Publicado el: Lun, Jul 9th, 2018

Las mujeres pobres como instrumentos de la política social del chavismo

Por Anais D. López

El proceso constituyente venezolano de 1999 generó grandes expectativas en materia de incorporación y desarrollo de una amplia gama de derechos y garantías para las mujeres en el nuevo texto constitucional. Asuntos sobre los que ya había cierto consenso en la región, como el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, igualdad en el derecho al trabajo y la educación, reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo productivo1, entre otros, fueron incorporados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela refrendada en una consulta popular en diciembre del mismo año.

Si bien es cierto que la Constitución amplió de forma excepcional la cobertura en materia de derechos para promover y garantizar la autonomía de las mujeres en todos los ámbitos de su vida2, con el transcurrir de los años ha sido muy difícil concretarlos por las resistencias dentro del proyecto chavista a incorporar en su agenda política asuntos que son fundamentales pero no «populares» en la sociedad venezolana, como ocurre con muchas de las «cuestiones de género». Por el contrario, lo que se ha venido gestando y consolidando en los últimos 20 años es la radicalización de una ideología maternalista, que exalta el papel de las mujeres, especialmente de las más pobres, como madres y cuidadoras. Aunque tiene cierta racionalidad que las políticas tempranas del chavismo dirigidas a las mujeres se concentraran en las madres pobres, casi 20 años después, no haber desarrollado políticas de género para todas las mujeres y en todos los ámbitos garantizados en la Constitución tiene menos justificación. La hipótesis de este artículo es que, en el marco del proyecto bolivariano, la incorporación y movilización de las mujeres, especialmente de las más pobres, a los programas de política social impulsados por el chavismo, se fundamenta en una lógica paternalista y clientelar, que opera en la práctica como un dispositivo de control que resulta funcional a la permanencia y legitimación en el poder.

La garantía de equidad en el acceso y ejercicio del derecho al trabajo, así como el reconocimiento del trabajo doméstico de las mujeres como trabajo productivo, fueron vistos como una gran conquista para las organizaciones feministas y de mujeres. Por un lado, se reconocían de forma implícita las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo remunerado y, por otro lado, de forma explícita, se abría paso al reconocimiento de que las amas de casa efectúan un trabajo que también genera riqueza y bienestar social. A partir de esta admisión, se crearon las condiciones para que las amas de casa, especialmente las más pobres, pudieran acceder a un ingreso fijo y a todos los beneficios de ley derivados del reconocimiento de su labor. Este ejercicio podía resultar en la práctica emancipador, en la medida en que les otorgaba cierta autonomía financiera a las mujeres en sus hogares.

Desde sus inicios, el proyecto chavista aglutinó a su alrededor un enorme apoyo popular, concentrado territorialmente en los grupos más excluidos de la sociedad venezolana, esto es, en barrios populares y poblaciones rurales a lo largo y ancho del territorio nacional, y han sido estos sectores los principales bastiones del discurso y la política social implementada por el chavismo desde 2003. Esta última se concentra desde entonces en una serie de programas conocidos como «misiones»3, destinados a la atención en materia de alimentación, salud y educación, que con el transcurrir de los años se han ido ampliando para dirigirse a sujetos específicos: las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, los mineros4.

Sin embargo, desde un principio fueron las mujeres más pobres quienes más se vincularon de forma activa en la implementación de estos programas en los sectores populares. Desde entonces, era difícil que pasara inadvertido el peso que tenían las mujeres en la política chavista. Esto es lo que algunas autoras han identificado como la «feminización» del chavismo5, sustentada fundamentalmente en la incorporación de miles de mujeres pobres como sujetos de la política social, pero también como sus principales operadoras en los barrios populares donde habitan.

Desde muy temprano, el proyecto chavista incorporó en sus discursos una interpelación directa a las mujeres más pobres, reconoció su situación de exclusión y se comprometió a sacarlas de la pobreza para incorporarlas de forma plena a la reconstrucción de la nación. Sin embargo, las formas de promover la participación de las mujeres están más cerca de una visión esencialista, que da por sentada su tendencia natural al comunitarismo porque están menos motivadas por un «individualismo egoísta», dado que su papel en la familia y su responsabilidad de proveedoras las predisponen al activismo popular y al trabajo comunitario. En Venezuela, esta forma de entender la participación de las mujeres ha sido una constante durante los últimos 20 años: en tanto que «comunitarias naturales», se deposita en ellas el trabajo voluntario como parte activa en la política de base popular.

