Elecciones en las universidades autónomas… trascendiendo los discursos maniqueos

La suspensión de las elecciones decanales programadas para el viernes 20 de mayo de este año estaba más que anunciada: pareciera ser que el sentir común universitario está atrapado, por un lado, entre un Tribunal Supremo de Justicia que no duda en dar al traste con la autonomía universitaria cada vez que quiere; y, por el otro, entre unos organismos de cogobierno (Consejo Universitario, Consejo de Facultad) y una Comisión Electoral empeñados en defender los intereses de una minoría a la que poco le importa resolver los problemas de los estudiantes.

La suspensión de las elecciones decanales programadas para el viernes 20 de mayo de este año estaba más que anunciada: pareciera ser que el sentir común universitario está atrapado, por un lado, entre un Tribunal Supremo de Justicia que no duda en dar al traste con la autonomía universitaria cada vez que quiere; y, por el otro, entre unos organismos de cogobierno (Consejo Universitario, Consejo de Facultad) y una Comisión Electoral empeñados en defender los intereses de una minoría a la que poco le importa resolver los problemas de los estudiantes.

Con el debate abierto a raíz de la propuesta de Ley de Educación Universitaria, una de las discusiones que está más en boga es la relacionada con la democratización de nuestra comunidad. Lo que está en juego implica un proceso reflexivo profundo que no todos están dispuestos a dar porque se tocan intereses muy particulares. En ese sentido, percibimos un punto en común entre el chavismo y las autoridades universitarias: ninguna de las dos posturas quiere una universidad democrática, más allá de que les encante adornar su discurso con esa palabra. Vemos así posturas reaccionarias por la simple necesidad de desmarcarse del otro.

En aras de trascender dos formas sesgadas en que se está viendo la realidad, he aquí nuestro aporte…

Entrampados entre dos leyes

La LEU que se intentó aprobar en agosto del año pasado hablaba de democracia, pero pretendía concentrar el poder en el ministro. No tendría mucho sentido, pues, una elección democrática si quienes serían elegidos –ya sea para pertenecer a una instancia de cogobierno o para algún cargo de autoridad central– estarían supeditados a las decisiones ministeriales. El tan mencionado 1 x 1 x 1 no sería más que un parapeto sin mayor trascendencia y las estructuras planteadas en la ley no tendrían efectividad porque dependerían demasiado del poder concentrado del ministro. Como ya es común de este gobierno, el discurso de la democracia participativa y protagónica no se correspondería con los hechos.

Del otro lado, tenemos el lema favorito de nuestras autoridades: la universidad es autónoma, plural y democrática. Esto tercero lo han interpretado de una forma forzosamente acomodaticia. La realidad es que tenemos un Consejo Universitario que funge como Poder Ejecutivo, Moral, Legislativo y Judicial al mismo tiempo. La realidad es que la concentración de poder ha aumentado en nuestras universidades y ha traído como consecuencia que la pírrica representación estudiantil sea aplastada con más vehemencia en los organismos de cogobierno… hablamos, por supuesto, de los representantes que no son acólitos a los intereses de las autoridades.

Si queremos una verdadera transformación universitaria, esa figura del Consejo Universitario –cual Mesa Redonda del Rey Arturo– debe desaparecer. Salvo que se quiera seguir concentrando poder, no hay razón para argumentar sus extralimitadas funciones de la actualidad. Al respecto, creemos que es necesaria la creación de diversos organismos de decisión: académicos, administrativos, disciplinarios, etc.

Además, para poder decir con base que la universidad es democrática, hay que asumir que la proporcionalidad en los organismos de cogobierno debe cambiar radicalmente.

Hablamos de que sea paritaria: misma cantidad de representantes para cada sector perteneciente a la comunidad universitaria (empleados y obreros, profesores, estudiantes y egresados).

Paradojas en torno al “Saber académico”

Imagine el lector si se planteara algo así para las presidenciales: un joven de 18 años no tiene la experiencia de alguien de 40 años, no tiene el “conocimiento” de la historia, no ha vivido lo suficiente; ¿propondría alguien que el voto del joven valga un tercio que el de la persona adulta? Imagine el lector que iremos a las comunidades yanomami a decirles que como ellos no tienen el “conocimiento” de un profesor con Doctorado su voto no puede valer igual. ¿Por qué si esa discusión no está planteada en unas elecciones presidenciales, de alcalde, etc. sí lo está en las universidades autónomas?

