Militarización de las fronteras contra los venezolanos migrantes en Suramérica

Por Venezuelanvoices.org

El llamado «Grupo de Lima», integrado por gobiernos de centro-derecha y de derecha en América Latina que se alinearon con la postura de Estados Unidos sobre la crisis venezolana, ha emitido regularmente declaraciones sobre la crisis socioconómica y el sufrimiento del pueblo venezolano. Sin embargo, muchos de esos gobiernos han alimentado el odio xenófobo contra los migrantes venezolanos. En el pasado reciente, el presidente colombiano Duque intentó excluir a los venezolanos de los esfuerzos de vacunación contra el COVID-19. Los gobiernos de Ecuador y Perú han culpado a los venezolanos del aumento de la delincuencia, y el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, llegó a incitar a turbas armadas a linchar a los venezolanos.

Este año, un nuevo desarrollo preocupante es el despliegue de fuerzas militares para reprimir a los migrantes venezolanos en todo el continente.

El 12 de enero, el presidente chileno, Sebastián Piñera, modificó el decreto 265 firmado por él en 2019, ampliando las atribuciones de las Fuerzas Armadas para que se unan a las autoridades civiles y policiales en la lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas a través de pasos fronterizos no autorizados en la frontera norte. Previamente estaban autorizadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Según la oficina de prensa de Piñera, el número de personas condenadas por tráfico de migrantes y trata de personas aumentó alrededor del 25% en 2019-2020.

De hecho, la medida se produce después de que Chile propusiera en diciembre de 2020 una nueva ley de inmigración, presentada por el equipo de Piñera ya en 2013 pero sin avanzar a su aprobación hasta ahora. La ley ha sido presentada por Piñera como más progresista que su predecesora de 1975, creada bajo la dictadura de Pinochet con un enfoque represivo hacia la inmigración. Sin embargo, según el abogado chileno y activista de Amnistía Internacional, Patricio Trincado, esta nueva ley mantiene una orientación dura en materia de inmigración.

Por ejemplo, quienes entraron en Chile con visados temporales de visitante tendrán dificultades para cambiar su estatus migratorio. Chile es el 3er país con mayor número de migrantes y refugiados venezolanos en la región (casi medio millón) y desde junio de 2019, a pesar de que el autoproclamado «presidente interino» Guaidó alardea del apoyo de los miembros del Grupo de Lima como Chile, los venezolanos están obligados a tener visa para acceder al país. Por lo tanto, si los venezolanos en Chile no pueden cambiar su estatus migratorio sin salir del país, la precariedad legal aumentará, contradiciendo el espíritu de la ley proclamada por Piñera.

A medida que avanza la pandemia, los venezolanos llegarán a las fronteras militarizadas sin visado humanitario o de otro tipo, ya que no pueden acceder a los consulados chilenos o ven retrasadas sus solicitudes por las medidas de cuarentena. Al deteriorarse su situación, la falta de visado no les impedirá desplazarse y los contrabandistas y traficantes seguirán aprovechándose de ellos, prometiéndoles el acceso a través de pasos fronterizos no autorizados (ahora su única opción), exponiéndolos al riesgo de ser heridos, abusados, traficados, asesinados, así como perseguidos o expulsados por las Fuerzas Armadas que controlan estas zonas.

La nueva ley chilena también creó la figura del «retorno asistido» para niños y adolescentes extranjeros no acompañados, dejando que los detalles de este procedimiento se determinen por reglamento, para que el gobierno de turno decida cómo proceder. Un requerimiento al Tribunal Constitucional contra varios artículos de esta nueva ley -incluido éste- fue presentado por 41 congresistas pertenecientes a los partidos Frente Amplio, Socialista y Comunista el 15 de diciembre de 2020. El 29 de enero, el Tribunal declaró inconstitucionales 6 artículos. Sobre esta figura particular del «retorno asistido», estableció que el artículo debía ser eliminado en su totalidad, ya que no cumplía con los estándares nacionales e internacionales para niños y adolescentes no acompañados en general, así como para aquellos en procesos migratorios.