Desde una perspectiva feminista, esta forma de promover la participación de las mujeres es problemática, en tanto que, por un lado, no atiende demandas históricas en materia de derechos y garantías de equidad y, por otro lado, no es definida colectivamente por las propias mujeres. En este caso, desde el Estado se definen los intereses de las mujeres y el espectro de libertad en que pueden perseguirlos. Si bien se incentiva el empoderamiento de las militantes de base, al mismo tiempo se las encasilla como trabajadoras afectivas definidas por sus funciones en la esfera privada: abuelas, madres, tías, hijas; es decir, siempre se las clasifica en función de un vínculo filial. Así, en la esfera de «lo popular», es decir del activismo de base, predomina una lógica de la participación que no transforma necesariamente relaciones de dominación, sino que más bien se aprovecha de ellas en nombre de la autogestión y el comunitarismo.

En el caso venezolano, el papel de las mujeres pobres para el proyecto chavista es clave en tanto se apela a ellas para sostener el cuidado de los hijos, pero también de la comunidad. Poco o nada se formula en clave de política pública para garantizar los derechos de las mujeres para sí mismas o de la agenda de derechos y garantías inscripta en la Constitución. En este sentido, nos parece importante señalar el contraste que existe entre la autonomía y la libertad real de las mujeres y el reconocimiento discursivo que estas han tenido durante el proceso bolivariano. Es decir, aunque se reconozca discursivamente a las mujeres y se exalte su papel en la Revolución Bolivariana, aunque Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro se hayan declarado feministas, esto no ha contribuido de forma sustantiva a un cambio subjetivo, y mucho menos material, de las condiciones de vida de las mujeres, por ejemplo, respecto de problemas como las altas tasas de embarazo adolescente, la penalización del aborto y el crecimiento alarmante y sostenido de la mortalidad materna, además de la violencia de género.

En Venezuela, las llamadas «políticas de género» han sido fundamentalmente un conjunto de programas sociales para contener la pobreza, dirigidos a mujeres-madres. Esto en sí mismo no es cuestionable porque ante la histórica deuda social existente en el país, los programas de transferencia de ingresos para la contención de la pobreza son necesarios; el problema reside en que todas las políticas se han limitado a este objetivo, y en un contexto de crisis económica se descarga en las mujeres la responsabilidad asociada a la administración y el cuidado en condiciones precarias. Por ejemplo, la Misión Madres del Barrio6, cuya razón de ser estaba fundamentada en el reconocimiento de las tareas domésticas como trabajo productivo, tal y como lo establece la Constitución, y que se planteaba en su diseño como un programa de capacitación y promoción de la independencia de las mujeres, ha venido a ser sustituido por la Misión Hogares de la Patria, que solo se limita a una transferencia dineraria mensual7.

Este tipo de programas sociales, presentados como «política de género», ponen en escena la cuestión de la extensión social del rol maternal y liberan al Estado de la responsabilidad de garantizar el cuidado y el bienestar de las mujeres; confinan así a las más pobres a la esfera del espacio doméstico ahora exaltado por el Estado, en el contexto de las comunidades que habitan. Como señala Cisneros:

Hasta ahora, se ha explotado el levantamiento de la moral de las bases en versiones de culto sexista cuyos principios se alejan de lenguajes emancipadores. Los discursos que se dirigen a fortalecer el perfil de una supuesta mujer guerrera, madre y trabajadora sin descanso, a la cual se le exige entrega, amor y dedicación en el ámbito público y privado, le ofrecen la incorporación al cuerpo de la nación en tanto paridoras.8

La maternalización de la mujer por parte del Estado y por otras mujeres, operadoras de las políticas públicas, es la forma más eficaz de mantener inalteradas sus condiciones de sujeción, en la medida en que se manifiesta no tanto como coerción externa, sino como impulso innato en cada mujer, lo que le da al Estado la oportunidad de operar sobre ese sentimiento, sobre ese afecto de las madres, y explotarlo en favor de su proyecto. Y esto ha sido llevado al límite en el gobierno de Maduro. En marzo de 2015, la Unión Nacional de Mujeres, organización creada por el gobierno nacional para agrupar y tutelar todas aquellas instancias creadas por el propio gobierno nacional como misiones, organizaciones políticas y organizaciones de mujeres vinculadas al chavismo, convocó a la realización de un Congreso Venezolano de Mujeres9 y estableció los «retos» de la mujer venezolana, en los siguientes términos:

Tenemos el compromiso con la Revolución Bolivariana y nuestro líder, a colocarnos a la vanguardia del movimiento popular organizado, en este espacio unitario que nos convoca para que con la fuerza amorosa de la mujer revolucionaria nos pongamos al frente de la defensa de soberanía nacional.Rebeca Madriz, viceministra de Igualdad de Género y No Discriminación.

