La violencia infringe una herida profunda a la lucha sindical

Ciudad Guayana. Domingo, 29 de Mayo de 2011 (Foto William Urdaneta/Archivo).- León Arismendi, profesor de la cátedra de Derecho del Trabajo de la UCV, y Rolando Díaz, investigador del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis) disertan sobre los hechos violentos que han irrumpido en el ambiente laboral de Guayana.

Ciudad Guayana. Domingo, 29 de Mayo de 2011 (Foto William Urdaneta/Archivo).- León Arismendi, profesor de la cátedra de Derecho del Trabajo de la UCV, y Rolando Díaz, investigador del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis) disertan sobre los hechos violentos que han irrumpido en el ambiente laboral de Guayana.

Grave

Para el abogado y profesor de la cátedra de Derecho del Trabajo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) no hay otro adjetivo para describir la oleada de violencia en Ciudad Guayana, específicamente en los portones de las empresas básicas.

“O el Estado respalda a esos grupos (armados) o en definitiva se declara impotente frente a esas actividades y cualquiera de las dos cosas son sumamente graves”, razona León Arismendi.

Y lo señala así porque el Gobierno tiene la obligación, conforme a la Constitución Bolivariana de la República y los convenios internacionales (87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo) de garantizar el libre ejercicio de los derechos sindicales.

Ese compromiso implica tutelar y resguardar los derechos de quienes lo ejercen.

“Que grupos ajenos amenacen a los trabajadores y ocurra lo que está ocurriendo, hace que la responsabilidad recaiga directamente sobre el Estado pues es el Estado el que tiene que impedir que esos grupos actúen como especie de milicia paralela a los órganos estatales”.

Sus comentarios se refieren a los hechos suscitados en las últimas dos semanas en el mundo laboral guayanés. Un primer evento en CVG Bauxilum donde el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alúmina (Sutralúmina), José Luis Morocoima, salió herido luego de que sujetos afiliados al sindicato de la construcción dispararan en el portón y golpearan al dirigente.

Luego la intervención del presidente de CVG Bauxilum, José China, y el enfrentamiento entre dos grupos de trabajadores y, posteriormente, el acompañamiento del presidente de CVG Venalum, Rada Gamluch, de hombres con armas de fuego en el portón 1 de la fábrica.

“No puede ser que en una empresa, porque haya un conflicto, se aparezca un grupo a pretender disuadir a los trabajadores para que cesen en la protesta y mucho menos por la vía de la fuerza”.

Y la gravedad se traduce en el desplazamiento de los mecanismos o instituciones del Estado para resolver conflictos, por el uso de grupos civiles armados. “Ninguna estructura de tipo paramilitar puede pretender actuar en esta relación, de lo contrario el Estado tiene que meterlos en cintura o estaríamos actuando con las leyes de la selva (…) Si no lo hace es porque estaría propiciándolos”.

En cualquier eventualidad -señala- le corresponde a la policía o la Guardia Nacional actuar, se supone que a nombre del interés general, cuando hipotéticamente pudieran estar en riesgo esos intereses generales. Esto está previsto.

¿Cuál institucionalidad?

Arismendi señala que hay un “estatus de colapso total de la institucionalidad” que pudiera estar llevando a un camino sin salida al movimiento de los trabajadores, pues cuando el Ministerio del Trabajo no atiende los pliegos conflictivos, los organismos de investigación desechan las denuncias y se rompe el diálogo social se está llevando a la institución sindical al plano de la ilegalidad.

“La huelga es un derecho que para los trabajadores ejercerlo tienen que seguir un procedimiento, pero ese procedimiento también tienen que cumplirlo los funcionarios del Ministerio del Trabajo, porque no se les puede imputar a los trabajadores las demoras ni la falta de autoridad de la Inspectoría. Esas son normas que los inspectores no pueden desatender y si las desatienden la consecuencia no puede ser que los trabajadores no puedan ejercer su derecho a la huelga”.

Todo esto tiene como finalidad liquidar al sindicato o restarle fuerza a su accionar, reflexiona el abogado. Primero lo hacen mediante la criminalización de la protesta y ahora se reeditan experiencias del pasado cuando se perseguía a los trabajadores.

“Están colocando al movimiento sindical en una situación donde pretenden inhibirlos, paralizarlos en el ejercicio de sus derechos. Eso es particularmente grave”.

Impunidad

Como ejemplo nada más, Arismendi trae a colación el caso del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, quien por participar en una huelga se le imputaron cuatro delitos y estuvo un año privado de libertad.

El caso lo contrasta con los presuntos agresores de Morocoima que tras imputarles agavillamiento, daños graves se les dio una cautelar con régimen de presentación cada 15 días.

“¿Cómo es que unos tipos que le dan unos tiros a un dirigente sindical están sueltos? ¿A qué criterio de justicia se está acudiendo? (…) Esa impunidad se traduce en que los trabajadores no podrían ejercer libremente sus derechos y quien tiene la obligación de garantizar el ejercicio de esos derechos, es el Estado.

Política del miedo

El sociólogo e investigador del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis), Rolando Díaz, más allá de identificar a los autores materiales cree que hay que identificar las circunstancias políticas que han permitido esto.

“Yo creo que la política del Gobierno alentó a grupos violentos para que hicieran vida sindical y paralelismo con el afán de desplazar a la dirigencia que no era disciplinada con el partido de gobierno. Progresivamente fueron adquiriendo, como ocurre en todas partes, vida propia y salen de control, luego son incontrolables políticamente”.

Ese negocio que está detrás de ciertos grupos vinculados a la construcción es casi un tabú en la ciudad. Según datos aportados por la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Venezuela (2002 y 2007) Ciudad Guayana llegó a acumular el 43 por ciento de los casos de sicariato en el sector construcción.

“Aunque esté en el propósito del Gobierno controlarlos, ya le es imposible porque se les escaparon de las manos. Han adquirido poder, tienen armas y es una especie de negocio. Es algo así como lo que ocurre en México con el Grupo Z”.

Detrás de todo se ha generado una economía mafiosa que ha traspasado las fronteras de la construcción hacia el ámbito de las empresas básicas.

“Eso afecta porque ahora, además del riesgo político que tiene ser dirigente sindical, ahora también hay un riesgo de vida. Entonces la actividad sindical ya no sólo es el riesgo, por ejemplo, de aparecer en una lista o que no te den trabajo, sino que puedes perder la vida”.

Organización y unidad

Considera que lo que le ocurrió a Morocoima trasciende del hecho porque el atentado genera miedo y el mensaje de que nadie puede tocarlos.

“No se puede pensar en combatir en el mismo plano, porque primero no se tienen armas. Además porque esa fue una violencia permitida porque las armas ¿quiénes las dieron? Las dio el Gobierno y además la organización, la impunidad, también se las da el Gobierno”.

Con el enfrentamiento de trabajadores contra trabajadores, asevera, se intenta desestructurar la sociedad para imponerse sobre el colectivo.

Rolando Díaz, sociólogo: “¿Cómo es que unos tipos que le dan unos tiros a un dirigente sindical están sueltos? ¿A qué criterio de justicia se está acudiendo?”.

León Arismendi, abogado: “Ninguna estructura de tipo paramilitar puede pretender actuar en esta relación, de lo contrario el Estado tiene que meterlos en cintura o estaríamos actuando con las leyes de la selva”.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *