20 julio, 2024

Misión de la ONU ratifica denuncia de crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno

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Por Laclase.info

Caracas, 17 de septiembre de 2020.- Ayer, en Ginebra, una Misión Internacional Independiente de la Organización de Naciones Unidas, presentó un extenso informe de 443 páginas donde detalla la ejecución de crímenes de lesa humanidad por el gobierno de Nicolás Maduro, desde el año 2014.

El referido informe internacional, solo ratifica las denuncias que han realizado en el país diferentes organizaciones de derechos humanos, académicos y partidos políticos del chavismo crítico y las oposiciones de derecha e izquierda.

Pero, elude realizar una denuncia de las sanciones económicas de EEUU, identificar las responsabilidades de la oposición de derecha y un registro de la situación particular de las clases populares y grupos subalternos.

Después de un amplio trabajo de documentación, concluyen sosteniendo que “la Misión cuenta con información que indica que el Presidente y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Estaban en estrecho contacto con otros miembros de la FANB, incluido la GNB, y también con los directores de la PNB, el CICPC, el SEBIN y la DGCIM. Daban órdenes, coordinaban actividades y proporcionaron recursos para llevar a cabo los planes y políticas”.

En el informe de los observadores de la ONU, se han registrado un conjunto de prácticas sistemáticas y masivas del Estado venezolano en el gobierno de Nicolás Maduro, entre ellas: ejecuciones policiales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, presos políticos, centros de detención clandestinos, violación al derecho a la protesta, asesinatos de personas privadas de libertad, violación de derecho a la defensa y debido proceso.

La caracterización general realizada por el informe es correcta porque solo demuestra el recorte a los derechos democráticos y la violación de derechos humanos de la población venezolana por el gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, al mismo tiempo, le falta un necesario cuestionamiento a la injerencia y sanciones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos, que también afectan las condiciones de vida de la población venezolana y violan sus derechos humanos al agravar las dificultades para acceder a alimentos, medicinas y servicios básicos esenciales.

Asimismo, se niega cualquier responsabilidad política en la situación del país de la oposición de derecha, a pesar de sus negociaciones con el gobierno, acciones golpistas como la ocurrida el pasado 30 de abril de 2019 y la promoción de la confiscación en el exterior de bienes del Estado venezolano. Tampoco se refleja que la oposición de derecha ha ejercido el control de gobernaciones, alcaldías y Asamblea Nacional.

Además, el informe internacional evita referirse a los casos de detención y persecución de trabajadoras y trabajadores por exigir un salario que cubra la canasta básica y denunciar actos de corrupción. En los casos particulares documentados, no se menciona a Rodney Álvarez, un preso político obrero que tiene nueve años detenido sin juicio, y a ningún otro miembro de la clase trabajadora. Solo efectuaron la denuncia de los casos de dirigentes políticos de la oposición de derecha, militares y activistas de Organizaciones No Gubernamentales.

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