Hacia la articulación de una respuesta obrera a la crisis

El estrecho margen por el cual Nicolás Maduro se impuso ante el candidato de la MUD, Henrique Capriles, en las elecciones presidenciales el 14 de abril, abrió una crisis política en el país. El resultado evidenció la configuración de un nuevo panorama político, producto de un crecimiento notorio del voto castigo contra el gobierno en zonas populares que fueran bastión tradicional del chavismo, y generó una situación en la que, pese a obtener una leve mayoría de los votos, el gobierno sufría una derrota política, mientras que la MUD, a pesar de no conquistar la presidencia, se ubicaba claramente a la ofensiva. Alegando que su comando de campaña manejaba un resultado distinto al oficial y que le habría sido escamoteado el triunfo, Capriles exigió la extensión de la auditoría de los comprobantes impresos del voto del 54% al 100% de las cajas.

El resultado, aunque representa la victoria por menor margen en una elección presidencial para el chavismo desde 1998, se enmarca en una tendencia a la disminución en la brecha entre el chavismo y la oposición patronal. En 2006, Chávez obtuvo el 62,84% frente a 36,90% de Manuel Rosales; en las elecciones regionales de 2008, la coalición gubernamental obtuvo 54,9% contra 45% de la derecha opositora; en las elecciones parlamentarias de 2010, el Psuv y sus aliados lograron un 48,13% contra un 47,22% de la MUD; y en octubre de 2012 Chávez se impuso con un 55,07% al 44,31% obtenido por Capriles. El 50,78% obtenido por Maduro, apenas superior al 48,95% capitalizado por Capriles, a escasos meses de la elección de octubre es al mismo tiempo reflejo del proceso de desgaste del gobierno así como una evidencia de su aceleración en ausencia del liderazgo carismático de Chávez.

Es importante destacar que el crecimiento de la votación de una oposición encabezada por dirigentes políticos de derecha, no significa que el electorado esté girando a la derecha, sino que la MUD capitaliza un voto castigo contra el fracaso de políticas económicas y sociales del gobierno que han estado ceñidas al marco capitalista. Y es que si bien en los años posteriores a la derrota del golpe de Estado de abril de 2002 se lograron importantes conquistas en materia social con la implementación de programas asistenciales que atendían graves problemas de los sectores más marginados de la sociedad, las «Misiones» tocaron techo y empezaron a retroceder en su cobertura e impacto a partir del año 2007. Los problemas estructurales de nuestra economía se recrudecieron, su carácter dependiente y monoexportador, la economía de puertos y el excesivo poder del comercio privado, el crecimiento exagerado de las ganancias de la banca privada, el crecimiento desbocado de la especulación y la inflación más alta de América Latina, todos se convirtieron en aspectos fundamentales del legado económico del chavismo. A partir del año 2008 se empezó a aplicar un plan de ajuste que incluyó el aumento del IVA, la liberación de precios de los alimentos, el congelamiento de los contratos colectivos en el sector público, y dos devaluaciones monetarias del 100% y el 46,5% respectivamente. A esto se sumó una importante crisis de los servicios públicos, sobre todo en el sector eléctrico, y una escalada en la criminalización de la protesta social, que ha llevado a centenares de obreros, campesinos e indígenas a enfrentar acciones judiciales promovidas por el Estado por defender sus derechos.

El genuino y legítimo rechazo a estas políticas gubernamentales ha sido capitalizado por la dirigencia proimperialista de la MUD, lo que se constituye en una verdadera tragedia. En ausencia de una alternativa política a la izquierda del gobierno, la MUD ha capitalizado el rechazo a las medidas de ajuste, la corrupción, el clientelismo, el sectarismo y los abusos laborales del gobierno; la ironía reside en que los gobiernos del puntofijismo, de cuyo legado es heredera la MUD, también aplicaron políticas económicas antipopulares, fueron profundamente antidemocráticos, y llevaron la represión a extremos como los ejercidos en El Caracazo. Las alcaldías y gobernaciones bajo control de la MUD ejecutan las mismas orientaciones antiobreras y antipopulares que denuncian en el gobierno. Por su historia, por su horizonte estratégico, la MUD está genéticamente imposibilitada de canalizar los justos reclamos de la población.

