Origen de la violencia de Estado contra el movimiento sindical

La violencia laboral no solo se origina en el propio seno de la organización sindical sino en el Estado tanto en los regímenes de corte capitalista como en los países de «socialismo real».

Toda legislación laboral capitalista permite el ejercicio de la libertad sindical, de la negociación colectiva de las condiciones de trabajo y del derecho a la huelga, pero a un mismo tiempo contempla restricciones a estos derechos en especial respecto del derecho de huelga. En los llamados estados de excepción (o de suspensión de garantías constitucionales) debidos bien a una conmoción interior o a una guerra internacional, los derechos colectivos de los trabajadores son restringidos para evitar reuniones o huelgas que pongan en peligro la población o la integridad territorial o de funcionamiento del Estado.

Esa potestad del gobierno está sometida, en los Estados de derecho, por un determinado período hasta que cesen las causas que la originan al control tanto del Parlamento como del Poder Judicial dentro de un régimen de independencia y equilibrio de esos Poderes.

En los países de modelo socialista burocrático de Estado como el de la extinta Unión Soviética, China o Cuba, la violencia contra el movimiento sindical tiene una raíz ideológica: si el socialismo es un régimen de gobierno de los trabajadores y el pueblo, entonces el movimiento sindical no tiene necesidad de ejercer el derecho a huelga contra su mismo gobierno. Así lo expresó en vida, el fallecido Gral. Müller Rojas, en una visita a la región de Guayana. Ello supone que la burocracia del Estado no actúa en función de sus propios intereses (de la llamada Nomenclatura de funcionarios civiles y militares) sino que administran por y para la clase trabajadora. Por supuesto, el nombramiento de tales burócratas no se origina en la decisión de los trabajadores ni su gestión está controlada por los trabajadores sino que dimana del partido gobernante (llámese Partido Comunista como en China o Cuba, o PSUV como en el caso de Venezuela).

De manera que el ejercicio de la autoridad en el socialismo burocrático conduce inevitablemente a la confrontación cuando se niega el derecho a la deliberación sindical, la negociación de convenios colectivos de trabajo y la resolución pacífica de las controversias que se originan en el proceso social del trabajo. Esta confrontación conduce a la violencia del Estado contra el movimiento sindical porque la autoridad pública no reconoce el derecho a discrepar de los trabajadores, ni acepta la negociación colectiva ni mucho menos que se paralicen las empresas por demandas laborales. Y cuando esto ocurre se termina criminalizando la protesta laboral y reprimiéndola mediante la actuación de todos los organismos del Estado: el Ministerio del Trabajo, los Tribunales Laborales o Penales, la Policía y el Ejército.

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