Publicado el: lun, Dic 10th, 2018

Colombia. Iván Duque: “Perro que ladra, no muerde”

Por Rubén Osorio

En la noche del pasado 18 de junio cuando se conocieron los resultados de la segunda ronda electoral para la elección del Presidente de Colombia en la que salió triunfante el candidato de la ultra-derecha Iván Duque; la frustración, los temores y el sentimiento de derrota se apoderó de muchos colombianos que habían depositado su voto a favor de la candidatura opositora de Gustavo Petro, quien encabezaba una coalición de centro-izquierda.

No era para menos. Saber que detrás de la figura decorativa de Iván Duque como nuevo presidente estaría la sombra del ex presidente Álvaro Uribe, generaba pánico entre la población que recordaba que este siniestro personaje durante sus dos periodos presidenciales entre 2002 y 2010 se distinguió como inspirador y protector de las bandas paramilitares; asesino de líderes obreros, populares, campesinos y estudiantiles; promotor de reformas laborales, pensionales y del sistema nacional salud que liquidaron de cuajo conquistas históricas alcanzadas por los trabajadores colombianos; así como agente de la venta de las pocas empresas del Estado que aún quedaban en pie, a precio de gallina flaca a las multinacionales y la expedición de licencias sin ningún tipo de control a estas corporaciones internacionales para asegurarles el saqueo mediante la extracción intensiva de los recursos mineros de la nación.

Además buena parte de la población temía que con el nuevo presidente corrieran peligro los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la histórica guerrilla de las Farc; y avizoraba que con la reforma al sistema judicial anunciada por Iván Duque, que apuntaba a crear una súper-corte que unificara los seis tribunales judiciales existentes en el país (Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Jurisdicción Especial para la Paz y Consejo Nacional Electoral), se violentara el Estado de derecho para garantizar la impunidad a Álvaro Uribe y cientos de congresistas, gobernadores, alcaldes y concejales integrantes del partido de gobierno Centro Democrático (CD), quienes se encuentran acusados, condenados o incursos en investigaciones por narco-paramilitarismo, corrupción, violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Dicho temores se agudizaron a partir del 7 de agosto, al escuchar que en su discurso de posesión, el flamante Presidente además de ratificar sus intensiones le agregaba nuevas preocupaciones a la población al anunciar la aprobación de una Ley de Financiamiento, con la cual intentaba recaudar una gruesa suma de dinero a costa de recortar del presupuesto nacional recursos para el sector de la salud, la educación, las pensiones, mediante la implementación de una agresiva política fiscal para pechar todos los productos de la canasta alimentaria con el regresivo impuesto del IVA del 16%, aumentar la base impositiva incorporando a trabajadores que devengaran más de 2,5 salarios mínimos y pensionados que obtuvieran mesadas de más de cinco salarios mínimos, así como la aplicación de una retención adicional del 16% de sus ingresos a trabajadores y empleados independientes.

¿Fortaleza o debilidad del nuevo gobierno?

Definitivamente el ambiente era poco alentador para la mayoría de la población. Pero más allá de la agresiva campaña electoral del binomio Duque-Uribe que hicieron de la crisis en la hermana república de Venezuela y del pasado guerrillero de Gustavo Petro sus caballitos de batalla para obtener el triunfo en la segunda vuelta, lo cierto es que en el trasfondo estaban muy preocupados de tener que asumir el gobierno con una sólida oposición de casi el 50% de la población que ya no les vitoreaba como a principios de siglo, sino que les repudiaba y les confrontaba a cada paso.

Duque y Uribe sabían que los 8 millones de votos obtenidos por Petro, que pudieron ser muchos mas si otros candidatos que se reclamaban de centro y de izquierda le hubiesen apoyado, marcaban un antes y un después en la historia reciente de la política colombiana y se convertirían en un difícil escollo para la implementación de sus planes de gobierno.

Y así fue. Las amenazas y los discursos agresivos de las figuras representativas del Centro Democrático, fueron dando paso a una realidad totalmente distinta que en menos de cuatro meses ha llegado a un grado tal de deterioro, en el que muchos se preguntan si efectivamente Iván Duque es el Presidente de Colombia. 120 días de gobierno han sido suficientes para que el idilio de los votantes, particularmente los provenientes de la frondosa clase media colombiana a favor de Duque, quede por el suelo. Las encuestas señalan que el nivel de desaprobación superan el 68%, con el riesgo de agravarse.

