La oposición patronal reconoce que un grupo de sus diputados vendieron sus votos al gobierno
Por Laclase.info
Caracas.- 21 de diciembre de 2019.- Según lo establecido en el artículo 219 de la Constitución, el próximo 5 de enero inicia el primer período de sesiones parlamentarias del próximo año y la plenaria de la Asamblea Nacional debe elegir a su junta directiva.
En la oposición patronal se ha abierto una nueva crisis a partir de la agresiva disputa alrededor de la reelección o no del diputado Juan Guaidó como Presidente del parlamento nacional. Dicha disputa reside en la continua pelea que ocurre en el interior de la oposición patronal por los millones de dólares que representa el apoyo político y económico del gobierno de Estados Unidos.
En ese marco, el gobierno de Nicolás Maduro intenta aprovechar esas divisiones a lo interno de la oposición patronal para lograr el control de la Presidencia de la Asamblea Nacional, con la designación en su Presidencia de un diputado de los sectores opositores que en la actualidad se encuentran en la llamada mesita de negociación y diálogo, entre ellos Timoteo Zambrano.
Los jerarcas chavistas han incluido en su ofensiva política autoritaria y corrupta la compra de los votos de diputados y diputadas de la oposición patronal. Eso lo han reconocido dirigentes como Freddy Guevara de Voluntad Popular (VP) y Nicmer Evans del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI). En sus cuentas de Twitter, han aceptado que recibieron sobornos del gobierno de Nicolás Maduro el diputado José Gregorio Noriega de VP y la diputada Kelly Perfecto de MDI.
Al mismo tiempo, el denominado Centro de Comunicación Nacional controlado por la oposición patronal emitió un comunicado para denunciar la llamada Operación Alacrán, que ha implicado la “compra de la conciencia de algunos diputados” de Primero Justicia como Luis Parra, José Brito, Adolfo Superlano, Conrado Pérez y el antes mencionado José Gregorio Noriega de Voluntad Popular.
Nuevamente, un grupo de diputados y diputadas de la oposición patronal son encontrados involucrados en actos de corrupción que surgen de sus constantes negociaciones políticas y económicas con los jerarcas chavistas. Antes fueron los contratos con Odebrecht, la participación en la explotación de minas de oro en el Arco Minero del Orinoco y la red parlamentaria que buscaba impunidad judicial para los empresarios chavistas que hacen negocios con la importación de alimentos de los Clap.
Este nuevo caso de corrupción vuelve a demostrar que el gobierno de Maduro y la oposición patronal son iguales. Por eso es necesario construir una alternativa política independiente del pueblo trabajador que promueva la movilización obrera y popular con demandas concretas como salario igual a la canasta básica y garantía del acceso a los servicios públicos.