Exigimos la instalación de una Comisión Investigadora Independiente que garantice verdad y justicia a las víctimas de la violencia

Por: Partido Socialismo y Libertad (PSL)

En el marco de la actual crisis, el gobierno de Nicolás Maduro, utilizando la Fiscalía y los tribunales, ha detenido al alcalde de San Diego, estado Carabobo, Enzo Scarano y al de San Cristóbal, estado Táchira, Daniel Ceballos. Y ahora la Asamblea Nacional, a través de Diosdado Cabello, destituyó a la diputada a María Corina Machado, sin solicitar el allanamiento de su inmunidad parlamentaria. A Scarano y a Ceballos se les suspendió del cargo de alcalde y se les sentenció a condenas de prisión de 10 y 12 meses respectivamente, por desacatar una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordenaba levantar las barricadas y a garantizar el libre tránsito en su jurisdicción.

Ambos alcaldes están adscritos al partido Voluntad Popular del dirigente político Leopoldo López, quien participó en el golpe y en el paro sabotaje del 2002, el cual nosotros enfrentamos junto a miles en las calles. Además, han participado en la campaña por «la salida», mediante la cual un sector de la MUD llama al derrocamiento del gobierno. Nuestra organización ha denunciado el contenido poco democrático de esa campaña, y hemos planteado que es necesario enfrentar la crisis económica, política y social desde una posición independiente de la MUD y del gobierno, comprometida con la defensa de los derechos económicos y las libertades democráticas actualmente bajo ataque.

Por ello, y más allá de que nos encontramos en posiciones políticas antagónicas con estos funcionarios que representan a los grandes empresarios y a los partidos de la MUD, rechazamos la forma arbitraria en que se les separó del cargo. En estos casos las medidas van dirigidas contra dirigentes de la derecha política, pero sabemos por experiencia propia que el gobierno persigue toda disidencia en el terreno político o social, una orientación que se viene aplicando sistemáticamente en los últimos siete años, con más de cuatro mil activistas sindicales, comunitarios, estudiantiles, indígenas y campesinos encarcelados o sometidos a juicio y medidas cautelares por luchar. Es el caso de Rubén González, los 8 trabajadores de Civetchi presos, o los de Transportes Camila en Guayana, sobre los que pesan medidas cautelares desde hace 7 años. Fue el caso de Sabino Romero y Alexander Fernández, presos entre 2009 y 2011 por acusaciones falsas a través de un juicio amañado, o el más reciente de nuestro camarada José Bodas y otros 9 petroleros detenidos y con medidas cautelares por hacer una asamblea defendiendo su contrato colectivo en la Refinería de Puerto La Cruz.

Los trabajadores, los activistas de las comunidades, los luchadores campesinos e indígenas, tenemos que rechazar esta orientación de criminalización de la protesta y persecución de la disidencia política, pues somos quienes sufrimos con mayor rigor su ejecución por parte del gobierno. Ejemplo de ello es el caso de la Zona Educativa de Barquisimeto que acusa de “fascistas” y “desestabilizadores” a maestros de un colegio cuyos estudiantes protestaron trancando una calle a comienzos de marzo.

El gobierno incluso ha creado nuevas leyes que criminalizan diversas formas de lucha utilizadas históricamente por los pueblos, y que convierten el derecho a la huelga y a la movilización en un delito. Mientras tanto, pacta con Fedecámaras, Cisneros y Mendoza, aumenta los precios de los productos de primera necesidad y devalúa la moneda a través del Sicad 2. Este el verdadero rostro del gobierno de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que pese a hacerse llamar socialista está comprometido con los intereses de las transnacionales y el gran capital.

Rechazamos los procedimientos arbitrarios y antidemocráticos del gobierno, pero no por ello metemos las manos en el fuego por la dirigencia política que propugna una campaña por «la salida» en estos últimos dos meses. Para que se haga justicia y se conozcan las responsabilidades de todos los crímenes y asesinatos cometidos desde febrero hasta la fecha por parte de militares, policías, grupos parapoliciales y grupos de choque pro-MUD, exigimos que se conforme una Comisión Investigadora Independiente con la participación de organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas, que investigue las muertes, lesiones y violaciones a los derechos humanos. De igual forma exigimos la anulación de todos los juicios contra personas procesadas por protestar o exigir derechos, exigimos libertad plena para José Bodas y los petroleros con medidas cautelares, para Rubén González, los trabajadores de Transporte Camila, los trabajadores presos de Civetchi, y todos los luchadores obreros y populares sobre los que pesan medidas cautelares.