Los empleados públicos le doblegaron el brazo a la presidenta Bachelet

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, debió ceder anoche y otorgar un aumento del 10 por ciento a los empleados públicos, después de cuatro días de huelga que generaron serios problemas en la atención de los hospitales y en la recolección de basura, principalmente, en las mayores ciudades del país. Unas horas después de que la Cámara baja rechazara masivamente (con apenas 4 votos a favor entre 120 diputados) la oferta de aumento de 9,5%, el Senado aprobó a última hora de anoche una nueva oferta del gobierno para llevar el incremento salarial al 10% más dos bonificaciones.

Después de esta torcedura de brazo al gobierno, el sector público anunció que depondría las medidas de fuerza, pero de cualquier manera dos dirigentes gremiales aclararon que la propuesta oficial no satisface sus demandas, que contemplaban un ajuste salarial de 14,5%.
El titular de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, aclaró que «aquí no hay un acuerdo», pero explicó que la huelga cesaría, al menos ahora, ya que se había logrado llegar a los dos dígitos de aumento: «Creemos que hemos tenido un éxito en ese sentido y en que este reajuste sea para todos y no diferenciados como quería el gobierno», sostuvo.

En la misma línea, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez, destacó que «éste no es un acuerdo con los gremios» sino entre el Ejecutivo y el Legislativo, aunque destacó la firmeza de la lucha sindical: «Por supuesto que no es lo que nosotros esperábamos, pero queremos decir que no se habría podido llegar (a la propuesta del 10%) sin lo que hicimos», destacó.Martínez dijo que hoy, viernes, los empleados públicos realizarán asambleas para informar sobre los alcances del nuevo proyecto de ley, que ahora debe volver a la Cámara baja para ser sancionado.

Unos 10.000 manifestantes se habían reunido en las afueras del Parlamento en Valparaíso para seguir de cerca la votación. Los trabajadores insistían en que la inflación anual fue 9,9% y, por eso, cualquier cifra inferior sería un retroceso en el poder adquisitivo. Unos 400.000 empleados públicos acataron el paro. Más de 3.000 cirugías fueron suspendidas en hospitales públicos y 800 toneladas de basura se acumulan en las calles de Santiago, dos de los efectos del conflicto. En el plano político, la protesta laboral provocó divisiones en la coalición de gobierno luego de que algunos parlamentarios oficialistas votaron contra el proyecto del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, exigiendo un reajuste de dos dígitos.