Comunidades indígenas revisan acuerdos de Urimán
17 de febrero.- Al sur del estado Bolívar, a orillas del río Caroní, las comunidades indígenas evalúan con recelo los últimos acuerdos firmados con el Gobierno luego de la retención de 43 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el 7 de febrero en Urimán.
Los puntos pactados con el viceministro de minas, Pavel Rodríguez; la ministra de los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez; y el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, Wilmer Barrientos, suponen una desmilitarización de la zona y la nulidad del decreto minero (8413) en las tierras indígenas, entre otros 13 acuerdos.
17 de febrero.- Al sur del estado Bolívar, a orillas del río Caroní, las comunidades indígenas evalúan con recelo los últimos acuerdos firmados con el Gobierno luego de la retención de 43 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el 7 de febrero en Urimán.
Los puntos pactados con el viceministro de minas, Pavel Rodríguez; la ministra de los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez; y el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, Wilmer Barrientos, suponen una desmilitarización de la zona y la nulidad del decreto minero (8413) en las tierras indígenas, entre otros 13 acuerdos.
Más de una semana después, y con cabeza fría, el pacto no parece tan favorable para los moradores ancestrales del sureste y oeste del estado que, esencialmente, es poseedor de un gran potencial turístico y rico en yacimientos minerales.
Por esa razón las reuniones con el Gobierno han sido suspendidas por los propios capitanes y en estos días se asesoran para establecer un verdadero precedente, informó el capitán de la comunidad de Canaima, Josval Simón.
Saben por experiencia que el Ejecutivo no ha cumplido los acuerdos previos y que, por el contrario, debido a las últimas protestas, tres dirigentes pemones tienen un expediente en la Fiscalía Militar.
Los indígenas sostienen que no permitirán un nuevo atropello de la fuerza militar y que defenderán el derecho de ejercer la minería artesanal, actividad que en Gran Sabana y La Paragua los ha mantenido, según el ex capitán de Musuk Pa, Alexis Romero, desde hace más de 50 años.
Algunos de los puntos que eran de aplicación inmediata, como la normalización del suministro de combustible a las operadoras turísticas a un precio real, han sido incumplidos. El miércoles, día en que se surten de gasoil en La Paragua, les suministraron por operadora sólo 6.000 litros, 30% del cupo correspondiente. Romero informó que en los últimos días se han dedicado a tratar de crear una estructura que agrupe a los seis sectores del municipio Gran Sabana y el suroeste del estado, pues les es indispensable fortalecerse.
Las inconsistencias del documento que, según el ex capitán fue firmado bajo presión, son analizadas a fondo, puesto que ha surgido un problema en la propia comunidad entre los mineros venezolanos, que desde hace tres años reclaman la nulidad del decreto. “Parece que lo hicieron a propósito”.
¿Mafias del oro? Romero reconoce que no han sido constantes en la ejecución de algunas medidas. Hace dos años, cuando 19 comunidades del Alto Paragua (al suroeste del estado Bolívar) desarmaron y retuvieron a 19 soldados en rechazo a la corrupción militar y a las vejaciones en contra del pueblo, se iniciaron procesos legales en el Tribunal Supremo de Justicia que quedaron inconclusos.
“No se les siguió y se perdió contacto con los abogados que teníamos en Caracas”, contó el dirigente. De modo que el recurso de nulidad del decreto 8413, que reserva la explotación del oro al Estado y el recurso de amparo, quedó desasistido.
Son esos errores los que pretenden evitar ahora, más aún cuando voceros del Gobierno han acusado a indígenas de participar en las “mafias del oro” para justificar el dispositivo militar llamado Plan Caura.
Esa siempre ha sido la excusa
“En 1998, cuando comenzamos a rechazar el tendido eléctrico con Brasil, nos dijeron comunistas, zapatistas, guerrilleros, ahora que nos levantamos ante este supuesto gobierno revolucionario nos dicen pitiyanquis, mafiosos, capitalistas. Siempre ha sido ese el argumento para disminuir la lucha de nuestro pueblo”, comentó.
Fuera los militares
De los tres sectores donde se desarrolla la minería, en el Alto Caura el panorama es distinto. La Fundación Indígena Medewadi y la Organización Indígena Kuyujani denunciaron esta semana que el Gobierno no ha cumplido con el retiro del Plan Caura.
El 13 de enero, 49 comunidades del pueblo Yekuana y Sanema del río Caura, en el municipio Sucre y Cedeño del estado Bolívar, así como de Kuyujani (organización de base comunitaria indígena del poder popular ancestral) entregaron una comunicación al Ministerio de los Pueblos Indígenas en la que piden elaborar un decreto para prohibir la actividad minera en la cuenca del río Caura y se desalojen a todos los mineros.
En el documento, elaborado en la XVII Asamblea General Ordinaria de la Organización Kuyujani, se considera un fracaso el Plan Caura y se reitera la denuncia sobre la presencia de militares que ejercen y apoyan la minería ilegal.
El director de la Fundación Indígena Medewadi, Ramón Tomedes, señaló que la comunicación no ha sido respondida al cumplirse un mes de su entrega y, entre tanto, la cuenca de Caroní continúa deteriorándose.
El dirigente contó que la participación de la fuerza militar fue solicitada por la propia comunidad por la presencia de mineros extranjeros en las tierras prístinas en 2006. Sin embargo, lo que parecía un remedio se convirtió en la enfermedad. “En vez de controlar la minería y salvar el planeta, vinieron a hacer un negocio y genocidio de la cultura indígena”, señaló.