En el 2009, protestas obreras aumentaron 51,8% en relación con el 2008

El pasado mes de diciembre, la organización de derechos humanos Provea, presentó su informe anual sobre el estado de 19 derechos humanos en el país. Este estudio comprende el período octubre 2008-septiembre 2009. En esta nota nos referiremos a la situación que presentaron los derechos laborales en el lapso antes citado. De acuerdo al informe, algunos problemas continúan reproduciéndose en el país, los más notables son la criminalización o judicialización de las protestas obreras y sindicales; la injerencia del Estado en los procesos electorales de los gremios y sindicatos; las decisiones unilaterales del gobierno; la violación del derecho a la contratación colectiva, y como hecho novedoso, que no se presentaba desde el 2004, el deterioro del salario real de los trabajadores.

El pasado mes de diciembre, la organización de derechos humanos Provea, presentó su informe anual sobre el estado de 19 derechos humanos en el país. Este estudio comprende el período octubre 2008-septiembre 2009. En esta nota nos referiremos a la situación que presentaron los derechos laborales en el lapso antes citado. De acuerdo al informe, algunos problemas continúan reproduciéndose en el país, los más notables son la criminalización o judicialización de las protestas obreras y sindicales; la injerencia del Estado en los procesos electorales de los gremios y sindicatos; las decisiones unilaterales del gobierno; la violación del derecho a la contratación colectiva, y como hecho novedoso, que no se presentaba desde el 2004, el deterioro del salario real de los trabajadores.

Aumenta la movilización y la protesta obrera

Como consecuencia de lo anterior, se produjo un aumento significativo de las protestas obreras. El informe da cuenta de que en el periodo considerado se produjeron 983 protestas laborales, equivalentes al 33,9% del total de protestas de todos los sectores sociales en el país.

De acuerdo a esto, se produjo un incremento de 51,88% de las protestas laborales en relación con el período anterior. De estas, 78% se produjeron en el sector público y 22% en el privado, en su mayoría por la defensa del derecho a la contratación colectiva.

Caída del salario real y aumento del desempleo

Según los datos aportados por el informe, y de acuerdos a información facilitada por organismos privados, el salario mínimo no cubre la totalidad de la canasta alimentaria.

Como es sabido, el pasado año el gobierno aumentó el salario mínimo en un 20%, un 10% en mayo y un porcentaje similar en septiembre para ubicarlo en Bs. F 967,oo. Sin embargo, a pesar de ese aumento, para septiembre del año pasado, seguía existiendo un déficit de 47,8%, ya que la canasta alimentaria se ubicaba en ese mes en Bs. F 1.853,19.

Como se puede ver, el aumento otorgado por el gobierno es insuficiente para adquirir la totalidad de los alimentos que una familia promedio venezolana requiere mensualmente.

Por otra parte, el mismo informe, haciéndose eco de datos aportados por el BCV, afirma que en el período se produjo un deterioro del salario real, lo cual quedó evidenciado e la caída del consumo de los hogares que pasó de 18,7% a 7,1%.
Otro dato importante que refleja el informe de Provea, apoyado en datos del INE, es que el número de desocupados pasó en el período considerado de 7.617.894 personas a 8.002.036.

Continúa la criminalización de la protesta obrera

En cuanto a la criminalización de las protestas obreras, 88 dirigentes sindicales fueron víctimas de violación a sus derechos, 473 fueron despedidos por realizar acciones sindicales, tanto en el sector público como en el privado, lo cual evidencia que en ambos se viola la inamovilidad laboral establecida por el gobierno desde el 2002. Además, a 33 dirigentes sindicales y trabajadores se le aplicaron medidas judiciales, el cas más emblemático es el de Rubén González, directivo del sindicato de Ferrominera, quien se encuentra detenido por encabezar una huelga en dicha empresa estatal.

Igualmente, continuó la práctica de los asesinatos de sindicalistas mediante la utilización de sicarios: 46 dirigentes sindicales fueron asesinados en el período, especialmente en el sector construcción por la disputa por puestos de trabajo.

El informe destaca los asesinatos de 2 trabajadores de la transnacional Mitusbishi, por parte de la policía del estado Anzoátegui, los cuales participaban de la toma de la empresa en una protesta por la defensa de cláusulas contractuales violadas por dicha multinacional japonesa.

Injerencia del Estado en los asuntos sindicales y violación del derecho a contratación colectiva

90% de los sindicatos no han podido realizar sus elecciones debido a la injerencia del Estado a través del CNE. El caso más emblemático fue el de la Futpv, en el sector petrolero, en donde las elecciones fueron suspendidas 4 veces.

En realización a las dificultades para discutir los contratos colectivos, el informe destaca el caso del Metro de Caracas, donde después de ser aprobado el contrato por la empresa y el sindicato, una nueva directiva de la empresa decidió anular lo acordado y reabrir la discusión del mismo. Caso inédito en la historia sindical venezolana. Otro caso que se destaca es el del contrato petrolero, postergado debido a las reiteradas suspensiones del proceso electoral de la federación sindical, y el cual, en este momento se encuentra nuevamente suspendida su negociación.

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