Ministro del Poder Popular para la Impunidad

En una reciente rueda de prensa, acerca del asesinato del estudiante merideño Douglas Rojas Jiménez por funcionarios policiales, el ministro de Interior y Justicia afirmaba que la costumbre de asesinar impunemente, propia de la Cuarta República, había culminado. Cuando Ramón Rodríguez Chacín se expresa de esta manera lo hace con propiedad y conocimiento de causa. Este funcionario de alto nivel, de un gobierno autoproclamado como «revolucionario», fue protagonista de uno de los capítulos más sombríos de violación de los derechos humanos durante el llamado «puntofijismo»: la cadena de sangrientos crímenes que desembocaron, en 1988, en la Masacre de El Amparo.

En una reciente rueda de prensa, acerca del asesinato del estudiante merideño Douglas Rojas Jiménez por funcionarios policiales, el ministro de Interior y Justicia afirmaba que la costumbre de asesinar impunemente, propia de la Cuarta República, había culminado. Cuando Ramón Rodríguez Chacín se expresa de esta manera lo hace con propiedad y conocimiento de causa. Este funcionario de alto nivel, de un gobierno autoproclamado como «revolucionario», fue protagonista de uno de los capítulos más sombríos de violación de los derechos humanos durante el llamado «puntofijismo»: la cadena de sangrientos crímenes que desembocaron, en 1988, en la Masacre de El Amparo.

El CEJAP: Un comando del crímen

En 1987 las fronteras venezolanas demandaban el desarrollo de programas sociales de toda índole. El presidente Jaime Lusinchi, en cambio, priorizaba el sesgo militar y represivo en las políticas fronterizas. Ese año, reuniones entre asociaciones ganaderas y el gobierno nacional acordaron la creación de un Teatro de Operaciones para la zona suroccidental del país. Meses después, el 28 de octubre de 1987 mediante procedimiento habilitante, el primer mandatario decretaba el nacimiento del Comando Específico «General en Jefe José Antonio Páez» (CEJAP). Este organismo era un comando operativo facultado para planificar y ejecutar acciones militares, bajo la línea de mando directa del presidente, conformado por las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas y con la participación del resto de los organismos de seguridad del Estado (DISIP, DIM, CTPJ y DIEX). El CEJAP creaba, en los hechos, un estado de emergencia para el estado Apure.

Entre el 16 de enero y el 6 de octubre de 1988 el CEJAP participa en 4 «enfrentamientos con guerrilleros colombianos» que arrojaron como saldo 20 personas asesinadas. El 29 de octubre el comando realiza la «Operación Anguila III», en el Caño La Colorada aledaño a la población de El Amparo en el estado Apure, presentando a 14 nuevas víctimas como bajas de la guerrilla. Pero en esta oportunidad, el testimonio de dos sobrevivientes y la enérgica respuesta del pueblo ampareño en defensa de sus muertos, rechazando la versión oficial, revela el singular «modus operandi» del CEJAP: asesinar inocentes y presentarlos a la opinión pública como miembros de la insurgencia armada. La notoriedad que alcanzó la Masacre de El Amparo, así como las investigaciones posteriores, desnudaron su trama criminal presente desde su nacimiento. Las «heroicas» intervenciones del CEJAP, con 34 decesos en las filas del bando enemigo, nunca tuvieron una baja dentro del comando. En su bautizo de sangre, en Isla de Charo el 16 de enero de 1988, tres de las 10 víctimas eran niños de 8 y 14 años. El resto de las víctimas eran humildes pescadores, campesinos y braceros de la zona, sin vinculaciones reales con la FARC o el ELN.

