Declaración frente a los comicios del 23 de noviembre
Se aproximan los comicios del 23 de noviembre.
Se aproximan los comicios del 23 de noviembre. Mientras el PSUV y la oposición burguesa se pelean a cuchillo para elegir gobernadores, diputados estadales, alcaldes y concejales municipales, los trabajadores y el pueblo sienten en carne propia el empeoramiento de sus condiciones de vida y trabajo: la inflación galopante se come los salarios, el desempleo y el trabajo precario proliferan como una plaga, la falta de vivienda sigue siendo una realidad y la salud y educación públicas empeoran cada día.
NO VOTAR POR LA OPOSICIÓN BURGUESA
Antes que nada, la Unidad Socialista de los Trabajadores (UST) afirma a todos los trabajadores decepcionados con el gobierno Chávez y sus promesas incumplidas que votar en los candidatos de los partidos de la burguesía golpista y pro imperialista como Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Proyecto Venezuela, Acción Democrática, COPEI u otros pequeños partidos burgueses de oposición no representan ninguna alternativa, sino que sólo serviría para resucitar a la vieja oligarquía y el régimen de Punto Fijo enmascarado y renovado.
PODEMOS, MAS, Causa R y Bandera Roja tampoco representan una opción para los trabajadores, no pasando de variantes directamente burguesas o de conciliación de clases.
Castigar al gobierno nacional votando por estos partidos sería un castigo que se devolvería, más temprano que tarde, como un boomerang en contra de los propios trabajadores.
¿Cuál sería entonces la alternativa en los comicios del 23 de noviembre? Para responder a esta pregunta es necesario hacer primero un análisis de estos 10 años de chavismo.
¿SOCIALISMO DEL SIGLO XXI O CAPITALISMO ROJITO?
Chávez dice que está construyendo en Venezuela el socialismo del siglo XXI. En sus discursos, el presidente de la República vocifera en contra del capitalismo, del imperialismo y de la burguesía “escuálida”. Pero, socialismo no es solamente un discurso radical, la pura propaganda no llena la barriga de nadie. Como nos enseñaba Marx: el criterio de la verdad es la práctica.
Socialismo es, sobretodo, la producción y distribución de la riqueza social de acuerdo con los intereses y necesidades de los verdaderos productores, los trabajadores. Es la expropiación sin indemnización de la burguesía y el control obrero de las fábricas, del comercio, de los bancos y de la tierra. Es decir, en el socialismo los trabajadores y el pueblo deberían ser los señores del destino del país y de sus propios destinos, comer y vivir mejor. Pero, no es nada de esto lo que sucede hoy en Venezuela.
Después de 10 años de chavismo, los trabajadores y el pueblo venezolano no obtuvieron ninguna conquista económica y social significativa. Por el contrario: en los últimos dos años comenzaron a sentir un duro empeoramiento de sus condiciones de vida. Hoy, el salario mínimo en 799,23 bolívares fuertes no alcanza ni siquiera para la canasta alimentaria oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE) que se encuentra en 802,50 bolívares fuertes.
Tampoco se logró el pleno empleo: la tasa de desocupación oficial sigue alrededor de un 7%; y la tercerización y subcontratación a través de “cooperativas” y el trabajo informal son una realidad incuestionable para la mitad de los trabajadores. Incluso en la administración pública y en las empresas estatales, la subcontratación es una realidad vivida por millares de empleados y obreros, lo que desnuda la propia hipocresía de un gobierno que promete acabar con la tercerización y el trabajo precario en las empresas privadas.
Mientras se publicaron en los últimos años numerosas leyes habilitantes, la reducción de la jornada laboral para 36 horas semanales fue, una vez más, relegada para un futuro indefinido y una Ley de Seguridad Social que garantice el reconocimiento de las enfermedades laborales y el derecho a una jubilación digna a todos financiada por el Estado no pasa de ficción literaria.
Por otra parte, la gran vitrina de las políticas sociales del gobierno, las “misiones”, de ser utilizadas como un mecanismo generador de empleos y políticas públicas estructurales, vienen a ser de hecho una política de subsidios que se limita cada vez más a medidas limosneras y clientelistas para los sectores más desposeídos de la población, no dejando nada que deber a las políticas sociales compensatorias del neoliberalismo, al limitarse principalmente a subsidiar la compra y distribución de alimentos (a través de Mercal y Pdval) y repartir sumas que oscilan al derredor de medio salario mínimo. Entre tanto, el pleno empleo, el fin del absurdo déficit de viviendas, la universalización de la salud y de la instrucción publicas, gratuitas y de calidad siguen siendo un sueño para los venezolanos.