Y no solo eso. Dado el creciente malestar de la población y las luchas que se multiplican en todo el territorio nacional se ha producido una situación de descontrol en el nuevo gobierno, que intenta hacer malabares y acuerdos por arriba, para sofocar la crisis. La situación se ha hecho tan difícil que Duque-Uribe han tenido que renunciar o mediatizar uno a uno sus proyectos a tal punto de verse obligados a realizar concesiones a sus aliados del Partido Liberal, Partido Conservador y Cambio Radical, e incluso tenderle puentes de negociación a los factores de la oposición que encabeza Gustavo Petro, quien desgraciadamente ha mostrado su interés por lograr acuerdos.

Los traspiés del gobierno

El descontrol del gobierno se ha traducido en la renuncia a comprar material bélico ante la exigencia de los estudiantes que reclamaron mayor presupuesto antes que armarse para una hipotética guerra contra Venezuela. Posteriormente cayó su intención de gravar todos los productos de la canasta alimentaria con el IVA. A renglón seguido hubo de modificar la política de ampliar la base impositiva y los porcentajes de los impuestos, exonerando de impuestos a trabajadores de 2,5 salarios, empleados independientes y pensionados, lo que terminó por trastocar su proyecto estrella de Ley de Financiamiento.

Luego de muchas negativas tuvo que ceder ante la presión de los estudiantes que le arrancaron medio billón de pesos (150 mil dólares) para oxigenar el presupuesto de la educación pública superior en lo que resta de 2018.

Su proyecto de modificar los acuerdos del gobierno anterior con la guerrilla, en lo relacionado con la Justicia Especial de Paz con lo que pretendía salvar de juicio y castigo a la cúpula y militares comprometidos con las masacres, crimenes de lesa humanidad y violación en general de derechos humanos, también terminó hundiéndose.

La misma suerte corrió al menos por este año legislativo el proyecto de reforma al sistema judicial, en lo que sin duda se constituye en el golpe más importante recibido por el gobierno, ya que no puede cumplir su compromiso de garantizar la impunidad a cientos de sus dirigentes condenados o procesados por narco-política, narcotráfico, corrupción, etc.

Queda en evidencia que por más que Duque y Uribe enseñen los dientes y ladren agresivamente no están en las mejores condiciones para morder y seguir atentando contra la población y sus derechos. Mucho menos ahora que han estallado nuevas denuncias de la complicidad del Fiscal y del poderoso Grupo Aval -quizás el más poderosos conglomerado económico del país liderado por el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo-, en los actos de corrupción por licitaciones y ejecución de proyectos de infraestructura en Colombia por parte de la constructora brasilera Odebrecht. Crisis que aún no se resuelve a pesar del efímero triunfo del gobierno de imponer un Fiscal Ad-hoc que le garantice la impunidad a este poderoso grupo económico que es el más importante soporte político del gobierno de Duque-Uribe.

Obviamente, esta realidad no da para afirmar que el gobierno ha sido derrotado, ni desconocer que tiene capacidad y posibilidad de recomponerse, por los apoyos y colaboración que los partidos políticos tradicionales, incluyendo los de la oposición terminan negociando en el Congreso.

Colombia vive un proceso estructural de cambio

Es preciso reconocer que en Colombia se viene desarrollando un proceso estructural que desde hace varios años ha venido cuestionando las bases mismas del sistema político y económico del país.

Al menos desde una década atrás la población asumió la tarea de salir de la oscura noche de más de 60 años de confrontación armada entre el Estado y aparatos guerrilleros desligados del movimiento de masas que terminaron distorsionando la lucha de clases y cuyo enfrentamiento sirvió de justificación a los distintos gobiernos de la oligarquía y del imperialismo para adelantar sus tropelías en contra de la población.

Una vez pactado el acuerdo de paz, el gobierno de Santos y ahora el de Duque quedaron sin mayores posibilidades de descalificar las luchas acusándolas de estar infiltradas por la guerrilla. Gracias a esta razón las movilizaciones que se han venido desarrollando en los dos últimos años, y especialmente en lo que va corrido del gobierno de Duque, han ganado en masividad y confianza. La población siente que tiene menores riesgos para movilizarse a pesar de saber el carácter represivo de los gobiernos, que siempre infiltran las marchas con provocadores para justificar sus acciones represivas.