Los sectores más reaccionarios responden a la última pregunta con el siguiente argumento: “una elección a un cargo popular es distinta a la de un cargo académico”. Y por ese camino, aunque usted no lo crea, han terminado por comparar a la comunidad universitaria con las Fuerzas Armadas. Se argumenta que la estructura de las universidades, como la de las Fuerzas Armadas, es tan jerárquica como necesaria. Allí los soldados no pueden decidir quiénes ascienden, evidentemente; pero, ahora nos preguntamos, ¿no podrían decidir quién los comanda? Además, tanto en la vigente Ley de Universidades como en la LEU que se quiso aprobar se dice que formaremos estudiantes para ser sujetos críticos, reflexivos, transformadores de la realidad; sin embargo, al hablar de jerarquías y méritos, los terminamos viendo como unos soldados… especie de masas inertes que están sólo para seguir órdenes.

Hay otros argumentos para este tipo de cosas que resultan tanto o más insólitos y reflejan un pensamiento elitista que hay que confrontar: “el estudiante sólo estará cinco años en la universidad; en cambio, el profesor está al menos 25 años”; “el profesor, además, tiene una mayor conciencia de la realidad… es poseedor de un conocimiento al que el estudiante aún no accede.” Hay demasiadas paradojas en todo esto: ¿acaso ese “conocimiento” no nos ha llevado a que se elijan autoridades ineptas que nadie quisiera recordar? ¿Acaso el estudiante no sigue formando parte de la comunidad universitaria cuando se gradúa? Simplemente, cambia su condición: es egresado; y, según la Constitución, los egresados son miembros de la comunidad universitaria. Esperamos que nadie vaya a intentar sostener, como lo hizo un diputado de la anterior Asamblea Nacional en un debate, que los egresados no son parte de la comunidad universitaria. De más está decir que hay mucho camino por recorrer en materia de vinculación del egresado con la universidad, pero de allí a excluirlo bajo argumentos tan pobres como “si hay una elección, los egresados decidirán porque son más” evidencia lo atrasada de algunas mentalidades que sólo piensan en coyunturas electorales. Es como pretender que no se incluyan en una elección presidencial a los jóvenes entre 18 y 24 años porque son el grueso de la población.

Siguiendo en la línea de sostener quiénes no son parte de la comunidad universitaria, debemos mencionar que hasta se ha planteado que los empleados y obreros no lo son. El argumento se centra en cosas similares a las aplicadas para que el voto estudiantil tenga un valor ínfimo: “ellos no poseen el saber y el conocimiento que implica la academia”.

No estamos diciendo que deban opinar sobre una discusión de pénsum o el plan de evaluación de una materia. Pretender hacer ver que es de eso de lo que se está hablando cuando se busca democratización es un reduccionismo de personas con miopía política.

La democratización pasa por el hecho de que empleados y obreros tengan derecho a voz y voto en temas que les competen, y la elección de las autoridades es uno de ellos. Para lograrlo, lo primero es solicitar una Enmienda Constitucional en la cual se incluya al empleado y el obrero en la comunidad universitaria.

Nosotros no aspiramos –sería populismo– a que el estudiante decida qué profesor asciende de escalafón. Pero no creemos que una elección a rector, a decano o a director de una escuela deba estar por encima de una elección presidencial. La aberración a la que ha llegado ese asunto meritocrático es que ni los profesores instructores ni los contratados votan. ¿Será tal el nivel de erudición que se necesita para entender una propuesta programática en una elección rectoral? ¿Será que egresados, estudiantes, obreros, empleados e incluso profesores instructores o contratados somos unas masas amorfas e inconcientes que no entenderemos el “elevado discurso académico” de los candidatos a rector, vicerrector o decano? ¿O será que lo más importante no es la propuesta en sí, sino el conocimiento que se tenga sobre el grupo profesoral al cual pertenezca el candidato? Por supuesto, de castas profesorales no es mucho lo que interese saber a egresados, estudiantes, obreros y empleados.

¿No es otra paradoja decir que el egresado debe tener una participación mínima porque no está consciente de la realidad universitaria y que al mismo tiempo los profesores jubilados terminen decidiendo una elección? No les negamos su derecho a votar, sólo defendemos el de los demás. En fin, el sistema de votación actual en las universidades autónomas obedece a un pensamiento elitista insostenible… a un pensar mantuano, como bien podríamos decir desde El Laberinto de los Tres Minotauros de Briceño Guerrero.