MIENTRAS LOS TRABAJADORES VIVEN PEOR,
LA BURGUESÍA LLORA CON LA BARRIGA LLENA
No es verdad que todos pierden con la inflación. La burguesía venezolana está ganando mucho, tanto con la inflación como con la generosa política económica del gobierno. Si no, veamos.
El Índice de Precios al Consumidor de Caracas (IPC) fue de 39% entre agosto de 2007 y el mismo mes de 2008. La población más pobre es la más afectada: Para ésta los precios han subido 36,6%, mientras para la clase media la inflación fue de 35,5% y para los más ricos fue solamente de 32,8%. Esta situación se debe sobretodo al alza de los precios de los alimentos.
En un año, el propio gobierno autorizó incrementos de precios a los alimentos en más de 30 veces y decidió excluir del control de precios productos como harina de trigo, leche de larga duración, huevos, chuletas y pernil de cerdo, atún, mortadela, avena y sal.
Simultáneamente, la burguesía fue agasajada con un generoso plan de subsidios e inversiones del Estado. Con el “Reimpulso Productivo”, fue acelerada la entrega de dólares para la importación de alimentos por el sistema de pago a la vista, donde ya participan importadores de trigo, oleaginosas, lácteos, carne de res y el sector avícola. Y se decidió liberar del pago de impuestos a las empresas importadoras, así como liberarles de la obligación de presentar ante Cadivi los certificados de no producción o de producción insuficiente. También se libró a estas empresas de solicitar las solvencias de organismos públicos como el Instituto Venezolano de Seguros Sociales y la constancia con el aporte al Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.
¿“AUSTERIDAD Y AHORRO” PARA ENFRENTAR LA CRISIS MUNDIAL O
PARA HACER QUE LOS TRABAJADODES PAGUEN LA CRISIS?
Ahora con la grave crisis de la economía mundial, que ya ha metido en la recesión a Estados Unidos y Europa, y derribó los precios del petróleo por debajo de 60 dólares, mientras hay afirmaciones contundentes de que ésta no va a pegarnos con fuerza, que tenemos un colchón de seguridad con las reservas internacionales del país en 38 mil millones de dólares, el propio gobierno nacional anuncia recortes en el presupuesto de 2009 que afectará todas las áreas.
El Comité Central de Planificación del gobierno, reunido el día 18 de septiembre, en las palabras de Ramón Carrizález, vicepresidente de la República, definió que el Presupuesto Nacional de 2009 tendrá como línea principal la “austeridad”. Él mismo señaló, según el periódico Últimas Noticias del 19 de septiembre, que: “todos los organismos e instituciones del Estado deberán apegarse a esta medida de austeridad y ahorro” para “enfrentar la crisis mundial”.
¿Qué significará austeridad y ahorro para enfrentar la crisis mundial? Significará cortes de presupuestos para las áreas sociales, más liberación de precios y ahorcamiento de los salarios para mantener las reservas en dólares del país, controlar el dólar paralelo a través del aumento de la deuda pública y socorrer a la banca en caso de quiebra inminente. En este marco, tanto el gobierno como la burguesía escuálida tienen un gran acuerdo: profundizar las medidas del llamado “Reimpulso Productivo” para que los trabajadores paguen el precio de la crisis.
LOS TRABAJADORES DEBEN RECHAZAR LAS LEYES Y
MEDIDAS AUTORITARIAS DEL GOBIERNO
La presidencia de la República anunció el 31 de julio la publicación de 26 nuevas leyes Habilitantes. Al contrario de lo que dice la burguesía golpista, no hay en estas leyes ningún ataque a la propiedad privada. Ésta sigue respetada incluso cuando se nacionaliza un banco, como el Banco de Venezuela, o empresas, como Sidor y Cemex, pues la nacionalización viene acompañada de una gorda indemnización.
Si el objetivo fundamental de las leyes habilitantes no es atacar la propiedad privada: ¿Cuál sería entonces el eje de las 26 leyes habilitantes?
