Exigimos la libertad inmediata del refugiado político Joaquín Pérez Becerra

Sres.
Consulado de Colombia en Caracas, Venezuela
Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela

La detención arbitraria y posterior entrega ilegal a las autoridades colombianas del periodista Joaquín Pérez Becerra por parte del gobierno del presidente Chávez, es un hecho que ha despertado una honda indignación en Venezuela y Latinoamérica.

El gobierno venezolano, violando las leyes de nuestro país y el derecho humanitario, mantuvo a Pérez Becerra incomunicado en las mazmorras de la policía política (Sebin), tenebroso cuerpo represivo responsable de miles de torturas y desapariciones bajo el régimen puntofijista, y luego procedió a deportarlo ilegalmente a un país distinto al de su nacionalidad, evitando de esta manera realizar un proceso de extradición apegado a derecho, en el que el detenido pudiera presentar alegatos en su propia defensa. Pérez Becerra es un refugiado político, sobreviviente del genocidio perpetrado por el Estado colombiano contra los militantes del partido Unión Patriótica en las décadas del 80 y el 90. De acuerdo con declaraciones del presidente colombiano Juan Manuel Santos, a Pérez se le criminaliza por “hacer mala propaganda en el exterior” al régimen de Bogotá, debido a que es director de la página web Anncol, demostrando de esta manera la naturaleza política de la persecución en su contra.

El gobierno venezolano, además de violar los derechos humanos de un perseguido político, intenta justificar sus acciones comparando el caso de Pérez Becerra con las extradiciones del terrorista centroamericano vinculado a la CIA Chávez Abarca y la del capo mafioso peruano Vladimiro Montesinos. De esta manera se legitima la persecución de toda forma de disidencia, con el expediente de la “lucha contra el terrorismo”, y se enmarca en los acuerdos suscritos por Chávez y Santos en agosto de 2010.

Exigimos la inmediata liberación de Pérez Becerra y la suspensión del montaje judicial que se aplica en su contra en Colombia, así como el cese de la política de terrorismo de Estado y criminalización de la disidencia que se aplica en ese país contra dirigentes campesinos, estudiantes, sindicalistas, defensores de derechos humanos, y opositores políticos.

Asimismo, exigimos que el gobierno del presidente Chávez respete los derechos humanos de los refugiados colombianos y de otros países, derogando la política de entregarlos ilegalmente a los gobiernos que los persiguen.

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