Perú también militarizó sus fronteras con Ecuador de manera coordinada el 26 de enero de 2021. El objetivo declarado por los militares es evitar la propagación del COVID-19 impidiendo que los migrantes crucen por zonas fronterizas no autorizadas. Desplazaron 50 camiones, vehículos blindados y de patrullaje, así como más de 1.200 militares, alarmando a las poblaciones locales, pues las imágenes evocan tiempos de guerra, más que de control migratorio. Ecuador desplegó 200 militares y 20 Hummers en su frontera con Perú.

El ejército de Perú tiene un largo historial de abusos contra los derechos humanos y no está capacitado para hacer frente a la migración masiva con enfoques de derechos humanos y de género. En Tumbes, en la frontera con Ecuador, el ejército peruano realizó disparos al aire para dispersar a un grupo de migrantes, entre los que había niños.

Si no se presiona al gobierno para que dé marcha atrás en su estrategia represiva, las agresiones contra los migrantes que necesitan protección podrían intensificarse, generando terribles consecuencias. El gobierno peruano intenta desviar las críticas y el descontento generalizado por su mala gestión de la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias sociales y económicas, convirtiendo a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos en un conveniente chivo expiatorio.

Colombia también está bloqueando el acceso desde Venezuela en algunas fronteras. El 26 de enero, el Ejército tomó el control del río Arauca y vídeos muestran cómo hundieron barcos y canoas en esta zona. En la estación de autobuses, la policía sólo permitía el paso a los venezolanos con documentación válida y como los autobuses estuvieron impedidos de cruzar durante varias horas, los migrantes comenzaron a caminar, tratando de encontrar puntos de paso irregulares conocidos como trochas para continuar sus viajes, debido a la falta de puntos de acceso regulares y de condiciones adecuadas para soportar la espera impuesta por las autoridades.

Colombia sigue sufriendo por causa de la violencia gubernamental y paramilitar. Más de la mitad de la coca colombiana se cultiva en los departamentos de Nariño, en la frontera con Ecuador, y Norte de Santander, en la frontera con Venezuela. El 30 de enero, Colombia registró su octava masacre de 2021 en Norte de Santander, a manos del grupo neoparamilitar conocido como Autodefensas Gaitanistas. Durante 2020, Colombia registró al menos 91 masacres. Los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos también corren el riesgo de convertirse en víctimas, ya que los grupos armados paramilitares aprovechan las medidas de cuarentena para hacer avances territoriales mientras el Estado despliega sus fuerzas en los cruces de migrantes.

Los venezolanos que se desplazan son el blanco de los gobiernos que dicen apoyar a la oposición respaldada por Estados Unidos, mientras que Guaidó y sus representantes son cómplices silenciosos, en un momento en el que se espera que los flujos migratorios aumenten a pesar de la situación pandémica, tras las elecciones del 6 de diciembre de 2020 en Venezuela y la flexibilización de las fronteras que se produjo durante las fiestas navideñas.

Como dijo el experto en derecho de los refugiados, James Hathaway, en Twitter el 28 de enero, refiriéndose a los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan a Estados Unidos, «todo cruce de fronteras para solicitar asilo es, por definición, legal en virtud de los tratados que Estados Unidos ha firmado». El mismo recordatorio debe hacerse a Colombia, Chile, Ecuador, Perú y otros países de la región, ya que forman parte de la Convención de Refugiados de 1951, su Protocolo de 1967 y no sólo han participado en las discusiones de Cartagena de 1984, donde se creó una definición ampliada de quién es un refugiado, para adaptar la de 1951 al contexto latinoamericano, sino que han adoptado esta definición ampliada dentro de sus legislaciones nacionales.

La pandemia del COVID-19 no puede ser utilizada como excusa para violar los derechos de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, sobre todo cuando la situación en Venezuela sigue deteriorándose y Maduro estigmatizó a los que regresan al país desde el año 2020, tildándolos de «armas biológicas», sin ofrecerles ningún apoyo en esta cruel situación.

En una situación casi desesperada, todavía se encuentran experiencias positivas en la forma de solidaridad espontánea en todo el continente, con colombianos, ecuatorianos, peruanos y chilenos comunes que brindan ayuda, comida y refugio a los parias venezolanos. En Colombia, Duque tuvo que dar marcha atrás en su postura de no vacunar a los venezolanos, tras el clamor de la opinión pública colombiana. La solidaridad también puede derrotar las políticas de militarización y criminalización que actualmente aplican esos gobiernos.