«Medida cautelar contra sindicato de Mitsubishi es una aberración del gobierno», Orlando Chirino

La Inspectoría del Trabajo del estado Anzoátegui, dictó el pasado día lunes una medida cautelar contra los 11 miembros de la directiva del Sindicato Nueva Generación de Trabajadores (Singetram) de la empresa automotriz Mitsubishi. Ante esta situación consultamos telefónicamente a Orlando Chirino quien se encuentra en el estado Zulia acompañando la campaña electoral sindical petrolera de las Planchas 1 y 20.

La Inspectoría del Trabajo del estado Anzoátegui, dictó el pasado día lunes una medida cautelar contra los 11 miembros de la directiva del Sindicato Nueva Generación de Trabajadores (Singetram) de la empresa automotriz Mitsubishi. Ante esta situación consultamos telefónicamente a Orlando Chirino quien se encuentra en el estado Zulia acompañando la campaña electoral sindical petrolera de las Planchas 1 y 20.

“La medida cautelar implementada por la Inspectoría del Trabajo en Anzoátegui es una aberración que pone nuevamente en evidencia el carácter antisindical y antiobrero del gobierno nacional”. Así se expresó Chirino, dirigente nacional de C-CURA y coordinador del Movimiento Solidaridad Laboral, en un alto en la gira que realiza en el estado Zulia con José Bodas y demás integrantes de la plancha 1, que participa en las elecciones sindicales petroleras.

Como es conocido por la opinión pública, el pasado 24 de agosto la empresa que ensambla vehículos Mitsubishi, Hyunda y Fuso, paralizó sus actividades argumentando que existía en la misma una situación de “indisciplina” y “violencia” por parte de los trabajadores y el sindicato, que ponía en peligro a las personas que laboran en la misma. La medida se tomaba para “evitar una tragedia”.

El Ministerio del Trabajo, en su oportunidad, declaró ilegal el cierre de la empresa y ordenó su inmediata reapertura, sin embargo, la transnacional japonesa se negó a acatarla.
No obstante, el Ministerio del Trabajo, cediendo ante la actitud desafiante de la empresa, convocó a una mesa de conciliación, decidiéndose allí la reapertura de MMC para el pasado lunes 21 de septiembre. Inmediatamente después, la transnacional solicitó ante la Inspectoría del Trabajo la medida cautelar contra los 11 directivos del sindicato y el despido de 156 trabajadores, entre ellos, delegados sindicales, delegados de prevención y enfermos ocupacionales.

La resolución de la Inspectoría se publicó en una de las carteleras de la planta el pasado lunes, día en que la compañía reanudó sus actividades tras casi un mes de paralización.

“Aquí todo está muy claro, la transnacional japonesa y el gobierno acordaron en la mesa de conciliación reabrir la planta, pero sacrificando a los directivos del sindicato y a los principales activistas de la lucha que los trabajadores han mantenido contra esta transnacional explotadora”, afirmó Chirino.

“En declaraciones a la prensa los gerentes de la empresa han dicho con toda claridad que lo que persiguen es la gobernabilidad en la misma. Gobernabilidad para los patronos es que los trabajadores se sometan a su régimen de explotación, no protesten ni se subleven. Con esta medida, el gobierno les garantiza la gobernabilidad, para explotar mejor a los trabajadores, liquidando al sindicato y despidiendo a los principales luchadores clasistas. En este caso el gobierno, a través de la Inspectoría, está jugando el papel de esquirol, creándole a la transnacional japonesa las mejores condiciones posibles para hacer de las suyas con los trabajadores”, agregó el dirigente sindical.

Ante la opinión de algunos dirigentes sindicales del sector automotriz, que catalogaron la medida de “contradictoria”, o como el caso de Christian Pereira, directivo sindical de Chrysler, que exhortó a la ministra María Cristina Iglesias a “reflexionar” y “reconsiderar la medida”, Chirino dijo:
“Es realmente vergonzante que dirigentes sindicales adscritos a la corriente política Marea Socialista, consideren como un «error» esta medida deliberada del gobierno contra los trabajadores y el sindicato de Mitsubishi; y que además le pidan a la ministra María Cristina Iglesias que reflexione, como si ella no tuviera bien claro lo que está haciendo. ¿Es que acaso se les olvida que fue la misma Ministra la que llamó al sindicato de Mitsubishi para amenazarlos con declarar ilegal el paro después de los asesinatos de los 2 trabajadores por parte de la policía de Tarek Williams? ¿Es que no recuerdan que esto estuvo determinado por el hecho de que unos días antes el presidente Chávez había firmado en Japón con la Mitsubishi un acuerdo enérgetico que incluía un préstamo millonario y a cambio se le otorgaba a esta multinacional nipona territorios de la faja petrolero del Orinoco para su explotación? Ni María Cristina ni el gobierno han incurrido en un error, ni tienen por qué reflexionar sobre actos plenamente conscientes, que ejecutan como parte de su política antiobrera y antisindical”, concluyó Chirino.

El dirigente sindical socialista ratificó su pleno respaldo a la directiva de Singetram y a los 156 trabajadores despedidos por órdenes del Ministerio del Trabajo, y exigió el cese de la medida cautelar y la reincorporación a sus puestos de trabajo a los trabajadores despedidos.

Contra la criminalización de la protesta

Chirino destacó que esta medida cautelar en contra de los directivos y delegados de prevención del sindicato de trabajadores en la multinacional Mitsubishi es parte de la política de criminalización de la protesta que se viene implementando desde tiempo atrás en el país.

«Existe una política deliberada para impedir y sancionar como delito, el justo derecho a la protesta contemplado en la Constitución Nacional. Es hora que todos los trabajadores afectados por estas medidas hagamos causa común y convoquemos a una gran movilización nacional para el próximo mes, donde expresemos nuestro descontento por la judicialización de la protesta y además nos solidaricemos con los trabajadores del sector eléctrico, los empleados públicos, los petroleros, los trabajadores de Mercal y los trabajadores de todas las empresas privadas a quienes se les está negando el derecho a negociar contratos colectivos de trabajo», puntualizó Orlando Chirino.

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