En primer lugar, Chávez necesita una retaguardia institucional de contenido bonapartista, es decir, que fortalezca su poder personal como centro de decisiones del gobierno y limite las libertades democráticas, no para enfrentar un nuevo intento golpista o un presunto magnicidio, sino para prevenirse de un gran ascenso de luchas obreras que recorra el país y desestabilice su gobierno. Esto era inclusive el contenido de la reforma constitucional derrotada en el referendo del 2 de diciembre de 2007. Veamos entonces si es así o no.
La Ley sobre el Acceso a Bienes y Servicios se trata de un gravísimo ataque a la libertad de manifestación y al derecho de huelga. Esta ley en su artículo 139 afirma: “Quienes, conjunta o separadamente, desarrollen o lleven a cabo acciones, incurran en omisiones, que impidan, de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes declarados de primera necesidad, serán sancionados con prisión de seis (6) a diez (10) años”. El articulo 147 de la misma ley se lee: “Serán aumentadas en el doble, las penas establecidas para las conductas tipificadas en el presente Capitulo, cuando éstas tengan por objeto la seguridad integral de la nación, desestabilizar las instituciones democráticas o generar alarmas que amenacen la paz social”.
Las medidas arriba mencionadas no son simplemente para reprimir a la derecha golpista y sus conspiraciones. Nada garantiza que las mismas no puedan ser utilizadas contra el movimiento de masas si este, al lanzarse a la lucha en defensa de sus condiciones de vida y trabajo, amenace la “paz social”.
Con la ley de la Fuerza Armada Nacional queda cada vez más claro el carácter bonapartista del gobierno, en la medida en que pese a su retórica socialista, la principal institución del régimen político chavista no es ni el parlamento ni mucho menos las organizaciones obreras y populares, sino las FFAA de un Estado burgués.
Vale destacar aquí todavía la cuestión de la “Milicia”. La “Milicia” no será simplemente una institución militar más, sino la institución designada para controlar los consejos comunales y los movimientos populares, incluso con la utilización de la inteligencia militar.
Por último, la Ley de la Administración Pública permite que la presidencia de la República pueda interferir de manera directa o gobernar por encima de los gobernadores y alcaldes designando autoridades con plenos poderes otorgados desde el Ejecutivo central.
La UST no confunde la necesaria represión contra la burguesía golpista con la limitación de las libertades democráticas para los trabajadores y el pueblo. Los trabajadores, de la misma manera que estuvieron en la vanguardia de la heroica movilización que derrotó el golpe del 11 de abril y el paro-sabotaje petrolero, no pueden dejarse engañar por estas leyes habilitantes de Chávez. Es necesario denunciar su contenido y exigir, desde los sindicatos y organizaciones populares, su revocación.
NO VOTAR POR LOS CANDIDATOS DEL PSUV
El PSUV no tiene nada que ver con un partido socialista de trabajadores. Se trata de un partido burgués, dirigido y controlado por una burocracia ajena a las esperanzas del pueblo, que impide a sus militantes de base definir en la práctica la política y los candidatos del partido. Este aparato electoral tiene como único objetivo controlar, paralizar y desmoralizar las luchas y organizaciones independientes de los trabajadores.
La burocracia que dirige el PSUV ocupa puestos clave en el gobierno y está envuelta en negocios de importación con sectores de la vieja oligarquía y con la concesión de la explotación del petróleo venezolano por empresas transnacionales. Ella se está convirtiendo en una nueva burguesía a partir del control de las instituciones estatales, de la corrupción y de negocios multimillonarios.
De igual forma, Patria Para Todos y el Partido “Comunista”, aunque hayan presentado candidaturas propias en algunos estados y municipios, siguen subordinados al gobierno y al aparato del PSUV, tampoco merecen ninguna confianza.
Muchos trabajadores descontentos con el gobierno Chávez, a pesar de su decepción, afirman que votar por los candidatos del chavismo significará votar por el mal menor, considerando que el triunfo y retorno de los partidos y candidatos de la burguesía golpista serían el mal mayor. En estas elecciones no existe el mal menor. La victoria del PSUV también representará la aplicación de una política económica y social que sólo servirá para profundizar los problemas estructurales del país y cargar sobre las espaldas de los trabajadores el peso de la crisis.
