Maduro y la MUD: un acuerdo para descargar la crisis sobre el pueblo
(Foto: Cocchiola y Maduro. Crédito: @caporamirez) La reunión del 18 de diciembre entre el presidente Maduro y una delegación de alcaldes adscritos a la MUD retrató la hipocresía y mediocridad de la dirigencia de los dos bloques que vienen hegemonizando la política nacional desde hace más de una década. Millones de venezolanos vieron con perplejidad cómo los políticos acusados por el gobierno de formar parte de una “trilogía del mal”, de haber “saboteado la industria eléctrica”, o incluso de estar ejecutando actualmente un sabotaje económico a gran escala diseñado en EEUU (!), se abrazaban y debatían en términos cordiales con un Presidente cuya legalidad la MUD cuestionaba apenas dos semanas antes, cuando llamaba a imprimirle un carácter plesbicitario a las elecciones municipales.
(Foto: Cocchiola y Maduro. Crédito: @caporamirez) La reunión del 18 de diciembre entre el presidente Maduro y una delegación de alcaldes adscritos a la MUD retrató la hipocresía y mediocridad de la dirigencia de los dos bloques que vienen hegemonizando la política nacional desde hace más de una década. Millones de venezolanos vieron con perplejidad cómo los políticos acusados por el gobierno de formar parte de una “trilogía del mal”, de haber “saboteado la industria eléctrica”, o incluso de estar ejecutando actualmente un sabotaje económico a gran escala diseñado en EEUU (!), se abrazaban y debatían en términos cordiales con un Presidente cuya legalidad la MUD cuestionaba apenas dos semanas antes, cuando llamaba a imprimirle un carácter plesbicitario a las elecciones municipales.
El gobierno logró salir relativamente airoso el 8 de diciembre, al obtener la mayoría del voto popular, pero no deja de encontrarse ante una importante crisis económica y social, luego del fracaso de 14 años de políticas capitalistas que han profundizado nuestra dependencia monoproductora. Esta situación quedó reflejada en el tono de la reunión, en la que las autoridades alineadas con la MUD se limitaron a exigir algunas asignaciones de recursos, la devolución de competencias municipales asignadas a figuras administrativas paralelas, o en palabras de Antonio Ledezma, «recuperar la gobernabilidad».
Maduro, por su parte expresó que el sentido de la reunión era el de “llamar a la paz”, en el marco de un “debate nacional” sobre un aumento al precio de la gasolina. Los problemas que padece el pueblo trabajador estuvieron ausentes: nadie mencionó el descalabro de los salarios, la violación permanente a los derechos de los trabajadores por parte de los patronos públicos y privados, el fracaso total de la reforma agraria, la entrega de la industria petrolera a las transnacionales a través de la figura de las empresas mixtas, el ataque sostenido contra la autonomía de los consejos comunales y demás organizaciones populares, la ruina de las empresas básicas de Guayana, la huelga de Sidor, la deplorable situación de la salud pública, o las limitaciones a la libertad sindical establecidas en la Lottt, o la criminalización de las luchas sociales. Varios alcaldes de la MUD abogaron por la liberación del golpista y violador de derechos humanos Iván Simonovis; ninguno planteó una amnistía para el sindicalista de Ferrominera Rubén González o los indígenas pemones criminalizados por protestar contra la minería ilegal llevada a cabo por los militares. Ninguno pidió que se reconozca la autodemarcación territorial indígena y que se enjuicie a los ganaderos y militares que participaron en la autoría intelectual y material del asesinato del cacique yukpa Sabino Romero.
Nuevamente se pudo apreciar que en la disputa sorda entre el gobierno y la MUD por el control de la renta petrolera no tienen cabida las aspiraciones populares de conquistar mayores derechos políticos, sociales y económicos. El gobierno y la oposición patronal se muestran dispuestos a realizar transacciones y pactos en aras de garantizar la gobernabilidad y la “paz”, mientras Maduro aplique medidas que antes calificaba de “neoliberales” por estar contempladas en el programa de gobierno del entonces candidato Henrique Capriles, medidas cuyo efecto sobre el salario real de la mayoría de los venezolanos será devastador.
El gobierno se apoya en su diálogo con la MUD para adornar su ajuste económico con un halo de consulta democrática. Sin embargo, no está en los planes de Maduro realizar un verdadero debate con las organizaciones populares y de los trabajadores para discutir las medidas económicas que se tomarán ante la crisis.
¡Que la crisis la paguen las transnacionales, Fedecámaras y los boliburgueses!
El gobierno y la MUD pretenden que el pueblo pague la crisis a través de un plan de ajuste que incluye la devaluación monetaria y el aumento de la gasolina, lo cual se traducirá en un importante incremento en el costo de la canasta básica. Se pretende empobrecer más a los asalariados para que el Estado continúe subsidiando al comercio importador, eximiendo de impuestos a las transnacionales, pague puntualmente la deuda externa, sostenga la corrupción cívico-militar, mientras que las empresas mixtas saquean el petróleo y el gas. Una política capitalista brutal, mientras finaliza un año en el que la inflación superó el 50%, para apretar aún más el cinturón de los trabajadores.
La dirigencia sindical patronal del Psuv, agrupada en la CBST, se pronunció a favor del aumento del precio de la gasolina. Nosotros nos oponemos al ajuste. Consideramos que para enfrentar crisis es necesario eliminar los contratos de empresas mixtas y que el Estado venezolano recupere el 100% de la industria petrolera, invirtiendo productivamente los recursos que actualmente se lleva el capital transnacional. Planteamos que se deroguen los tratados contra la doble tributación que eximen a las transnacionales del pago de impuestos; que se elimine el IVA y se aumente el Impuesto Sobre la Renta, para pechar a los grandes capitalistas y no al pueblo pobre. Nacionalizar el comercio exterior y que cesen los subsidios al comercio importador privado; que se enjuicie a todos los burócratas y empresarios que incurrieron en la sobrefacturación de importaciones. De igual manera consideramos que es urgente impulsar una verdadera reforma agraria para rescatar la producción agrícola.
Está claro que el gobierno actual, pese a autoproclamarse socialista, está comprometido con un ajuste que robará a los trabajadores para sostener las ganancias de las transnacionales, la banca y los nuevos ricos. Pero las organizaciones de los trabajadores, como la Unión Nacional de Trabajadores o el Frente Autónomo en Defensa del Salario y el Empleo, pueden convocar encuentros sindicales regionales para acordar movilizaciones que enfrenten las medidas que promueven el gobierno y la MUD, sumando fuerzas hacia un encuentro nacional de organizaciones populares y sindicales en el que se pueda articular una oposición desde abajo al plan de ajuste. Es posible derrotar el intento del gobierno de descargar nuevamente la crisis sobre el pueblo, depende de nosotros mismos.