Invitan al estreno del documental “No en nuestro nombre” como parte de la lucha en contra del Arco Minero del Orinoco
Por Laclase.info
Caracas, 14 de julio de 2019.- El próximo lunes 22 de julio, a las 4 de la tarde, en la Sala Cabrujas de la urbanización caraqueña Los Palos Grandes, el Centro de Estudios de la Realidad Latinoamericana (Cerla) y la Plataforma en contra del Arco Minero del Orinoco, aprovechan la conmemoración del día mundial contra la megaminería, para estrenar el documental “No en nuestro nombre”, como parte de la resistencia ante las consecuencias nefastas del llamado Arco Minero del Orinoco.
El Arco Minero del Orinoco es un proyecto de megaminería aprobado en el 2011 por Hugo Chávez como un plan de acción estratégica que engrana un eje extractivista y entreguista alrededor del río Orinoco, que en el norte tiene a la Faja Petrolera y en el sur al Arco Minero. Además, en el objetivo histórico número 3 del llamado Plan de la Patria de 2012, el mismo Hugo Chávez estipuló al Arco Minero del Orinoco, como parte de su legado programático.
Posteriormente, desde el año 2016, ese proyecto de megaminería es desarrollado por el gobierno de Nicolás Maduro a partir del decreto presidencial N° 2.248, que constituyó la zona de desarrollo estratégico nacional “Arco Minero del Orinoco”.
Desde su concepción y en su ejecución, ese proyecto de megaminería, implica un incremento de los territorios del país incluidos en las actividades mineras y la intensificación de la transformación de la naturaleza en mercancía por parte del Estado venezolano y el capital transnacional.
En ese sentido, el Arco Minero del Orinoco expresa el carácter entreguista y antipopular del gobierno de Nicolás Maduro, que define a los pueblos indígenas asentados en esos territorios y a la naturaleza como un objeto sacrificable en beneficio de la acumulación y atesoramiento del capitalismo mundial y local.
Por eso, la presencia y acciones violentas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y grupos armados paramilitares tienen como consecuencia la violación de las libertades democráticas y los derechos humanos de los pueblos indígenas asentados en esos territorios entregados por el Estado venezolano al capital minero transnacional y local.