La crisis la deben pagar el gobierno, empresarios y transnacionales, no el pueblo trabajador

Por Partido Socialismo y Libertad (PSL)

A 34 años del Caracazo siguen vigentes la causas sociales que lo motivaron. Las expectativas que existieron en el chavismo se hundieron en medio del hambre, la destrucción de los servicios públicos y los salarios miserables. Lo cierto es que sigue el capitalismo con sus males, más allá de que se trate de gobiernos adecos y copeyanos en el puntofijismo, o los del falso socialismo chavista.

Hoy las y los docentes marcan el camino de lucha para todas y todos los trabajadores del país. Nos une la pelea por un salario igual a la canasta básica indexado mensualmente, porque en una economía inflacionaria hay que ajustar los salarios de acuerdo al incremento de los precios.

El ajuste capitalista de Maduro

El gobierno de Maduro aplica un brutal paquete de ajuste capitalista que descarga las consecuencias de la crisis sobre los hombros del pueblo pobre, las trabajadoras y trabajadores, sometiéndonos a salarios de hambre (hace un año del último aumento del salario, el único en 22 meses), con los servicios públicos destruidos como consecuencia de la reducción del gasto social, especialmente infraestructura, educación y salud, todo con el aval de la burocracia sindical de la Cbst, de ASI, la CTV, la CGT, el Foro Cívico, y la complacencia de Fedecámaras.

A través de la aprobación en el año 2018 del memorando 2792, como parte del ajuste que en ese momento denominaron “Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica”, el gobierno de Maduro le ha permitido a las empresas estatales y privadas obtener un gran ahorro, las cuales pagan el salario mínimo oficial, y bonos mensuales calculados en dólares, pagados en bolívares al tipo de cambio oficial, pero sin incidencia en las vacaciones, utilidades y prestaciones sociales.

El pago discrecional, informal y arbitrario de bonos calculados en dólares ha permitido una mayor precariedad laboral, una intensificación de la explotación y un incremento del control sobre la fuerza de trabajo, e incluso una violación de los derechos democráticos de la clase trabajadora venezolana, con la creación en las empresas estatales y privadas de regímenes de evaluación laboral, que incluyen criterios como productividad, asistencia, confidencialidad y obediencia.

Todo esto se complementó desde el año pasado con la aprobación del instructivo de la Onapre, a través del cual se eliminaron y redujeron sensiblemente, primas, bonos y otros beneficios establecidos en los contratos colectivos, reduciendo aún más el salario de las trabajadoras y trabajadores del sector público. El objetivo del gobierno es reducir la inflación a costa de restringir drásticamente el consumo del pueblo trabajador.

El doble discurso del gobierno

Cuando decimos que el gobierno descarga la crisis sobre el pueblo, nos estamos refiriendo a cosas concretas. Niños en una escuela en Güigüe, estado Carabobo, recibiendo clases sentados en el suelo, porque no tienen pupitres. Hospitales como el universitario de Caracas, con salas donde podrían estar hospitalizadas 20 a 30 personas, vacías porque las camas no tienen colchones y los baños están destruidos y sin agua. Comunidades en todo el país donde no llega el gas, pasan semanas sin agua, no recogen la basura o se dañan los electrodomésticos con los apagones.

Mientras el pueblo trabajador sufre las consecuencias de la crisis creada por el gobierno y los empresarios, y paga las consecuencias del ajuste capitalista gubernamental, la empresa privada se beneficia de la apertura del mercado interno, del aumento desproporcionado de las tarifas de los servicios públicos, del memorando 2792 que acabó con las convenciones colectivas y facilitó la bonificación salarial, de la dolarización de la economía, de beneficios arancelarios y la eliminación del pago de IVA a las importaciones; así como de leyes entreguistas como la Antibloqueo y la de zonas económicas especiales, que persiguen la atracción de inversiones extranjeras.

El gobierno se niega a aumentar los salarios y pensiones con el argumento de las sanciones aplicadas por el imperialismo norteamericano y europeo, las cuales repudiamos y exigimos que sean derogadas. No obstante, en el año 2018, cuando ya se estaban aplicando las sanciones financieras contra el país, Maduro se ufanaba, y lo presentaba como un gran logro, el haber pagado entre 2013 y 2017 cerca de 72 mil millones de dólares de deuda externa, es decir, al mismo sistema financiero internacional que aplicaba las sanciones.

El doble discurso del gobierno queda al descubierto cuando vemos como sus funcionarios se exhiben en lujosas y blindadas camionetas, y destina millones de dólares para promocionar la serie del Caribe en el país, e inaugura un ostentoso estadio de beisbol en Caracas. Además de gastar ingentes recursos en contratar artistas internacionales, así como en propaganda divulgando la falsa idea de que “Venezuela se arregló”.

