La “ley de amnistía”, un mamotreto

El 4 de febrero, la mayoría de la Asamblea Nacional, en manos de la coalición opositora de centroderecha, aprobó en primera discusión la “Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional”. El gobierno ha criticado la iniciativa legal, planteando que favorece la impunidad, mientras que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dice buscar objetivos como la “paz social” y la “reconciliación nacional”.

Es llamativo que el gobierno, que ha favorecido sistemáticamente la impunidad a todo nivel, emplee ese argumento para rechazar la ley. No puede negarse que existe persecución política y criminalización de la protesta, pues es notorio que el gobierno ha venido durante los últimos ocho años atacando la protesta social, llevando a juicio y encarcelando a centenares de sindicalistas, dirigentes indígenas, campesinos y luchadores sociales. Con el silencio cómplice de la MUD, el gobierno ha encarcelado y sometido a juicio a indígenas del pueblo Yukpa, el pueblo Wayúu y el pueblo Pemón, ha criminalizado a trabajadores de Pollos Souto, Petrocasa, Quimbiotec, Civetchi, Ferrominera del Orinoco, Sidor, Pdvsa, y muchas otras empresas públicas y privadas. El proyecto de ley elaborado por la MUD no está diseñado para liquidar estos infames juicios que castigan las huelgas y las manifestaciones mediante las cuales se reclaman derechos sociales. Era de esperarse, tratándose de partidos de larga tradición represiva, vinculados al puntofijismo, y que en las alcaldías y gobernaciones donde gobiernan actualmente también persiguen a los que luchan.

Se cubren con la amnistía delitos cometidos desde el año 1999 hasta el momento en que se promulgue la ley, pero el texto legal hace eje fundamentalmente en dos momentos políticos, el golpe de Estado y el sabotaje petrolero de los años 2002-2003, y los hechos relacionados con la campaña denominada “La Salida” impulsada en el año 2014 por un sector de la MUD.

Si bien la amnistía dictada el 31 de diciembre de 2007 por el presidente Chávez cobijó con la impunidad a la mayoría de los empresarios, militares y políticos responsables del golpe de Estado y del sabotaje petrolero, algunos de ellos no fueron beneficiados por haber evadido los tribunales. La presente ley los beneficiaría.

En cuanto a los juicios o condenas que la amnistía se propone anular, hay que distinguir entre al menos tres tipos de delitos. Unos de carácter claramente político, como la participación en protestas, pronunciamientos públicos, emisión de opiniones en redes sociales, o difamación e injuria contra altos funcionarios gubernamentales. Otro tipo de delitos son aquellos que si bien guardan relación con alguna actividad política no son delitos de opinión, como el tráfico de armas y explosivos, cedulación de agentes extranjeros, lesiones no graves, el robo de bienes de las Fuerzas Armadas por parte de militares retirados, entre otros. La ley expresamente excluye de cualquier beneficio a personas acusadas de homicidio o lesiones graves. El tercer tipo de delito son los delitos de corrupción, peculado, fraude, estafa, usura, venta de alimentos vencidos, acaparamiento, y otros semejantes. Sus beneficiarios serían funcionarios estatales y empresarios.

La utilización de testigos anónimos en los juicios, así como de informantes llamados “patriotas cooperantes”, son considerados en el proyecto de ley de amnistía indicios suficientes de persecución política. Por otra parte, también se establece que son beneficiarios de la amnistía aquellos empresarios de la construcción enjuiciados o condenados por estafa, “cuando haya existido una actuación desproporcionada de los organismos administrativos”. Un criterio opaco que serviría para dejar impunes crímenes que nada tienen que ver con actividades políticas.

En conclusión, es una ley que no beneficia a los centenares de trabajadores, campesinos e indígenas criminalizados por el gobierno, se enfoca en garantizar la impunidad del golpe de Estado de 2002 y el sabotaje petrolero, y además beneficia a personas enjuiciadas por corrupción, estafa y venta de alimentos descompuestos. Estamos ante un adefesio legal al servicio de las estructuras partidistas de la MUD y de empresarios y funcionarios ligados a ellas. Es innegable que el gobierno persigue políticamente y criminaliza la protesta y la opinión disidente, pero la MUD ha delimitado la amnistía de tal forma que beneficie tanto a golpistas y corruptos, como a personas perseguidas por su opinión política, mientras que alguien que enfrente un juicio por realizar una huelga en una empresa privada, o por recuperar tierras indígenas, no es beneficiario de la ley.

En relación con los hechos de 2014 en el marco de la campaña por «La Salida», es necesario que se realice una investigación independiente, con la participación de las víctimas, sus familiares, y organizaciones de derechos humanos, para establecer responsabilidades y castigar tanto los asesinatos y torturas por parte de militares, policías, y grupos parapoliciales, exponer a la luz los montajes judiciales y otras maniobras persecutorias, como también para hacer justicia ante los atentados indiscriminados y asesinatos de civiles por parte de activistas de «La Salida».

En los próximos días se someterá la amnistía a su aprobación en segunda discusión. De no excluirse de ella a los golpistas, corruptos y estafadores, y de no incluirse a las víctimas de la criminalización de la protesta social, el movimiento obrero y popular debe rechazarla contundentemente.