Ministerio Público también debe investigar masacre de El Amparo

(Caracas 03.06.09) El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz expresan su satisfacción por la voluntad expresada por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en realizar las investigaciones para resolver los casos de violación a los derechos humanos ocurridos en el Caracazo.

La funcionaria anunció el pasado 29.05.09 que su despacho citó a los generales retirados Ítalo Del Valle Alliegro y Manuel Heinz Azpurua para imputarlos por su participación en estos hechos. Asimismo, Ortega Díaz declaró su intención de concluir las investigaciones relacionadas con las masacres de Cantaura y Yumare, así como con los sucesos de abril de 2002, gestos con los que la Fiscalía adelantaría una política tendiente a combatir la impunidad en el país.

Sin embargo, le recordamos a la Fiscal General que cualquier estrategia para hacer justicia con los casos graves de violación a los derechos humanos ocurridos en el pasado debe incorporar dentro de sus prioridades, también, un caso emblemático para el Estado venezolano, como lo fue la Masacre de El Amparo. Los familiares de las víctimas de la emboscada realizada en el Caño La Colorada, el 28 de octubre de 1988, aun esperan justicia y en particular respuesta de la solicitud realizada ante el Ministerio Público, el pasado 20 de agosto de 2008, para la reapertura del caso en los tribunales ordinarios. Debemos recordar que este caso suscitó la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de unas víctimas en Venezuela, a partir del reconocimiento del Estado venezolano de su responsabilidad internacional por violación de derechos humanos. La sentencia obliga al Estado a establecer responsabilidades y sanciones, así como realizar las reparaciones materiales a las víctimas y sobrevivientes. Como es de conocimiento de la ciudadana Fiscal, dicha decisión fue acatada parcialmente con el pago de las indemnizaciones, quedando pendiente el proceso de administración de justicia. Es de destacar que desde hace tres años el Estado venezolano no ha respondido ninguna de las más de 12 comunicaciones que la Corte ha dirigido al gobierno para que informe sobre los adelantos en las investigaciones.

A diferencia de otros casos de violaciones a los derechos humanos, en la Masacre de El Amparo sus autores materiales están plenamente identificados. Durante el proceso realizado en la justicia militar se determinó que la operación fue realizada por el Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), por los siguientes funcionarios: Capitán de Corbeta, Alí Coromoto González; Maestro Técnico de Primera (Ej), Ernesto Morales Gómez; Sargento Técnico de Primera (Ej), Omar Antonio Pérez Hudson; Sargento Mayor de Segunda (Ej), Salvador Ortiz Hernández; Comisario Jefe (DISIP), Andrés Alberto Román Romero; Comisario (DISIP), Maximiliano José Monsalve Planchart; Inspector Jefe (DISIP), Celso José Rincón Fuentes; Inspector Jefe (DISIP), Carlos Alberto Durán Tolosa; Inspector (DISIP), José Ramón Zerpa Poveda; Inspector (DISIP), Luis Alberto Villamizar; Sub Inspector (DISIP), Franklin Gómez Rodríguez; Sub Inspector (DISIP), Omar Gregorio Márquez; Detective (DISIP), Tony Richard Urbina Sojo; Sumariador Jefe III (PTJ) [Policía Técnica Judicial], Gerardo Rugeles Molina; Inspector Jefe (PTJ), Edgar Arturo Mendoza Guanaguey; Sub Comisario (PTJ), Florentino Javier López; Sub Inspector (PTJ), Alfredo José Montero; Agente Principal (PTJ), Daniel Virgilio Gómez; Funcionario Policial (PTJ), Rafael Rodríguez Salazar; y Huber Bayona Ríos (ciudadano colombiano, que prestaba servicios de inteligencia al CEJAP).

Creemos que omitir el cumplimiento de la justicia en el caso de El Amparo haría incompleta la voluntad política expresada por la rectora de la Fiscalía de saldar las deudas del Estado venezolano con las violaciones de derechos humanos del pasado y constituiría un trato no igualitario a las víctimas de tan deplorables actos contra la dignidad humana. Es por ello que reiteramos nuestra solicitud a la Fiscal General de la República, para que tome las acciones pertinentes que conlleven el fin de la impunidad en este caso tan significativo para la historia contemporánea de Venezuela.