Las inhabilitaciones son un instrumento para la retaliación política y no para la lucha contra la corrupción

El pasado 16 de septiembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de Leopoldo López, exhortando al Estado venezolano a admitir la postulación del mismo a cualquier cargo de elección popular. Como se sabe, López fue inhabilitado políticamente en el año 2008 por la Contraloría General de la República por irregularidades administrativas cometidas en 1996 con relación a una donación recibida por PDVSA por parte de un familiar suyo, y otra cuando se desempeñaba como alcalde de Chacao en el 2003.

El pasado 16 de septiembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de Leopoldo López, exhortando al Estado venezolano a admitir la postulación del mismo a cualquier cargo de elección popular. Como se sabe, López fue inhabilitado políticamente en el año 2008 por la Contraloría General de la República por irregularidades administrativas cometidas en 1996 con relación a una donación recibida por PDVSA por parte de un familiar suyo, y otra cuando se desempeñaba como alcalde de Chacao en el 2003.

Esta noticia ha sido la comidilla política en el país en los últimos días. No obstante, este caso ha sido tratado desde un punto de vista meramente leguleyo, ateniéndose exclusivamente a las aristas jurídicas del mismo. O, como ha sucedido en la mayoría de los casos, desde posturas superficiales enmarcadas en la disputa partidista que signa al país.

Los socialistas revolucionarios no podemos dejar de fijar una posición clara y con perspectiva de clase sobre este tema. En primer lugar debemos dejar sentado que de Leopoldo López nos separa un mar de diferencias políticas e ideológicas. De hecho, combatimos todos los días sus ideas y posiciones políticas burguesas y proimperialistas. Pero más allá de esto, tenemos una posición muy clara sobre las inhabilitaciones administrativas que dicta el gobierno. Actualmente, unas 400 personas se encuentran inhabilitadas por esta vía. En la gran mayoría de los casos, se ha tratado decisiones teñidas de retaliación política, mediante la cual el gobierno utiliza el aparato administrativo del Estado para sacar de la contienda electoral a sus opositores, violando la Constitución y saltándose olímpicamente las propias leyes burguesas. Por ello consideramos que se trata de una política abiertamente antidemocrática impulsada por el gobierno nacional.

Siempre hemos dicho que en el marco burgués –y Venezuela sin ninguna duda sigue siendo un país capitalista- cualquier restricción a las libertades democráticas, incluso aplicada a sectores de la burguesía, tarde o temprano se devolverá contra los trabajadores y el pueblo. De aceptarse esta aberrante política, se consolidaría un mecanismo que serviría para inhabilitar políticamente a los luchadores obreros y populares que se conviertan en una piedra en el zapato del gobierno, sea este, que se cubre con una verborrea supuestamente socialista, o cualquier otro gobierno burgués. Y no estamos hablando de una situación hipotética. Un ejemplo de esto es el caso de Rubén González, a quien siendo sindicalista de Ferrominera del Orinoco y militante del PSUV, se le hizo preso por encabezar una huelga, o el caso de Orlando Chirino, dirigente obrero despedido ilegalmente de PDVSA por expresar su rechazo al contenido antidemocrático y capitalista de la reforma constitucional propuesta en 2007.

En ese sentido, la Unidad Socialista de Izquierda reivindica el derecho de cualquier venezolano o venezolana a ejercer su legítimo derecho democrático a militar políticamente, y a postularse a cualquier cargo de elección popular, sin ningún tipo de restricciones administrativas. Rechazamos la utilización por parte de un Estado burgués de mecanismos espurios para sacar del juego político a quienes en un momento determinado adversan al gobierno de turno.

Un principio rige esta posición, que asumimos con toda transparencia: la importancia que le asignamos en el marco de las instituciones burguesas a la defensa de los derechos democráticos.

Otro argumento hay que esgrimir contra las inhabilitaciones, y éste tiene que ver con la doble moral del gobierno en el tema de la corrupción.

Es ya una certeza asumida por la mayoría de la población, que hoy la corrupción avanza en un galope desbocado. Siendo candidato, Chávez incluyó la lucha contra este flagelo entre sus ofertas electorales. No obstante, después de casi 13 años de gobierno chavista, no sólo no se castigó a los corruptos del bipartidismo, sino que por el contrario, se sumó una nueva camada de corruptos al saqueo de los recursos públicos. Civiles y militares han contado con total impunidad para enriquecerse con el manejo de la renta petrolera, a tal punto que un nuevo sector burgués ha surgido en esta década larga, al que se conoce popularmente como “boliburguesía”.

Si efectivamente el gobierno estuviera luchando contra la corrupción, debió abrirle un juicio a López, a los demás inhabilitados y a todos los corruptos y boliburgueses. Llevarlos a tribunales y presentar las pruebas para condenarlos. Si López cometió un delito de corrupción no debería estar inhabilitado sino preso.

Precisamente esto es lo que pone en evidencia que el discurso gubernamental es falso, y que las inhabilitaciones sólo han sido un recurso ilegal para sacar del juego político a los adversarios.

En tal sentido, nuestro partido rechaza las inhabilitaciones administrativas como expediente para restringir las libertades democráticas, y exige el levantamiento de estas sanciones a todos los inhabilitados por esta vía, sean éstos militantes de partidos de la derecha opositora o chavistas caídos en desgracia con la cúpula gubernamental.

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