Las mujeres deben tener en la agenda de la plataforma unitaria garantizar la paz a todo el pueblo venezolano, y garantizar este año la victoria frente a las próximas elecciones de la Asamblea Nacional.Héctor Rodríguez, entonces vicepresidente del Área Social.

Las mujeres patriotas y revolucionarias están comprometidas con defender, preservar y profundizar el legado del Comandante Eterno, Hugo Chávez Frías. En este sentido, apoyamos de forma irrestricta al compañero Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros, frente a cualquier escenario y en cualquier circunstancia.Programa de Lucha de las Mujeres Patriotas y Revolucionarias. Documento Base para el Debate.10

Las participantes de este congreso eran mujeres vinculadas a y/o dependientes de diversas estructuras controladas por el gobierno nacional: trabajadoras del Ministerio de la Mujer y sus instituciones adscritas, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (psuv) y beneficiarias de misiones sociales como Madres del Barrio. Este documento estaba ya de hecho formulado antes de la realización del congreso y solo fue distribuido para su validación y apoyo irrestricto. Toda esta apelación al patriotismo funciona en la práctica como una forma y un medio de coacción de las mujeres pobres para que revaliden su compromiso con la defensa del «legado del presidente Chávez», lo cual tiene la clara intención de legitimar el liderazgo de Maduro en un país donde 51% de las mujeres no posee ingresos propios, con la excepción de los que puedan obtener por la vía de algún subsidio de los que oferta el Estado11. Así, este tipo de estructuras y agrupamiento de las mujeres más vulnerables funciona en la práctica como un dispositivo de control y manipulación sobre la base de sus necesidades más básicas. Un ejemplo extraordinario de la forma en que se concibe a la mujer en las políticas oficiales queda en evidencia en las palabras de la coordinadora del Programa Soy Mujer en 2016: «El programa Soy Mujer me lo puso el presidente [Maduro] en las manos (…) más que para la mujer, para la familia, para la mujer criadora que puede trabajar desde su casa (…). Cuando una dice soy mujer, es como decir soy hogar, soy familia para que la mujer desde su casa con su familia pueda desarrollarse»12.

En su diseño, se lo concibe como un programa para la incorporación de mujeres en situación de pobreza mediante el financiamiento de emprendimientos productivos. Sin embargo, los límites de ese programa, como otros que ha ensayado el gobierno bolivariano, terminan siendo una transferencia monetaria directa que permite la asociación de mujeres de sectores populares para el desarrollo de pequeñas iniciativas vinculadas a la manufactura de dulces y comida, así como la oferta de servicios como manualidades o estética para las mujeres. ¿Qué lógica emancipatoria puede reivindicarse en este contexto?

En el marco de la profunda crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela desde 2013, esta exaltación de la centralidad de las mujeres madres contrasta duramente con los indicadores referidos a esta materia, como por ejemplo el de la mortalidad materna13. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (oms), la razón de mortalidad materna mundial se ha reducido en alrededor de 44% entre 1990 y 2015. Según las cifras del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en Venezuela, durante el mismo periodo, la tasa de mortalidad materna aumentó 52,61%. Si se saca la misma cuenta, pero con datos del año 2016, esta tasa aumentó 90,52%.

De acuerdo con el informe «Sala situacional para la erradicación de la mortalidad materna» (2017), las cifras no solo no han descendido en la última década sino que muestran un dramático incremento, especialmente en los últimos cuatro años, agudizado por la crisis económica que, sin lugar a dudas, impacta en el sistema de salud público en el que atiende la mayoría de las mujeres sus embarazos. Hasta 2013, la razón de mortalidad materna se mantenía más o menos estable: para ese año el indicador estaba en 68,66. Es decir, por cada 100.000 nacidos vivos, ocurrían 68,66 defunciones maternas. En los tres años siguientes esta cifra no ha parado de subir. Para julio de 2016, la razón de mortalidad materna se ubicaba en 112,29. Es decir, aumentó 63,5% en apenas 36 meses. La más baja es la correspondiente a 1998, el indicador tuvo varios picos siempre altos y se mantuvo alrededor de 60 por cada cien mil.

