El gobierno sigue encubriendo y protegiendo a los violadores de derechos humanos del bipartidismo

Caracas, 23 de septiembre.- Este 4 de octubre, se cumplirán 29 años de la masacre de Cantaura, perpetrada por las fuerzas armadas y la policía política en contra de un grupo de jóvenes militantes del partido Bandera Roja, hecho en el que fueron asesinados 23 de ellos. Uno de los autores materiales de este crimen de lesa humanidad está resguardado por la inmunidad parlamentaria. Se trata de uno de los pilotos de los aviones Canberra con los que se realizó el bombardeo, el ahora diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Roger Cordero Lara. Cordero Lara fue electo con el apoyo del partido chavista por el estado Guárico, y realizó su campaña electoral de la mano del diputado por el Partido Comunista de Venezuela, Oscar Figuera. De hecho, la tarjeta del Pcv también apoyó a Cordero Lara.

Caracas, 23 de septiembre.- Este 4 de octubre, se cumplirán 29 años de la masacre de Cantaura, perpetrada por las fuerzas armadas y la policía política en contra de un grupo de jóvenes militantes del partido Bandera Roja, hecho en el que fueron asesinados 23 de ellos. Uno de los autores materiales de este crimen de lesa humanidad está resguardado por la inmunidad parlamentaria. Se trata de uno de los pilotos de los aviones Canberra con los que se realizó el bombardeo, el ahora diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Roger Cordero Lara. Cordero Lara fue electo con el apoyo del partido chavista por el estado Guárico, y realizó su campaña electoral de la mano del diputado por el Partido Comunista de Venezuela, Oscar Figuera. De hecho, la tarjeta del Pcv también apoyó a Cordero Lara.

Por extraños que puedan parecer este tipo de hechos, en realidad no son errores ni excepciones, sino la expresión de una política de Estado implementada por el gobierno chavista, la cual busca mantener en la impunidad los más terribles crímenes contra los derechos humanos perpetrados por los gobiernos de Acción Democrática y Copei, partidos cuyas divisiones han dado origen a la mayoría de los partidos de la coalición derechista «Mesa de la Unidad Democrática» (MUD).

Es así como no hay condenas por la masacre de El Caracazo, perpetrada a fines de febrero de 1989 por el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, y que supuso la muerte para un número sin determinar de venezolanos, pero cuya cifra se ubica entre 3 mil y 5 mil personas, muchos de ellos desaparecidos y enterrados en fosas comunes.

Tampoco hay condenas por la masacre de El Amparo, un operativo aplicado por el Comando Específipo José Antonio Páez (Cejap), con la participación de miembros de cuerpos policiales y militares, mediante el cual fueron acribillados catorce campesinos en el río Arauca.

Únicamente en el caso de la masacre de Yumare, en la que fueron asesinados nueve militantes de izquierda en el estado Yaracuy, fue condenado en mayo de este año un militar, el general retirado Alexis Ramón Sánchez Paz. Sin embargo, el jefe de la Disip que participó en la operación, Henry López Sisco, se encuentra prófugo. El gobierno venezolano se abstuvo de procesarlo durante los primeros seis años de gestión, e incluso Lópes Sisco se desempeñó como asesor de seguridad en la gobernación de el Zulia en el gobierno del derechista Manuel Rosales, del partido Un Nuevo Tiempo.

El gobierno no sólo protege, también rinde homenaje a los violadores de derechos humanos

El gobierno del presidente Chávez, pese a denunciar en ocasiones el carácter represivo de la llamada «Cuarta República», ha protegido a los represores e incluso les ha rendido homenaje. No únicamente a través de una edulcorada versión de la historia en la que se exime a las Fuerzas Armadas de su responsabilidad en crímenes horrendos contra la humanidad y se embellece su rol (ver la película «El Caracazo», de Román Chalbaud, realizada en 2005). Sino también directamente, a través de celebraciones oficiales, como la realizada con motivo de cumplirse 40 años de la creación de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), en marzo de 2009.

Como policía política, la Disip participó directamente en la mayoría de los crímenes contra los derechos humanos perpetrados por los gobiernos de AD y Copei, y durante el gobierno chavista no fue disuelta ni se abrieron procesos judiciales contra sus integrantes comprometidos en violaciones de derechos humanos. Únicamente se le cambió el nombre en diciembre de 2009 a Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).

Homenaje «hecho en chavismo»

En marzo de 2009, se realizó en la Biblioteca Nacional una exposición en homenaje a la Disip a propósito de los 40 años de ese siniestro cuerpo represivo. En la reseña publicada en la página web del Ministerio de la Cultura, titulada «40 años de la Disip en la BN», se lee:

«Una cronología de fotos, expedientes de los casos más sonados, objetos, capturas, cámaras fotográficas, máquinas de escribir, publicaciones periódicas, explosivos y armas son algunos de los elementos que el público podrá ver en la exposición 40 años de la Disip, que será inaugurada este viernes 13 de marzo a las 10:00 am, en la Sala Permanente de Exposiciones de la Biblioteca Nacional».

«Uno de los atractivos principales de esta exposición aniversaria será la exhibición de Destrezas Operativas que se realizará en los espacios abiertos del Foro Libertador a cargo del equipo operativo de la Disip, que presentará todo un programa que incluye rapel, motorizados, intervenciones y la unidad canina».

«La muestra que para este día de la inauguración cuenta con la presencia de su tren directivo, funcionarios e invitados especiales del Gobierno Nacional, intenta así rendir un homenaje a esta institución que bajo el nombre de Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención Disip, fue creada bajo el Decreto N°15, de fecha 19 de marzo de 1969 y en sus inicios contaba con aproximadamente cuatro mil empleados en nómina, distribuidos entre las áreas de administración, policial y de inteligencia».

Es así como el gobierno nacional glorifica a una de las más tenebrosas instituciones represivas del bipartidismo.

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