El día en que los estudiantes protestaron para exigir que los profesores dicten clases

Con motivo del día del estudiante, la penúltima semana de noviembre un grupo de estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes organizaron una jornada de actividades, en cuyo marco hicieron una importante denuncia contra la “piratería” de algunos profesores. Colocando una urna en el patio central de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (Facijup), convocaron a la elección del “Profesor pirata del año”.

Al contarse los votos, tres profesores de Ciencias Políticas se convirtieron, por mérito propio, en los señalados por esta democrática protesta, en la que participaron unos 200 estudiantes: Vladimir Pérez, Luis Loaiza, y Alfredo Ramos Jiménez. En palabras de los estudiantes, Pérez no prepara sus clases, y acostumbra obsequiar calificaciones a estudiantes que nunca asisten a clases, pero son dirigentes de agrupaciones políticas con las que Pérez simpatiza. Luis Loaiza, quien ha sido electo dos veces para presidir el gremio profesoral con el apoyo de Acción Democrática, se destaca por dictar menos del 25% de las clases programadas en el año. Ramos Jiménez se caracteriza por utilizar el tiempo de clases para conversar sobre política nacional, sobre sus tiempos de estudiante, sus viajes, y una variedad de temas que no guardan la menor relación con el programa de Sociología. Un estudiante explicó que cronometró varias clases de Ramos Jiménez, y las mediciones fueron coincidentes: de 120 minutos de clases, el profesor dedica más de 100 minutos a temas misceláneos, y menos de 20 a la materia del programa.

Es una señal muy positiva que el estudiantado defienda reivindicaciones académicas, como el derecho a recibir clases y a ser evaluado de manera justa y sin discriminación política. Precisamente, la falta de este tipo de manifestaciones por parte de un movimiento estudiantil que ha sido secuestrado por direcciones políticas adictas al gobierno y a la derecha opositora, para las cuales las reivindicaciones académicas de los estudiantes no son motivo de denuncia y movilización, es lo que ha permitido que las arbitrariedades y los desafueros de algunos profesores no encuentren el debido contrapeso democrático, y se afiancen como norma en algunas facultades de la ULA y otras universidades autónomas. El hecho de que se trata de una tradición consolidada, la que exime a algunos profesores de sus más elementales obligaciones ante los estudiantes, es lo que explica parcialmente la reacción suscitada por esta protesta.

En defensa de la majestad profesoral y en solidaridad con los profesores cuestionados, cuatro profesores han decidido no dictar clases hasta enero del 2011. Una divertida ironía, el que una supuesta defensa de la institucionalidad universitaria consista en homenajear a un profesor que no dicta clases (Loaiza), practicando su ejemplo. Lo triste es que haya profesores, estimados por su honestidad y responsabilidad, que sacrifiquen su prestigio ante los estudiantes para participar de esta “huelga”, cuyo único propósito es escarmentar y desmoralizar al estudiantado para que desista de sus justas exigencias. Otra ironía es que mientras que un profesor señalado por la protesta denuncia una supuesta conspiración chavista (Ramos Jiménez), para victimizarse y encubrir el fondo del debate, en realidad quien encabeza la reacción profesoral es un destacado representante del chavismo en la Escuela de Ciencias Políticas. En cambio, los estudiantes han actuado con total independencia de ambos polos burgueses de la política nacional.

Debemos mirar el contexto en el que ocurre este “lock out” profesoral, para entender sus causas profundas. La Facijup de la ULA lleva más de 15 años bajo la égida del decano Andrey Gromiko Urdaneta, quien no sólo ha violado de manera flagrante una Ley de Universidades que establece la no reelección de los decanos, sino que además es famoso por haber ingresado al cargo de profesor con un título de postgrado falsificado. Cuando este hecho fue descubierto y denunciado, no sólo logró mantenerse en el cargo con total impunidad, sino que ordenó agresiones físicas y acciones administrativas contra los profesores que lo denunciaron. Se trata de un método que luego se elevó a política oficial de la ULA cuando Léster Rodríguez, ante la impugnación de su elección como rector de la ULA por carecer de los requisitos académicos para tal cargo, amenazó con “voltear la ciudad de Mérida desde la Vuelta de Lola hasta el IUTE”.

En diciembre de 2007, la Facijup avaló que la ULA le obsequiara un título universitario a un estudiante que reunía poco más de la mitad de los créditos necesarios para graduarse como politólogo. El estudiante en cuestión había alcanzado notoriedad por haber participado del ultraje a una funcionaria policial durante una violenta protesta derechista en 2006, Nixon Moreno. Para sumar a la ilegalidad del acto, el título de Moreno fue firmado por dos autoridades universitarias fraudulentas, que también carecían de los títulos exigidos para detentar sus cargos, como lo eran Léster Rodríguez y Andrey Gromiko Urdaneta.

Pero además, un connotado prófugo por corrupción de este gobierno, como lo es Luis Velásquez Alvaray, llegó a ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, pese a no tener título de abogado ni haber sido nunca juez, gracias a la corrupción de la Asamblea Nacional y al apoyo obtenido de la Facijup de la ULA.

Estos hechos no sólo significan una mácula que tardará décadas en ser borrada de la imagen de la ULA, sino que además ilustran los métodos con los que ejerce el poder una camarilla en la Facijup. Ante ellos no hubo jamás una protesta comparable a la medida de suspender clases durante un mes. Queda en evidencia entonces que aquello que ahora invocan los “huelguistas”, como la defensa gremial y el prestigio de la Facultad, es una tapadera para los verdaderos móviles de su posición política. Al mostrarse dóciles ante los poderosos de la Facultad y la Universidad, pero prepotentes ante el débil, que en este caso es el estudiantado, queda en evidencia su defensa del statu quo en un aspecto principal, que es la prerrogativa del profesorado de actuar libre de cualquier tipo de contraloría académica, y sobre todo por encima de cualquier interlocución democrática con el estudiantado. Esa es la cuestión de fondo.

A la luz de los hechos posteriores, la protesta estudiantil de la Escuela de Ciencias Políticas ha adquirido una mayor importancia. La denuncia de la piratería no sólo ha puesto en entredicho a ciertas vacas sagradas de la Facijup, sino que también ha hecho rodar prematuramente las caretas de algunos de sus aliados, y ha colocado en el centro del debate situaciones que no se cuestionan públicamente desde hace muchos años en una Facultad agobiada por la corrupción y el conformismo.

La mayor amenaza a la precaria autonomía universitaria es la falta de democracia interna. Los únicos que pueden impulsar los cambios que la Universidad requiere son quienes no tienen en esas transformaciones nada que perder y mucho por ganar, por eso se trata de una responsabilidad que recae principalmente sobre los estudiantes, pero que debe contar con importantes aliados en los sectores más honestos y comprometidos del profesorado. Porque en materia de democracia, a casi un siglo de la Reforma de Córdoba, aún muchos profesores necesitan recibir una educación muy severa por parte del estudiantado.

*Egresados de la ULA y ex consejeros de escuela.