Es esta nueva realidad la que explica que la población haya adquirido una mayor madurez política y un grado superior de conciencia que los empuja a no aceptar pasivamente como en el pasado los planes del gobierno, los actos de corrupción, ni las distintas justificaciones que éstos utilizaban para agredir a la población en nombre del combate a la guerrilla. Se ha abierto una nueva etapa en la vida política del país, en la que la población asume el desafío e enfrentar sus problemas y resolverlos, sin tener que confiar o apelar a salvadores heroicos que les reemplacen en su papel histórico.

El movimiento estudiantil marca el camino

Precisamente es en el movimiento estudiantil universitario, en donde el proceso de liberación política se ha hecho mas agudo. Fue allí donde las organizaciones guerrilleras tuvieron mayor influencia y donde mas jugaron un papel contraproducente al no permitir la independencia política, la autonomía y la auto-organización de las bases estudiantiles.

En sólo 120 días de gobierno, los estudiantes han desarrollado ocho grandes movilizaciones en las principales de ciudades del país que han contando con la solidaridad de la población que reconoce como justo el reclamo de exigir un presupuesto adecuado para la educación pública universitaria. A la fecha se completan 58 días de paro nacional en 25 de las 32 universidades públicas nacionales, con un saldo positivo de haber logrado hasta ahora un incremento de 2,5 billones de pesos (800 mil dólares) para el presupuesto del año entrante.

Está lejos de alcanzarse el reclamo de los estudiantes que exigen un compromiso del gobierno de solventar en los próximo cinco años el déficit financiero histórico de 16 billones de pesos (5.200 millones de dólares) de las universidades públicas, pero lo importante es que la comunidad universitaria ha visto que es posible doblarle el brazo al gobierno, lo cual asegura que durante estos cuatros años de gobierno se vivirá un pulso permanente de lucha.

El otro aspecto a resaltar es que detrás del movimiento estudiantil se han encolumnado las centrales sindicales del país, que han entendido que este gobierno pretende liquidar lo que queda de conquistas contractuales y eliminar su capacidad de lucha y negociación. Los docentes organizados en la poderosa Federación Colombiana de Educadores (Fecode) han sido los primeros en dar un paso al frente reclamando al gobierno cumplimiento a los acuerdos firmados con administraciones pasadas, y tras de ellos se vislumbra un aluvión de reclamos de trabajadores de la justicia, de la administración pública y de las empresas privadas.

Por ahora se ha convocado a una movilización atípica para el 13 de diciembre y en enero las centrales sindicales han anunciado la realización de un Plenario Nacional para fijar la hora cero de un Paro Nacional para enfrentar las amenazas del gobierno.

La mesa está servida para el próximo año. El movimiento estudiantil y los trabajadores tendrán la palabra y seguramente tendrán mucho por decir. Del mismo modo la situación pondrá contra la pared a la oposición política capitaneada entre otros por Gustavo Petro, que en las primeras de cambio ha mostrado la hilacha de querer pactar un acuerdo con el Uribismo para modificar la Jurisdicción Especial de Paz, además de verse comprometido con actos ilícitos de recepción de dineros por parte de prestantes empresarios.

Hay que ser optimistas. Del mismo modo que buena parte de la población se ha logrado liberar de la dependencia política durante décadas de las organizaciones guerrilleras, también lo hagan de estas inconsecuentes direcciones opositoras parlamentaristas y en ese trayecto puedan resolver la crisis de dirección construyendo nuevas, fuertes y democráticas organizaciones gremiales y una sólida y convincente organización política que aglutine a los luchadores y activistas, provista de un programa político y una plataforma de lucha que genere confianza y movilice a la población para que resuelva de raíz los graves problemas que le aquejan.

 

Frase del vocero estudiantil Enrique Jaramillo del grupo de “Caminantes por la Educación” de la Universidad de Caldas en el debate en el Congreso de la República, confrontando a Álvaro Uribe:

“Los estudiantes no somos ni vándalos, ni terroristas. Terrorista el Estado que excluye al 48 por ciento de los jóvenes que se gradúan de secundaria sin la posibilidad de entrar a una universidad en el país. Terrorista el Estado que compra misiles y no aumenta el presupuesto de cultura y deporte. Terroristas los políticos, algunos aquí presentes, que se roban 50 billones de pesos al año. Terrorista cualquier ser humano que es capaz de incumplir un acuerdo de paz. Terroristas los paramilitares que nos persiguen, amenazan y asesinan. Nosotros, como caminantes por la educación, marchamos desde el macizo colombiano en paz, nunca tiramos una piedra”, dijo, en la idea con la concluyó su intervención.”

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