Militarización de las fronteras contra los venezolanos migrantes en Suramérica
Por Venezuelanvoices.org
El llamado «Grupo de Lima», integrado por gobiernos de centro-derecha y de derecha en América Latina que se alinearon con la postura de Estados Unidos sobre la crisis venezolana, ha emitido regularmente declaraciones sobre la crisis socioconómica y el sufrimiento del pueblo venezolano. Sin embargo, muchos de esos gobiernos han alimentado el odio xenófobo contra los migrantes venezolanos. En el pasado reciente, el presidente colombiano Duque intentó excluir a los venezolanos de los esfuerzos de vacunación contra el COVID-19. Los gobiernos de Ecuador y Perú han culpado a los venezolanos del aumento de la delincuencia, y el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, llegó a incitar a turbas armadas a linchar a los venezolanos.
Este año, un nuevo desarrollo preocupante es el despliegue de fuerzas militares para reprimir a los migrantes venezolanos en todo el continente.
El 12 de enero, el presidente chileno, Sebastián Piñera, modificó el decreto 265 firmado por él en 2019, ampliando las atribuciones de las Fuerzas Armadas para que se unan a las autoridades civiles y policiales en la lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas a través de pasos fronterizos no autorizados en la frontera norte. Previamente estaban autorizadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Según la oficina de prensa de Piñera, el número de personas condenadas por tráfico de migrantes y trata de personas aumentó alrededor del 25% en 2019-2020.
De hecho, la medida se produce después de que Chile propusiera en diciembre de 2020 una nueva ley de inmigración, presentada por el equipo de Piñera ya en 2013 pero sin avanzar a su aprobación hasta ahora. La ley ha sido presentada por Piñera como más progresista que su predecesora de 1975, creada bajo la dictadura de Pinochet con un enfoque represivo hacia la inmigración. Sin embargo, según el abogado chileno y activista de Amnistía Internacional, Patricio Trincado, esta nueva ley mantiene una orientación dura en materia de inmigración.
Por ejemplo, quienes entraron en Chile con visados temporales de visitante tendrán dificultades para cambiar su estatus migratorio. Chile es el 3er país con mayor número de migrantes y refugiados venezolanos en la región (casi medio millón) y desde junio de 2019, a pesar de que el autoproclamado «presidente interino» Guaidó alardea del apoyo de los miembros del Grupo de Lima como Chile, los venezolanos están obligados a tener visa para acceder al país. Por lo tanto, si los venezolanos en Chile no pueden cambiar su estatus migratorio sin salir del país, la precariedad legal aumentará, contradiciendo el espíritu de la ley proclamada por Piñera.
A medida que avanza la pandemia, los venezolanos llegarán a las fronteras militarizadas sin visado humanitario o de otro tipo, ya que no pueden acceder a los consulados chilenos o ven retrasadas sus solicitudes por las medidas de cuarentena. Al deteriorarse su situación, la falta de visado no les impedirá desplazarse y los contrabandistas y traficantes seguirán aprovechándose de ellos, prometiéndoles el acceso a través de pasos fronterizos no autorizados (ahora su única opción), exponiéndolos al riesgo de ser heridos, abusados, traficados, asesinados, así como perseguidos o expulsados por las Fuerzas Armadas que controlan estas zonas.
La nueva ley chilena también creó la figura del «retorno asistido» para niños y adolescentes extranjeros no acompañados, dejando que los detalles de este procedimiento se determinen por reglamento, para que el gobierno de turno decida cómo proceder. Un requerimiento al Tribunal Constitucional contra varios artículos de esta nueva ley -incluido éste- fue presentado por 41 congresistas pertenecientes a los partidos Frente Amplio, Socialista y Comunista el 15 de diciembre de 2020. El 29 de enero, el Tribunal declaró inconstitucionales 6 artículos. Sobre esta figura particular del «retorno asistido», estableció que el artículo debía ser eliminado en su totalidad, ya que no cumplía con los estándares nacionales e internacionales para niños y adolescentes no acompañados en general, así como para aquellos en procesos migratorios.
Perú también militarizó sus fronteras con Ecuador de manera coordinada el 26 de enero de 2021. El objetivo declarado por los militares es evitar la propagación del COVID-19 impidiendo que los migrantes crucen por zonas fronterizas no autorizadas. Desplazaron 50 camiones, vehículos blindados y de patrullaje, así como más de 1.200 militares, alarmando a las poblaciones locales, pues las imágenes evocan tiempos de guerra, más que de control migratorio. Ecuador desplegó 200 militares y 20 Hummers en su frontera con Perú.
El ejército de Perú tiene un largo historial de abusos contra los derechos humanos y no está capacitado para hacer frente a la migración masiva con enfoques de derechos humanos y de género. En Tumbes, en la frontera con Ecuador, el ejército peruano realizó disparos al aire para dispersar a un grupo de migrantes, entre los que había niños.
Si no se presiona al gobierno para que dé marcha atrás en su estrategia represiva, las agresiones contra los migrantes que necesitan protección podrían intensificarse, generando terribles consecuencias. El gobierno peruano intenta desviar las críticas y el descontento generalizado por su mala gestión de la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias sociales y económicas, convirtiendo a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos en un conveniente chivo expiatorio.
Colombia también está bloqueando el acceso desde Venezuela en algunas fronteras. El 26 de enero, el Ejército tomó el control del río Arauca y vídeos muestran cómo hundieron barcos y canoas en esta zona. En la estación de autobuses, la policía sólo permitía el paso a los venezolanos con documentación válida y como los autobuses estuvieron impedidos de cruzar durante varias horas, los migrantes comenzaron a caminar, tratando de encontrar puntos de paso irregulares conocidos como trochas para continuar sus viajes, debido a la falta de puntos de acceso regulares y de condiciones adecuadas para soportar la espera impuesta por las autoridades.
Colombia sigue sufriendo por causa de la violencia gubernamental y paramilitar. Más de la mitad de la coca colombiana se cultiva en los departamentos de Nariño, en la frontera con Ecuador, y Norte de Santander, en la frontera con Venezuela. El 30 de enero, Colombia registró su