En julio de 2017, muchos meses después de que diversas organizaciones de mujeres, médicos y personal hospitalario encendieran las alarmas sobre esta situación, el propio presidente Maduro anunció la implementación del Plan Nacional de Parto Humanizado, cuyas prioridades serían las siguientes:

El Plan Nacional de Parto Humanizado fue activado el 11 de julio pasado y contempla entre sus objetivos atender en su primera fase a 900 mujeres en proceso de gestación a través de la formación de un total de 10.000 promotoras comunitarias, con el propósito de orientar a las 500.000 gestantes que se registran anualmente en el país.14

Es decir que, para el gobierno nacional, el problema de la mortalidad materna pasa por «humanizar el parto», impulsando «promotoras comunitarias» que acompañen a las mujeres en sus lugares de residencia, y no por garantizar condiciones materiales mínimas para que estas puedan desarrollar sus embarazos sin mayores contratiempos, como el acceso a una alimentación balanceada y a suplementos nutricionales, controles regulares, exámenes, medicamentos e insumos durante todo el embarazo.

En enero de 2018, en un contexto ya abiertamente hiperinflacionario, el Poder Ejecutivo nacional anunció el otorgamiento de un bono de protección para las mujeres embarazadas, con una asignación monetaria algo inferior a un salario mínimo legal durante la gestación y poco más de dos ingresos mínimos legales en el momento del alumbramiento. Esta política ha desatado severos cuestionamientos al gobierno nacional por parte de organizaciones de mujeres independientes y estudiosos en la materia, que han señalado abiertamente que, sin políticas de atención, prevención y cuidado de todas las mujeres, las transferencias directas no resolverán el problema estructural de las altas cifras de mortalidad materna, atravesado no solo por la ausencia de políticas y la resistencia del gobierno a reconocer estos problemas, sino además por la severa crisis económica y humanitaria en materia de alimentación y salud en la que se encuentra buena parte de la población, de la cual poco más de la mitad son mujeres.

Estos datos son por sí mismos alarmantes y dan cuenta de las dificultades del Estado venezolano para encarar un problema que supone un limitación temprana para el desarrollo de las niñas y jóvenes que, al convertirse en madres a temprana edad, se ven prácticamente inhabilitadas para emprender proyectos de vida propios más allá de la administración de la maternidad. Esto es el resultado de la ausencia absoluta de una política en materia de educación sexual y acompañamiento a las y los jóvenes en este tema desde la educación, a pesar de que esto es un derecho y un mandato constitucional.

En el análisis de la política pública, lo que no se hace también puede ser interpretado como acción, y en ese sentido bien podríamos plantear que esta desatención del gobierno venezolano a los problemas señalados anteriormente es intencional. Aunque es una hipótesis difícil de comprobar, lo que sí parece evidente es que esta inacción del Estado venezolano en materia de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres más pobres le resulta por lo menos funcional. La orientación de la política pública dirigida a las mujeres ha sido tratada solo desde el enfoque asistencial por la vía de subsidios, donaciones y programas de empleo a tiempo determinado, que al cabo de una década no solo han reforzado los niveles de vulnerabilidad y dependencia de las mujeres, especialmente de las más pobres, sino que han conformado al mismo tiempo una red clientelar que usa y explota sus necesidades en favor del poder que ha concentrado a lo largo de casi dos décadas el gobierno venezolano.

Fusionar «mujer» y «familia» resulta extraordinariamente conveniente y rentable en términos de beneficios y reducción de los costos que supone tratar los problemas de manera conjunta, dado el papel fundamental que las mujeres representan en materia de cuidados, especialmente de hijos y personas mayores. Así, el Estado tradicionalmente echa mano de programas destinados a la mujer, cuyo impacto calculado pasa por el beneficio directo que esto supone para las familias y le permite mejorar sus indicadores sin necesidad de preocuparse por la situación de las mujeres en sí.

En Venezuela hubo condiciones, tiempo y recursos suficientes para haber construido una institucionalidad de género sólida, capacitada para atender necesidades, pero también para promover iniciativas que les permitieran a las mujeres transitar hacia la conquista de su autonomía en diversos órdenes, pero fundamentalmente en los ámbitos económicos, físicos y de toma de decisiones. Si eso se hubiese logrado, Venezuela tendría hoy quizás una generación de mujeres jóvenes con horizontes más amplios que la maternidad como destino único de llegada. Ahora el país y sus instituciones se encuentran en una situación tan precaria que de lo que se trata es de evitar más muertes de mujeres por razones asociadas a su sexualidad, por un lado, o limitadas a la sobrevivencia. En la medida en que esta situación no se solvente, y que el Estado no pueda garantizar un piso mínimo de condiciones materiales de vida, difícilmente podrán recuperarse las posibilidades de que lo establecido en la Constitución bolivariana se materialice.