Un anodino capitán de navío

El 25 de octubre de 1988 un helicóptero del CEJAP se estrella mientras realizaba labores de «inteligencia» previas a la Masacre de El Amparo. Entre los heridos figuraba el Jefe Nacional de Operaciones de la DISIP, comisario Henry López Sisco. En el resto de la maltrecha tripulación se encontraba un funcionario de la marina de menor perfil: el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín. El accidente los imposibilitó de estar presentes en Anguila III, una operación ejecutada por 19 funcionarios del Ejército, la Disip y el Cuerpo Técnico de Policía Judicial días después. La participación intelectual del ministro en la matanza del Caño La Colorada ha quedado plasmada en el expedientes del caso, número 1644 folios 42, 43, 44 y 45, manejados en su momento por el Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente del Táchira. Henry Salinas, inspector de la División de Inteligencia Militar (DIM), declaraba ante la justicia militar que «fui testigo de que el R2 y el R3 del CEJAP, Teniente Coronel Clavijo Forero y el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín, nos convocaron días después a «Hipólito» –alias del inspector de la Disip Celso Rincón Fuentes- y a mí para hablar una vez más de preparar ese enfrentamiento». Los indicios de la relación de Rodríguez Chacín con la Masacre de El Amparo ha llevado a que tanto los sobrevivientes, el ex diputado Walter Márquez como la organización de derechos humanos Provea hayan solicitado la investigación del funcionario. Cada vez que los familiares de las víctimas observan el rostro del ministro declarando en televisión, sus puños se cierran de rabia.
Las actuaciones del CEJAP anteriores al Caño La Colorada, genéricamente reunidas bajo el nombre de «Los Amparitos», señalan una participación directa de Chacín en sus crímenes. Es por ello que el 20 de junio de 1994 una sentencia de la Corte Marcial que investigaba las actuaciones del comando, presidida por el General Ubaldo López Barrios, dictara un auto de detención contra 11 funcionarios por su participación material en Los Amparitos. Uno de ellos era el Comisario Henry López Sisco, seguido por su compañero de correrías el Capitán Rodríguez Chacín. El resto es historia conocida: todos los miembros del CEJAP fueron declarados no culpables por la justicia militar venezolana.

Olvidos a conveniencia

Como diligentemente informan los medios de comunicación gubernamentales (http://www.abn.info.ve/reportaje_detalle.php?articulo=322), Henry López Sisco ha estado vinculado al gobernador no chavista Manuel Rosales, recordando su participación tanto en la Masacre de El Amparo como en otras como la de Yumare (1986) y Cantaura (1982). Lo que no informa la ABN, y «olvidan» los medios «alternativos» y «comunitarios» oficialistas es la actuación de uno de los altos funcionarios estatales del gobierno que los representa. Las contradicciones, en estos días de confusión y oportunismo, no terminan aquí. Una de las organizaciones de derechos humanos que en su momento solicitó justicia por los hechos de El Amparo, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, ha legitimado al ministro Chacín como un interlocutor válido en el proceso de reforma policial (http://www.mpprij.gob.ve/spip.php?article4099). En este punto habría que recordar: los delitos graves de derechos humanos no prescriben.

Si bien el capitán de navío Rodríguez Chacín es el ex – CEJAP más visible en funciones gubernamentales bolivarianas, está lejos de ser el único. El jefe del comando, el coronel Enrique José Vivas Quintero, laboró como jefe de finanzas del Movimiento V República, saliendo electo como diputado al Parlamento Andino. Omar Antonio Pérez Hudson, sargento técnico de primera, fue nombrado director nacional de Investigaciones de la Disip en el año 2002, y dos años después como presidente de la Secretaría de Aeropuertos del estado Anzoátegui, bajo las órdenes de otro amnésico exdefensor de los derechos humanos, el gobernador Tarek William Saab. Celso Rincón Fuentes, «Hipólito», ocupó el cargo de subdirector y jefe de Seguridad de la cárcel de Yare en el mismo año. Omar Gregorio Márquez, detective de la DISIP durante la masacre, era en el 2008 director de la Policía Municipal de Sucre. Por último el coronel (E) Ricardo Pérez Gutiérrez, quien actuó como juez militar de instrucción en el caso, falló a favor de los agresores y en contra de los sobrevivientes, ha sido consultor jurídico del Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social y asesor jurídico del Ejército.

Amparo a la esperanza

¿Es posible intentar cualquier tipo de cambio social teniendo en la vanguardia a violadores de los derechos humanos? Los valores de solidaridad, justicia y castigo a la impunidad no se negocian, ni se ventilan a conveniencia. Las masacres de la década de los 80´s fueron posibles por la influencia que ejercían los militares y funcionarios policiales sobre el resto de la sociedad. Y esta primacía lejos de diluirse se ha fortalecido en los días que corren. La arbitrariedad del poder es la norma, no la excepción, en estos tiempos de pretendida construcción del «socialismo del siglo XXI». En este sentido, la reincidencia de Ramón Rodríguez Chacín en el ministerio de justicia del gobierno bolivariano es simbólica: si algo se ha democratizado en la V República es la impunidad. Si las instituciones, a pesar de los pomposos cambios de nombre, profundizan su degradación es hora de sustituirlas. Desconozcamos la pretendida autoridad de los violadores de derechos humanos del pasado y del presente, de los demagogos de ayer y de hoy, de los caudillos y burócratas de todo pelaje para allanar un horizonte de dignidad para nosotros, nosotras y nuestros afectos. Entonces, de todo el horror vivido podríamos sacar una enseñanza: Los delitos de derechos humanos no prescriben. La esperanza y la rebeldía humana contra la opresión tampoco.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *