Fetraharina exige al gobierno que consulte a los trabajadores antes de tomar decisiones sobre arroceras y otras empresas

El gremio de trabajadores de molinos, plantas trilladoras y similares -que agrupa a empleados de Cargill, Polar, Alfonzo Rivas, Bimbo o Hermo- manifestó su preocupación por las formas y mecanismos utilizados por el Gobierno nacional en las tomas de las plantas procesadoras de arroz, y en particular en la orden de expropiación de la planta de Cargill en Portuguesa.

El gremio de trabajadores de molinos, plantas trilladoras y similares -que agrupa a empleados de Cargill, Polar, Alfonzo Rivas, Bimbo o Hermo- manifestó su preocupación por las formas y mecanismos utilizados por el Gobierno nacional en las tomas de las plantas procesadoras de arroz, y en particular en la orden de expropiación de la planta de Cargill en Portuguesa.

Juan Crespo, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina (Fetraharina) manifestó que «damos apoyo absoluto a la acción gubernamental de hacer cumplir la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria (Lossa) pues estamos en contra de la política de ciertos empresarios inescrupulosos de crear un falso desabastecimiento».

Sin embargo, el dirigente aseguró que «nos preocupa cuando se habla de expropiación, pues en los últimos doce meses hemos firmado 8 contratos colectivos y nos preocupa porque hay trabajadores temerosos por las informaciones surgidas sobre las plantas de Cargill y Polar. Los trabajadores están nerviosos pensando que expropiarán todas las plantas. Hacemos un llamado de conciencia para que se abran mesas técnicas que hagan ver al Gobierno dónde se cumplen las normas, evitando así un proceso traumático para los trabajadores».

Ante la expropiación de la planta de arroz de Cargill y las amenazas presidenciales contra Polar, Crespo indicó que «no queremos que nos agarren fuera de base. Queremos que cuando el Gobierno presuma que una planta no está cumpliendo nos consulten, porque sabemos lo que pasa en las plantas. Antes que el Gobierno tome la medida deben consultarnos, montar mesas técnicas y certificar si la ley se está cumpliendo. En Cargill debió haber una mesa técnica con mecanismos conciliatorios, antes de entrar en el proceso de expropiación. El mecanismo no fue apropiado».

Agrega el dirigente de Fetraharina que «no podemos aceptar arbitrariedades como que estemos en una planta de producción y de repente llega el Estado por la vía de la Ley de Seguridad Alimentaria a expropiar. Pensamos que se puede afectar a los trabajadores, más aún cuando tenemos convenciones colectivas recién firmadas. Los trabajadores se han puesto nerviosos al punto de que piensan que perderán los pasivos laborales (por la expropiación), que le quitarán las ayudas para comprar apartamentos o vehículos. Estas actuaciones generan un caos malamente».

Fetraharina anunció la creación de un frente de trabajadores a escala nacional que vigilará las plantas.

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