En respuesta a ello, nuestra postura es obvia: no se necesita ser un “erudito” para saber por quién votar en una elección universitaria; creemos en la democratización universitaria. En consecuencia, el registro electoral debe ser uno sólo y las elecciones rectorales, decanales y de director deben hacerse con el mismo criterio que elecciones nacionales. Es eso a lo que algunos han llamado 1 X 1 X 1. Si no, ¿cómo hablar entonces de igualdad de derechos?

¿Y quién dice algo sobre la dedocracia en las universidades experimentales?

Ahora bien, hablamos de una situación que se reproduce en universidades autónomas; la situación es peor en la mayoría de las experimentales. Vale acotar que el significado jurídico de la palabra experimental sigue siendo el mismo que el de la IV República: en una universidad con esa condición, su comunidad ni siquiera tiene derecho de elegir a sus autoridades. Ya no sólo se trata de que sean electas a dedo, sino de que esas autoridades conforman instancias de cogobierno con representantes escogidos por ellas mismas… ¿no era el dedocratismo de los decanos para imponer directores una de las cosas que más criticaron grupos que hoy apoyan al actual gobierno?

Así las cosas, el derecho a organizar gremios, sindicatos, asociaciones de profesores es una tarea ardua en las universidades experimentales. Sus autoridades lo ven con buenos ojos cuando quienes los organizan son unos esquiroles que se venderán muy barato; en caso contrario, se inventarán los mecanismos para deslegitimar al gremio. Dicho de otra manera, en muchas universidades experimentales un dedo tiene mayor poder que una asamblea.

Desquiciar la realidad o rescatar una postura estudiantil autónoma

Es fundamental tener claro desde dónde se argumenta. Si no se está de acuerdo con la esencia de lo que acá decimos, entonces no se puede seguir vendiendo la idea de que nuestras universidades son democráticas. A las autoridades de las universidades autónomas les decimos: si no quieren desconcentrar sus funciones y su poder en aras de una real democracia, entonces no sigan criticándole al gobierno actual su excesivo centralismo. Cuenten con que defenderemos la autonomía universitaria, pero no crean que saldremos a defender esa autonomía acomodaticia detrás de la cual unas castas profesorales pretenden mantener sus intereses al tiempo que demuestran indolencia e indiferencia hacia nuestros problemas y nuestras posturas. Muestra de ello es haber pretendido que se realizaran las elecciones decanales solamente con la participación de la Asamblea de Facultad; es decir, sólo habrían votado los estudiantes electos para este organismo (en ninguna Facultad pasan de 100). El resto de la población estudiantil se habría quedado sin participar. Esa acción, fundamentada escuetamente desde un artículo de la vigente Ley de Universidades, representaba un atraso de más de una década. Ese sistema electoral de segundo grado fue cuestionado en su momento porque se prestaba para prebendas con grupos políticos. ¿Cómo plantear eso después de que todos los estudiantes han tenido el derecho de votar en las tres últimas elecciones decanales? Es un retroceso; como lo es también que este gobierno, tal cual lo hacían los de la llamada IV República, apruebe hoy leyes sobre la educación en vacaciones. Por supuesto, no faltará quien nos diga: “le están haciendo el juego al chavismo”.

Tampoco faltará que del lado del chavismo salga alguien a etiquetarnos de pequeños burgueses o cualquier categoría que haya puesto de moda el proceso. Evidentemente, la consecución de nuestros planteamientos implica un cambio de paradigmas. El tiempo dirá si como universitarios estamos preparados para darlo. Sabemos que no será así si prevalecen liderazgos de estudiantes defensores a ultranza de los intereses de castas profesorales y si ser universitario sigue siendo sinónimo de anotarse sesgada y cuasi religiosamente a una de las dos posturas descritas al principio; en otros tiempos, era antinatural que un universitario fuese acólito a las autoridades o al gobierno. Hoy pretenden hacerlo ver como lo natural… y por ambos caminos sólo se logra desquiciar la realidad.

Orlwins Maizo
Representante Estudiantil ante el Consejo de Facultad de Humanidades y Educación, UCV

Nelson Quiroga
Representante Estudiantil ante el Consejo de Facultad de Farmacia, UCV

Thais Castro
Representante Estudiantil ante el Consejo de Escuela de Letras, UCV

Luis Moisés Escobar
Representante Estudiantil ante el Consejo de Escuela de Filosofía, UCV

Adriana Teixeira
Ex Representante Estudiantil ante el Consejo de Facultad de Humanidades y Educación, UCV

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