De El Rodeo a Uribana: Reos y sus males a otras cárceles
¿Muerto el perro se acabó la rabia? El cierre del penal y el traslado de los presos a otras cárceles luego de un cruento motín ha sido la medida que las autoridades gubernamentales han aplicado desde los sucesos en El Rodeo, en Guatire (junio y julio de 2011). Lo repitieron en La Planta, Caracas (abril y mayo de 2012), y acaba de ocurrir en el estado Lara, en el penal de Uribana (enero de 2013).
¿Muerto el perro se acabó la rabia? El cierre del penal y el traslado de los presos a otras cárceles luego de un cruento motín ha sido la medida que las autoridades gubernamentales han aplicado desde los sucesos en El Rodeo, en Guatire (junio y julio de 2011). Lo repitieron en La Planta, Caracas (abril y mayo de 2012), y acaba de ocurrir en el estado Lara, en el penal de Uribana (enero de 2013).
Por este último caso ya hay una promesa: la clausura será temporal, dijo la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, en una rueda de prensa el pasado domingo. El penal lo transformarán en un internado para procesados, con una estructura parecida a la de la cárcel de mujeres de Los Teques.
Las tres últimas crisis carcelarias tienen en común una fórmula: reyerta + intervención de la Guardia Nacional (GN) + muertos + negociación = desalojo con traslados a otros centros.
En la cárcel de Coro ocurrió algo similar en octubre de 2012, pero la decisión de clausura estaba tomada desde diciembre de 2011. Los traslados se hicieron por goteo, hasta que ocurrió un tiroteo que no dejó muertos pero le bajó la santamaría al penal.
Al revisar los tres casos de clausuras, se pueden observar similitudes y diferencias.
Las razones por las que se prendieron las «mechas» fueron distintas. El primero lo originó un motín por una deuda de remate de caballos, aunado a un visitante que asesinó a un «lucero»; el segundo conflicto lo detonó el asesinato de un preso a su mujer, y el más reciente, la requisa que iniciarían funcionarios de la Guardia Nacional (GN), previo acuerdo con los reclusos, quienes pidieron «requisa sin traslado». El pacto lo incumplió la GN, dicen los familiares de los reos.
En todos los penales cerrados había hacinamiento, «caleta» de armas, drogas, y un código de conducta y violencia que ellos llaman «rutina».
Los reclusos quemaron sus pertenencias y algunas zonas de los recintos antes del desalojo; los tres casos ocurrieron en días cercanos al fin de semana, con tiroteos recurrentes, aunque en Uribana hubo más enfrentamientos por arma blanca, confirmado por fotos impublicables.
Cuando se negociaron los traslados, la cárcel de Yare llevó la delantera. Por ejemplo, al finalizar la crisis en el Rodeo II -reinaugurado en diciembre del año pasado-, fueron transportados 800 reclusos a ese penal ubicado en los Valles del Tuy, que fue construido para 750 personas y en el que hoy hay más de 3.000. A los reos de Uribana los distribuyeron entre Tocuyito, PGV, Región Andina, Coro, Trujillo, Sabaneta, Tocorón, Yaracuy y Rodeo I.
Entre los tres penales que provocaron el desalojo se trasladaron 7.184 presos, según fuente oficial.
Correr la arruga
«Los traslados son lo peor que nos hacen a los presos y a los familiares», suelta Dorys, una madre que prefiere protección de su identidad para evitar represalias. Su hijo vivió una de las tres grandes crisis carcelarias de los últimos meses y ahora está en un penal de Occidente, donde acaban de llegar unos 80 reclusos provenientes de Uribana: «Se están peleando hasta por un bollito de arepa; se pelean horrible por la comida, el hacinamiento es peor y la ministra prohibió, desde hace tres semanas, que lleváramos comida que no esté preparada, ¿y cómo llevo yo tan lejos algo preparado para que llegue podrido?». Ella comenta la preocupación de su hijo: «Hay gente que está comiendo ratas. Él me mostró el video que grabó de eso. Es terrible».
La señora Dorys explica que el traslado de reclusos trae varios problemas: en las cárceles de Oriente y Occidente no quieren a los «centrales», a los que vienen de Caracas o Vargas. Tienen rutinas distintas, y en el interior creen que los «centrales» siempre van pendientes de ‘voltear el carro’ a donde llegan». Es decir, quieren cambiar el «gobierno» establecido entre los reclusos.
Otro problema lo advierte Pinzón, un reo que prefiere guardar su identidad y lo respaldan familiares que han padecido traslados: se va el preso lejos, no sólo de su familia, sino del tribunal que lo está juzgando. «Imagínate lo que tienes que hacer y pagar para que te monten en un autobús y venir a tribunales, en el estado donde ya está radicado tu juicio. Aquí todo tiene un precio y tu juicio se hace más interminable de lo que ya es».
El retardo procesal es uno de los dramas carcelarios. «Una vez que llegas al tribunal, la audiencia se suspende por cualquier vaina. El juez está de permiso, falta algo o alguien… El preso quiere calle, se puede aguantar estar hacinado pero no perder la esperanza de salir algún día. Por eso el traslado no lo quiere nadie, a menos que peligre tu vida porque tienes rollo adentro».
El Ministerio de Asuntos Penitenciarios, con Iris Varela a la cabeza, procedió a emprender la «cayapa judicial», que consiste en una revisión de casos con urgencia, con una comisión multidisciplinaria: Ministerio Público, tribunales y defensores públicos. En el caso de los penados (los que tienen sentencia), revisan los «beneficios» que corresponden y aceleran las libertades condicionadas, con régimen de presentación o libertad según sea el caso que mande la ley. En cuanto a los procesados (en pleno juicio), se evalúan los casos menos graves, y si han cumplido más tiempo de la pena que correspondería esperando sentencia. Se busca aliviar la población carcelaria.
El Gobierno decidió prolongar tres meses más el decreto de «Emergencia carcelaria» que se inició en octubre pasado. Esta medida consiste en crear infraestructura, rehabilitar centros, dotar de bienes y emprender acciones a corto plazo.
El hacinamiento, retardo procesal y los códigos de violencia operan como una bomba de tiempo que no se sabe dónde ni cuándo puede volver a estallar.