Por todo eso, en los comicios del 23 de noviembre, el único voto de clase, independiente del gobierno, de los partidos burgueses de oposición es el VOTO NULO.
Esta es la mejor manera de castigar al chavismo por sus promesas incumplidas, por sus medidas pro capitalistas y antidemocráticas y castigar la oposición burguesa por haber sumido durante décadas a los trabajadores venezolanos a una situación de miseria y exclusión.
EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA SINDICAL Y DE LA UNIFICACIÓN DE LAS LUCHAS DE LOS TRABAJADORES
La clase trabajadora venezolana se destaca por ser una de las más luchadoras del mundo. En estos últimos años pudo derrotar a través de su acción directa un golpe pro imperialista y un paro sabotaje impulsado por esta misma burguesía golpista. Entre tanto, después de la capitulación de la vieja Central de Trabajadores Venezolanos a la burguesía golpista, hasta hoy no ha logrado construir una nueva central sindical capaz de mantenerse completamente independiente de la burguesía y del gobierno.
La Unión Nacional de Trabajadores, que podría haber sido esta alternativa, se quedó paralizada después del paro sabotaje de 2002-2003 debido a la intervención de los agentes del gobierno en su interior. Si, por una parte, es verdad que el gobierno no logró transformar la Unete en una central oficialista, por otra parte, la metió en una profunda crisis. Ahora, las corrientes más gobierneras en el interior de la Unete resolverán romper y fundar la Central Socialista de Trabajadores, en una nueva tentativa por controlar el movimiento obrero.
La única manera de evitar que la Unete siga paralizada y fragmentada y que ésta se ponga a la vanguardia de la reunificación del movimiento obrero venezolano es a través de la convocación inmediata de un congreso nacional precedido por congresos regionales basados en los principios de la independencia de clase y de la democracia obrera.
Estos congresos deben trazar un plan nacional de lucha unificado que priorice la acción directa (actos, marchas, huelgas entre otros) para defender los derechos laborales y sociales y alcanzar nuevas conquistas. De igual manera, deben rechazar la conciliación con los explotadores, manifestar la más completa independencia frente al gobierno Chávez y afirmar la estrategia de la revolución obrera y socialista.
Estas o cualquiera otras decisiones no pueden ser tomadas por las cúpulas de las corrientes que ahora constituyen la Unete. Los congresos no pueden ser juegos de naipes marcados. Para estos congresos deben elegirse delegados de base en cada fábrica y local de trabajo en una proporción que permita la más amplia participación desde las grandes empresas privadas y estatales hasta las más pequeñas. Las bases y no las cúpulas deben decidir los rumbos de la Unete.
POR UN PARTIDO DE LOS TRABAJADORES:
INDEPENDIENTE, REVOLUCIONARIO Y SOCIALISTA
Desde que Chávez llegó a la presidencia de la República, las más importantes organizaciones políticas que dicen representar los intereses de los trabajadores, la revolución obrera y el socialismo capitularon al chavismo, se transformaron en sus apéndices, dentro o fuera del PSUV. Otras organizaciones que se decían obreras y socialistas, al colocarse en la oposición, acabaron aliándose a la burguesía golpista y sus partidos en nombre de las “libertades democráticas”.
Si la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos y no de ningún burgués “progresista”, comandante “socialista” o burócrata sindical de “izquierda”, la gran conclusión que los trabajadores venezolanos deben sacar de la falta de alternativa de estas elecciones es la necesidad de construir un PARTIDO DE TRABAJADORES REVOLUCIONARIO Y SOCIALISTA, que sea independiente de la burguesía golpista y del gobierno Chávez. Un partido que sea capaz de colocarse a la cabeza de las luchas, que no vacile en plantear las reivindicaciones más sentidas de la clase obrera, sea contra los patronos privados o públicos, y tenga como estrategia la lucha por un GOBIERNO DE LOS TRABAJADORES Y DEL PUEBLO, SIN BURGUESES, SIN BURÓCRATAS Y SIN CORRUPTOS.
NI VOTAR POR LA OPOSICIÓN BURGUESA
NI VOTAR POR LOS CANDIDATOS DEL PSUV
VOTAR NULO
CONTRA EL AUMENTO DEL COSTO DE LA VIDA, EN DEFENSA DEL EMPLEO, DEL SALARIO Y DE LA INDEPENDENCIA DE CLASE DE LOS TRABAJADORES