La propuesta de ASI

En el contexto del llamado “diálogo social tripartito”, auspiciado por la OIT, la central Alianza Sindical Independiente (ASI) ha propuesto un “ingreso de emergencia” como complemento del salario mínimo de 50 dólares mensuales, durante un año para trabajadores activos, jubilados y pensionados. Ya han salido algunos “expertos” y economistas proempresariales a unirse al coro de los $ 50. Diciendo que no es viable igualar el salario a la canasta básica, argumentando que no hay producción o que sería inflacionario.

Con esta propuesta ASI profundiza la tendencia auspiciada por el gobierno de bonificar el salario, particularmente en el sector privado, gracias a la aprobación del memorando 2792, con el cual se acabó con la negociación colectiva, con el salario, y el derecho a huelga.

ASI propone que los recursos para cubrir este ingreso de emergencia, salgan de los impuestos que ya las trabajadoras y trabajadores pagamos, así como de recursos e ingresos del Estado venezolano.

Se limitan a la fórmula ya propuesta por Fedecámaras de pagar 50 dólares. Y no dicen ni una palabra sobre los empresarios que explotan a las trabajadoras y trabajadores, y se benefician de los privilegios que les otorga el gobierno. Es decir que una central sindical, en lugar de llamar a los trabajadores y trabajadoras a luchar y movilizarse por lo que ya está establecido en la misma constitución, es decir, un salario igual a la canasta básica, lo que hace es sacarle las patas del barro al gobierno y a los empresarios, dejando al descubierto el verdadero carácter proempresarial de estos supuestos representantes de los trabajadores.

La crisis la deben pagar los que más tienen

Nosotros a través de nuestra corriente sindical C-cura y sus principales dirigentes obreros, Orlando Chirino y José Bodas, hemos venido diciendo que hay que invertir la ecuación. No debemos ser los trabajadores, las trabajadores y el pueblo el que pague las consecuencias de la crisis. Los que deben pagar la crisis son los que más tienen.

Aquí todo está dolarizado, menos los sueldos y pensiones. Cualquier trámite está calculado en dólares, la comida está por las nubes, mientras tanto el salario mínimo hoy es menos de $ 6 ¡Quién puede vivir con esa miseria!

Pero la tragedia social que hoy vivimos no se limita al salario de las trabajadoras y trabajadores. La crisis y el paquetazo de ajuste lo padece todo el pueblo en las comunidades urbanas y rurales, la juventud, las mujeres, y nuestros niños. La educación, la salud y los servicios están por el suelo, además de que aumentan constantemente, y el transporte es pésimo.

La lucha por un salario igual a la canasta básica, está ligada estrechamente a la pelea por imponer un Plan Obrero y Popular de emergencia, alternativo al paquetazo que aplica el gobierno. Un plan global que le de respuesta a todos los graves problemas que sufrimos. Que se financie con recursos que salgan de los bolsillos de los que más tienen: empresarios, banqueros y transnacionales.

Las medidas que proponemos para ese plan serían:

Salarios

Salarios y pensiones iguales a la canasta básica indexados mensualmente ¡Que los bonos sean salario! Eliminación del IVA y del IGTF ¡No a la ley de emergencia salarial! ¡No al aumento de las tarifas de los servicios públicos, ni de los peajes, ni el cobro en dólares del servicio de recolección de desechos sólidos de Fospuca! Exigimos la derogación del memorando 2792 y del instructivo de la Onapre.

Empleo

Plan nacional de infraestructura y obras públicas que de empleo genuino.

Fondo Social y Económico de emergencia ¿De dónde saldrían los recursos para el plan?

A diferencia de ASI que le aligera las cargas a los empresarios, y solo proponen un bono de $ 50 por un año, nosotros proponemos un impuesto progresivo a las grandes empresas, banqueros y transnacionales. ¡Que los empresarios y nuevos ricos del gobierno paguen la crisis!

No al pago de la deuda externa. Suspensión del gasto militar y policial. Confiscación de bienes de corruptos.

Repatriación del dinero confiscado en el sistema financiero internacional. ¡Que cesen las sanciones imperialistas!

Petróleo 100% estatal sin transnacionales ni empresas mixtas.

Libertades democráticas

Basta de criminalización de la protesta. Protestar no es un delito es un derecho. Libertad para las trabajadoras y trabajadores presos. Condenamos la restricción a las libertades democráticas y a los derechos políticos. Respeto a la autonomía y libertad sindical. Por el derecho a huelga.

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