Honduras: En canje por retorno de Zelaya, entra a la OEA

Canjeo del retorno de Zelaya, permite a Honduras reingresar a la OEA

Pedro Flores

La Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó este miércoles con 32 votos a favor y uno en contra el reingreso de Honduras al sistema interamericano, luego de 23 meses de suspensión tras el golpe de Estado en 2009 contra el Ex Presidente Manuel Zelaya. Ecuador fue el único país que se opuso a la resolución con una elocuente exposición de motivos.

Durante la reunión, varios cancilleres de la OEA alabaron el retorno del orden constitucional y la regularización de la situación política en ese país, razón por la que se justificaba su retorno. Extrañamente, hace apenas dos meses, esta misma organización rendía un informe que indicaba la continuidad en las violaciones a los derechos humanos y la impunidad sobre los autores del Golpe de Estado. ¿Qué es lo que ha cambiado entonces en los últimos meses?

Más que la superación de las causas por las que Honduras fue retirada de la OEA, La decisión se toma luego de la firma del Acuerdo de Cartagena entre el Ex Presidente Zelaya y el actual Presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa. Una minuciosa revisión de este acuerdo, nos permitirá distinguir, más allá de las resoluciones de la OEA, qué es lo que realmente ha cambiado en este país.

El Acuerdo de Cartagena, firmado el pasado 22 de mayo, fue resultado de la mediación entre los Presidentes de Colombia y Venezuela, que contó con el beneplácito de Zelaya y Lobo. Los aspectos más importantes en el documento se relacionan con el retorno Zelaya y demás exiliados políticos a Honduras; la legalización del Frente Nacional de la Resistencia Popular (FNRP) como partido político; el reconocimiento de la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos como entidad de promoción y protección de los derechos humanos; la voluntad para sostener las reformas constitucionales que dan vida al mecanismo de plebiscito que permita a la población participar en las decisiones políticas; y la formación de una Comisión de Seguimiento compuesta por los cancilleres de Colombia y de Venezuela.

Bajo el amparo de este Acuerdo y con la observación de la comunidad internacional, Zelaya, junto con varios exiliados y exiliadas políticas, pudo regresar al país el pasado sábado 28 de mayo. El acuerdo garantizaba la anulación de todos los juicios elaborados en su contra por la institución golpista y le aseguraba un goce pleno de sus derechos. Básicamente, lo que se ha logrado con este punto, es que la actual administración de Lobo desconociese la decisión que había tomado una autoridad ilegitima producto del golpe de estado.

El resto de los puntos del acuerdo, debe revisarse con mucho cuidado, puesto que en el trasfondo, brinda legitimidad a las figuras políticas anquilosadas en la institucionalidad “demócratica” del país:

Por ejemplo, la legalización del FNRP como fuerza política y su posibilidad de integrar los organismos oficiales en “igualdad de condiciones”, oculta la actual manipulación jurídica que permite que solo 3 de los 5 partidos políticos existentes tengan control dentro del organismo electoral del país; no se sabe, si esa igualdad se refiere a la que ostentan los grupos de poder dentro de los partidos tradicionales, o si se refiere a la que relega al resto de partidos a meras figuras decorativas. Por otro lado, el acuerdo firmado por Zelaya legitima una Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, que fue creada con el inicio de la gestión de Lobo y que hasta la fecha no ha hecho nada por sancionar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han dado en su administración ¿Qué nos haría pensar que con este acuerdo la labor de esta secretaría cambiaría?

Más importante aún, el acuerdo consciente el plebiscito por el cual la población puede convocar a una Asamblea Constituyente, y que fue la razón principal para sacar a Zelaya del país. Ante este cambio de actitud, es necesario recordar que fue el mismo Lobo quien semanas antes del Golpe sugirió un mecanismo de este tipo, pero liderado dentro de la institucionalidad oligárquica del país. Lo mismo puede pasar en este acuerdo que hace alusión a que el Gobierno de Honduras se comprometa a tomar las medidas que estén en el marco de sus atribuciones… con total respeto de las atribuciones legales de los poderes del Estado.

Pero lo más importante, es que el Acuerdo de Cartagena no hace mención alguna al castigo de las personas que ejecutaron el golpe de estado, muchas de las cuales, hoy día, forman parte del actual gabinete de Gobierno. No se reconocen medidas para compensar los daños sobre las familias afectadas por el golpe, así como tampoco se muestra ninguna acción decidida que permita evidenciar la eliminación de las violaciones a derechos humanos que se siguen cometiendo en el país. Entonces, ¿Cómo puede la OEA reconocer que se ha restaurado la democracia y el estado de derecho solamente con la firma de un acuerdo? Debería ser resultados concretos y medibles en materia de derechos humanos y gobernabilidad lo que de pie a la OEA para la valorar la reincorporación de Honduras. Como ha señalado Bertha Oliva, Coordinadora del Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH) “mientras la sociedad hondureña y la comunidad internacional no conozcamos el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, no es ético promover ahora el regreso de Honduras a la OEA”, argumenta, además, “que lo mínimo que debería esperarse es el informe final de la Comisión de Verificación propuesto en el plan de la OEA para Honduras el 4 de julio de 2010 y, también, de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Cartagena”.

Juan Barahona, dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular, indicó en una entrevista en la cadena de noticias Telesur, “que no creemos en los golpistas, son unos mentirosos, dicen una cosa y hacen otra…mientras no veamos el cumplimiento del acuerdo no podemos confiar en ellos”. Y es que esta desconfianza es muy bien fundada, tal como sucedió hace más de un año con la firma del Acuerdo Guaymuras que pretendía ser “otra salida negociada al golpe”, pero que en el fondo solo sirvió para darle legalidad a las elecciones en las que salió vencedor Porfirio Lobo, mientras se quedaba en papel mojado el tema de restaurar el orden constitucional. Con estos precedentes ¿Qué garantía tiene el pueblo hondureño que Porfirio Lobo cumplirá con el resto de los acuerdos ahora que ha entrado a la OEA?