Notas

1.- El artículo 88 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: «El Estado garantizará la igualdad y la equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley». Sobre la base de este artículo, en 2006 se creó la Misión Madres del Barrio; sin embargo, en los hechos, esta misión solo se limitó a la transferencia dineraria de 80% de un salario mínimo legal sin beneficios laborales de ningún tipo. Por otra parte, el Estado venezolano, a efectos de sus indicadores laborales, sigue registrando los quehaceres del hogar como inactividad económica.

2.- La autonomía significa contar con la capacidad y condiciones concretas para tomar libremente las decisiones que afectan sus vidas. Para el logro de una mayor autonomía se requieren muchas y diversas condiciones, entre ellas, la liberación de las mujeres de la responsabilidad exclusiva por las tareas reproductivas y de cuidado, lo que incluye el ejercicio de los derechos reproductivos, el fin de la violencia de género y la adopción de todas las medidas necesarias para que las mujeres participen en la toma de decisiones en igualdad de condiciones. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe: «Autonomías», disponible en https://oig.cepal.org/es/autonomías.

3.- Las misiones bolivarianas del gobierno de Venezuela comprenden programas para luchar contra la pobreza y la pobreza extrema, programas de educación, alfabetización, consultas médicas gratuitas y acceso a créditos subvencionados para la adquisición de viviendas, además de programas culturales, científicos, políticos, dedicados a los derechos indígenas y medioambientales. Para conocer en detalle, v. www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2014/09/misiones-sociales1.pdf.

4.- Vale la pena aclarar que todos estos programas se constituyeron de forma paralela a las instituciones del Estado venezolano, como los ministerios y organismos que ya existían para atender los problemas relacionados con la salud y la educación. En su momento, el presidente Chávez argumentó que esta institucionalidad paralela se integraría de forma progresiva a la estructura del Estado y que las misiones eran una estrategia para atender la deuda social sin tener que lidiar con trabas burocráticas. Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió, o al menos no en su totalidad. A la fecha, luego de 17 años, las misiones sociales, si bien han sido incorporadas a la estructura del Estado, siguen siendo manejadas como programas focalizados de subsidios y transferencias dinerarias directas.

5.- En los términos en que lo plantea Anyely Marín Cisneros, «la feminización del chavismo es el efecto de identificación masiva de las mujeres producto de la modulación de la afectividad, del llamado directo a su rol de madres y del requerimiento de proyectar en la polis su (supuesto) don de ternura y amor». A. Marín Cisneros: «En el útero de la política» en La cl@se.info, 10/3/2014.

6.- La Misión Madres del Barrio se orienta al apoyo a las amas de casa que se encuentren en estado de necesidad a través de la preparación técnica y la formación para el trabajo, con el fin último de superar progresivamente el estado de pobreza en el marco del desarrollo comunitario. De igual manera, este programa contempla la incorporación de otros programas sociales y misiones, el acompañamiento comunitario y el otorgamiento de una asignación económica. Son beneficiadas mujeres que desempeñan trabajos del hogar; que tienen personas bajo su dependencia (hijos, padres u otros familiares), cuya familia no perciba ingresos de ningún tipo o que perciba ingresos inferiores al costo de la canasta alimentaria.

7.- La Misión Hogares de la Patria fusiona la Gran Misión Hijos de Venezuela, la Misión Niño Simón, la Misión Niños de la Patria y todos los planes dirigidos a la protección del niño y la madre, y es coordinada por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.

8.- A. Marín Cisneros: ob. cit.

9.- «Congreso Venezolano de Mujeres: Comienzo de la unión de las mujeres venezolanas» en Prensa Min Mujer, 6/3/2015.

10.- «Congreso Venezolano de las Mujeres. Documento Base para el Debate», disponible en www.prensaindigena.org/web/pdf/Congreso%20Venezolano.pdf.

11.- Esther Pineda: «Venezuela y la maternidad obligatoria» en ContraPunto.com, 11/10/2017.

12.- Entrevista a Zulay Aguirre en Unión Radio, disponible en http://unionradio.net/madre-de-robert-serra-lo-recuerda-a-tres-anos-de-su-fallecimiento/.

13.- Se considera mortalidad materna la muerte de la mujer a causa de su embarazo o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de este, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

14.- A. López Caldera: «La mortalidad materna en Venezuela: un crimen de Estado contra las mujeres» en Aporrea, 6/12/2017.

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