Los trabajadores pierden con el modelo económico del chavismo

Hemos dicho anteriormente que el gobierno de Chávez está sumido en una profunda crisis, que se expresa en distintos aspectos, uno de ellos, sin duda, es el económico. A primera vista, el gobierno pareciera ser una nave al garete en este ámbito, pero una mirada más detenida evidencia que si algo tiene claro en este terreno es la decisión de descargar la crisis sobre los hombros de los trabajadores.

Hemos dicho anteriormente que el gobierno de Chávez está sumido en una profunda crisis, que se expresa en distintos aspectos, uno de ellos, sin duda, es el económico. A primera vista, el gobierno pareciera ser una nave al garete en este ámbito, pero una mirada más detenida evidencia que si algo tiene claro en este terreno es la decisión de descargar la crisis sobre los hombros de los trabajadores.

En el 2009, ante los embates de la crisis económica en Estados Unidos, el gobierno se quitó la máscara y aplicó un plan de ajuste con devaluaciones, aumento del IVA, congelamiento de los contratos colectivos, liberación de los precios de los alimentos, bajando las regalías de las transnacionales petroleras, y otras medidas regresivas que buscaban hacer pagar la crisis capitalista a los trabajadores. Hoy, sin una política clara y definida, deambula defensivamente, recluido casi exclusivamente en la muy publicitada Misión Vivienda, como único argumento de cara a las elecciones del 2012.

Hace rato que el gabinete económico fue vencido por la inflación, la cual se ubicó en 18,6% al concluir los primeros 8 meses del año, haciendo de Venezuela el país con la inflación más alta de América Latina. El fantasma del desabastecimiento sigue rondando los anaqueles de bodegas y supermercados, mientras que el país se sumerge en un mar de importaciones, haciéndolo más vulnerable y dependiente del petróleo, de cuya exportación se obtienen hoy 95 de cada 100 dólares que ingresan al país, contra 68 que entraban a las arcas del tesoro en 1998, año del triunfo electoral de Chávez.

Sin duda, el tema económico va a estar cada vez más en el tapete del debate nacional. Tanto por la proximidad de las elecciones presidenciales, como por el impacto negativo que necesariamente tendrá la crisis del capitalismo mundial sobre nuestra economía. Ante esto, los trabajadores y el pueblo debemos estar atentos para levantar nuestra voz, y presentarle al país una alternativa política y económica, que nos saque de las profundidades en las que nos ha hundido la continuidad de un modelo capitalista extremadamente dependiente.

En ese marco, el informe del BCV presentado recientemente pone al descubierto la verdadera faz de un gobierno que se autotitula rimbombantemente socialista, pero que en realidad favorece a los sectores más poderosos del capitalismo, mientras arruina el bolsillo de las grandes mayorías populares.

Ciertamente, las Misiones tuvieron un impacto positivo en la situación social de millones de personas pertenecientes a los sectores más pobres del país. Puestas en práctica a partir del 2003, gracias al triunfo de la movilización popular contra el golpe y el paro sabotaje petrolero, fueron presentadas como medidas transitorias mientras se acometían transformaciones estructurales en el Estado venezolano, y en virtud de ello se constituyeron en una esperanza de redención social para el pueblo venezolano. No obstante, casi una década después, estas se encuentran en crisis, postradas económicamente, como el mismo gobierno ha tenido que reconocerlo para el caso de Barrio Adentro, la más emblemática de todas. Mientras que la promesa de cambios estructurales quedó como una de las más grandes estafas políticas que ha sufrido el pueblo venezolano en toda su historia.

El efecto positivo de aquellos programas sociales se ha diluido a lo largo de los años, mientras que simultáneamente la distribución de la renta entre los patronos y los asalariados se ha hecho más regresiva, favoreciéndose al capital en detrimento de los trabajadores y profundizándose la desigualdad. Las cifras lo atestiguan. En la actualidad, el 20% de los hogares más ricos se apropia del 45,56% del ingreso; 40% de los hogares más pobres se apropia del 15,1% del ingreso, mientras que el 20% de los hogares más pobres sólo se apropia del 6,1% del ingreso, según datos aportados por el economista Manuel Sutherland. Esto demuestra que el actual gobierno ha favorecido la profundización de la explotación capitalista en nuestro país.

