinatos.

Un vocero de prensa de la Cancillería venezolana dijo a la AP en Caracas, en una conversación telefónica, que el gobierno no tiene de momento reacción sobre la decisión de la CorteIDH.
La CorteIDH señaló en su sentencia que cuatro hijos y tres nietos de Justina Barrios, incluyendo un menor de edad, fueron privados de la vida por disparos de arma de fuego en eventos ocurridos entre 1998 y 2011.
Benito, Narciso y Rigoberto fueron asesinados por agentes de la policía de Aragua en 1998, 2003 y 2005.

Las víctimas son Luis Alberto, Oscar, Wilmer y Juan José Barrios. De acuerdo con la sentencia, el Estado venezolano «conocía la situación de riesgo en la cual se encontraban los diversos integrantes de la familia quienes eran beneficiarios de medidas cautelares o provisionales y que, además, denunciaron las amenazas y demás hechos internamente».

Además de CEJIL, la familia Barrios fue representada en el juicio por el Comité de Familiares de las víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (Comisión de Justicia y Paz de Aragua).

El tribunal llevó a cabo un detallado análisis de los hostigamientos que sufrió la familia Barrios en esta última década, evidenciando así cuatro allanamientos ilegales en su residencia, el desplazamiento que debieron enfrentar en búsqueda de mayor seguridad y los daños que estos hechos ocasionaron a los miembros de la familia Barrios.