En su primera declaración luego de anunciado el resultado electoral, Nicolás Maduro dijo estar en la disposición de aceptar la extensión de la auditoría al 100% de las cajas. Esta posición luego fue desmentida por Diosdado Cabello, quien representa el sector más de derecha en el gobierno, y se impuso una línea de «mano dura» que se expresó en la prohibición de marchar hacia el CNE, agresiones y suspensión del derecho de palabra a los diputados de la MUD, amenazas de destituir a Capriles de la gobernación de Miranda, y amenazas de realizar una cacería de brujas de corte macartista en las instituciones del Estado contra trabajadores sospechosos de no apoyar al gobierno. El gobierno asumió una línea de abierta provocación, buscando escenarios que le permitieran retomar la ofensiva política. Capriles, por su parte, llamó a la población a descargar su furia, y al tiempo que se realizaron cacerolazos bastante masivos, incluso en barrios populares, también se llevaron a cabo atentados contra la vida de militantes de base del chavismo, ataques a sedes del Psuv e instalaciones de Barrio Adentro. La violencia dejó 7 muertos y alrededor de 60 heridos de acuerdo a cifras oficiales.

La MUD agitó a sus bases alegando un fraude electoral del cual en ningún momento presentó pruebas. Cuando el comando de campaña de Capriles publicó un resumen de las 3200 denuncias de irregularidades documentadas por la MUD, no se hacía referencia a inconsistencias en la auditoría del 54% de las cajas realizada el propio 14 de abril. A esto, de por sí muy grave, se añade la presentación de argumentos falaces como cuestionar que en algunos centros de votación Maduro sacara más votos que los obtenidos por Chávez en octubre de 2012 (aún cuando los votos de Capriles aumentaran en una proporción igual o mayor en esos mismos centros, como se pudo constatar). “Nosotros nunca hemos dicho que el candidato Henrique Capriles ganó”, declaró Carlos Ocariz, jefe del comando de campaña caprilista, apenas una semana después de que la MUD alegara que a su candidato le habían robado las elecciones.

Por su parte, el gobierno agitó a la población contra un supuesto golpe de Estado que estaría en marcha, sin que hubiera ningún pronunciamiento militar, llamado a huelga patronal, o siquiera un nivel de violencia en las calles comparable a la presentada en el año 2007 con motivo de la no renovación de la concesión del canal privado RCTV. Se llevó a la población a un nivel de extrema tensión que pudo desencadenar una mayor violencia, en una medición de fuerzas entre bloques políticos burgueses que nada tenía que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo. El Partido Socialismo y Libertad (PSL) declaró que de llegar a presentarse un intento de golpe, lo combatiría junto al pueblo en la calle, tal y como ocurrió en abril de 2002.

La difusión de noticias falsas contribuyó a enrarecer el ambiente. La estatal AVN publicó información sobre 8 Centros de Diagnóstico Integral (CDI) incendiados, pero un informe del SIBCI demostró que, si bien hubo varios ataques, tan solo un CDI en Barinas sufrió daños considerables por incendio. Por su parte, activistas y dirigentes de la MUD difundieron imágenes de destrucción de material electoral correspondientes a elecciones anteriores, dando a entender que el CNE destruía los comprobantes de voto de las elecciones del 14 de abril; también se difundió una foto de la represión en el marco de la revolución egipcia, adjudicándola a la Guardia Nacional.

El PSL, sin dejar de denunciar el carácter antidemocrático de la dirigencia de la MUD y sus manipulaciones, planteó que era legítimo el reclamo de miles de personas que protestaban exigiendo la extensión de la auditoría. Además de constituir un reclamo democrático para disipar las dudas de un sector importante de la población sobre el proceso electoral, más allá del origen de esas dudas, la extensión de la auditoría se erigía como la mejor fórmula para aislar políticamente a los sectores más extremistas y con vocación golpista de la MUD, y enfrentar la fórmula del «gobierno con mano dura», que representa una clara amenaza de regresión en materia de las libertades democráticas. En este sentido, la decisión de extender la auditoría al 46% restante de las urnas se constituye en una conquista democrática de la población y un golpe a los sectores más reaccionarios de la MUD y el gobierno. La decisión del CNE y su acatamiento inicial por parte de Capriles descomprimió la crisis, pero de ninguna manera significa su superación definitiva, mientras que los anuncios recientes de Capriles, los cuales apuntan a un posible desconocimiento de la auditoría que millones de personas exigieron, son una clara advertencia acerca de la orientación antidemocrática de la MUD.

Por un 1ero de mayo que exprese la respuesta de la clase trabajadora a la crisis