Por otra parte, se ha profundizado la transferencia de recursos al conjunto de la burguesía nacional. Esto se pone en evidencia en el hecho de que en la actualidad el sector privado, incluyendo a los nuevos ricos “boliburgueses” amparados por sus negociados con el Estado, aporta el 70% del PIB contra 30% del sector público. En 1999, al primero correspondía un 65% y al segundo el 34,8%. Lejos de la mitología del «capitalismo de Estado» al que supuestamente estaríamos dirigiéndonos, se ha profundizado el control de la economía por parte de empresarios y patronos privados, y esto a pesar de que el Estado controla la principal industria del país, la cual genera el 94% de las exportaciones. Lo que queda claro es que esto no ha sido óbice para que en nuestra economía capitalista el grueso de esa renta termine en manos de la burguesía local y transnacional.

De las distintas fracciones de la burguesía, las que más se han beneficiado de las políticas económicas del actual gobierno son la banca (9% de crecimiento en el pasado semestre) y el comercio importador (6,8%), de tal modo que podemos afirmar que la gestión del presidente Chávez, más allá de la retórica “socialista” y de los afiches del Ché en las instituciones públicas, se apoya en las fracciones de la burguesía menos productivas y especuladoras del capitalismo. Así como también en el sector de las telecomunicaciones, uno de los más transnacionalizados de nuestra economía, cuyo mercado es controlado mayoritariamente por las multinacionales Movistar (Telefónica) y Digitel (TIM). Este sector creció 6,2% en el semestre pasado, y lleva 30 trimestres consecutivos de crecimiento.

Otro sector en el que se evidencia la entrega que el actual gobierno hace de nuestros recursos, y en este caso también de la soberanía del país a las trasnacionales, es el petrolero.

El gobierno de Chávez, mediante un malabarismo digno de un ilusionista circense, convirtió la entrega del petróleo a empresas extranjeras en una “nacionalización”. Si bien ya era chucuta la nacionalización de Carlos Andrés Pérez, la cual dejaba abierta la ventana a las multinacionales petroleras a través del artículo 5 de la Ley de Reconversión, en el que se establecían los convenios operativos, el gobierno de Chávez llevó la entrega de nuestra soberanía a un nuevo y vergonzoso nivel.

Mediante los contratos que establecen las empresas mixtas, las trasnacionales que ejecutaban los convenios operativos, por obra y gracia del «nacionalismo» chavista, se convirtieron en socias de uno de los negocios más lucrativos de planeta, adquiriendo el 40% de las acciones en asociación con PDVSA, e incorporando a sus libros contables ese porcentaje de los yacimientos que explotan.

En suma, este gobierno ha hecho más ricos a banqueros e importadores, así como a las transnacionales de las telecomunicaciones y petroleras, mientras castiga a los trabajadores y el pueblo con devaluaciones monetarias, IVA, aumento de precios de alimentos, y negándose a discutir contratos colectivos, como es el caso de los servidores públicos, que tienen 7 años sin contrato, o a los petroleros que les viola el 80% del convenio colectivo.

Los empresarios nacionales y extranjeros controlan una tajada cada vez mayor de la economía. Banqueros, importadores y boliburgueses se enriquecen, y la economía “crece” a favor de empresarios y transnacionales. Mientras tanto, de una Población Económicamente Activa de 13 millones, 7 millones se encuentran desempleadas o en el sector informal; un millón y medio a penas gana salario mínimo; 5 millones ni siquiera ganan lo suficiente para cubrir la canasta básica.

Estas cifras demuestran que el modelo que se ha implementado en Venezuela no es socialismo, ni del siglo XXI ni de ningún otro siglo. La verdadera revolución está por hacerse, y nuestro partido le plantea a las organizaciones obreras y populares un proyecto fundamentado en la recuperación de la soberanía petrolera, que incluye el establecimiento de un salario mínimo igual a la canasta básica y una escala móvil de salarios, así como la reactivación de las industrias básicas y las cementeras bajo control democrático de los trabajadores, entre otras medidas urgentes.

*Secretario general de la Unidad Socialista de Izquierda

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