Peru: Aymaras dicen «agro si, minas no»

La huelga contra las concesiones mineras en la zona sur de la región llega hoy su décimo quinto día, sin que se encuentre una solución real al conflicto.

La huelga contra las concesiones mineras en la zona sur de la región llega hoy su décimo quinto día, sin que se encuentre una solución real al conflicto. La población aymara en un número mayor a las 5 mil almas expresan al unísono “no a la minería” porque atenta a la Pachamama, madre de la existencia en el Altiplano.

La huelga iniciada por los pobladores de Zepita, Kelluyo, Pomata, Desaguadero y Yunguyo, ahora encuentra adhesión de ciudadanos de El Collao y del distrito de Ácora. Los protestantes demandan la cancelación definitiva de las concesiones mineras, el retiro del proyecto minero Santa Ana y la derogatoria del Decreto Supremo 083-2007. Los aymaras han sido claros en sus demandas, si el Gobierno central no atiende sus pedidos continuarán con su medida.

Considerando que la emisión de la Resolución Viceministerial N° 589 que declara al cerro Khapía como Patrimonio Cultural de la Nación (normas que prohíbe de explotación minera), ya fue suficiente; Alan García Pérez autorizó el domingo la represión. La Resolución Suprema N°191-2011 del Ministerio de Defensa, ordena la intervención del Ejército Peruano en la región, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos.

La jornada de ayer inició un día antes. Casi al terminar la noche del domingo, cerca de 70 camiones ingresaron por la zona sur de la ciudad hasta llegar a la plataforma deportiva del barrio Chanu Chanu. Desde tempranas horas se gestó la protesta, al compás del tiempo, los protestantes continuaron llegando, cercar del medio departieron su fiambre y prepararon la movilización hacía el centro de la ciudad.

FUERZAS ARMADAS
Felizmente, ayer, no fue no fue necesario recurrir a las Fuerzas Armadas para asegurar el orden en la ciudad de Puno. La población aymara, similar a las últimas dos semanas, prefirió una protesta pacífica, aunque no faltó cierto tufillo de autoritarismo de algunos pobladores que exigieron a rajatabla el cierre de algunos establecimientos comerciales como oficinas de las calles por donde recorrieron.

Quizá dio resultado el diálogo que entabló con los huelguistas, el general de brigada Wilman Octavio Andia Benavides. El alto oficial en su calidad de jefe máximo de las Fuerzas Armadas en Puno, megáfono en mano señaló, que sus soldados no dispararán, que el papel de la Fuerzas Armadas y policiales, se limitará a custodiar los servicios públicos y los servicios de la banca.

Sin embargo, los pobladores de la ciudad de Puno, vivieron un clima de incertudimbre ante la llegada de gran cantidad de pobladores aymaras. Decenas de policías que resguardaban las instituciones públicas en la ciudad, dieron a calma a miles de citadinos que ya conviven con la población indígena protestante.

ESCASES DE ALIMENTOS
Pero nada está dicho. Algunos pobladores de la zona sur de la Ciudad Lacustre, por temor a la escases de alimentos propio de las paralizaciones prolongadas, decidieron abastecerse de artículos de primera necesidad un día antes, el mercado Laykakota mostró un inusitado movimiento comercial.

Sin embargo, quienes ya viven los escases de alimentos, son las localidades de Ilave, Juli, Pomata y Yunguyo. Los pobladores de estas ciudades se quejan del desabastecimiento de algunos productos de primera necesidad, tales como aceite, arroz y verduras. La Cámara de Comercio y la Producción de Puno ha estimado las pérdidas en más de 20 millones de dólares, tanto en sectores de comercio como turismo.

Mientras tanto, la frontera entre Perú y Bolivia continúa cerrada, los bloqueos son cotidianos y las ollas comunes ya son parte de la regularidad. Piquetes de 100 personas se turnan para asegurar la ausencia de tránsito. En Desaguadero, una larga fila de camiones bolivianos espera la solución al conflicto, para emprender su viaje hasta el destino final. Similar situación ocurre en fronteriza ciudad de Yunguyo.

MITIN EN PUNO.
Los miles de protestantes aymaras, defensores de la pachamama, que arribaron hasta la ciudad capital, cumplieron su cometido en horas de la tarde, sitiaron la plaza de Armas de Puno. En horas de la noche, protagonizaron una interrumpible cadena de discursos, cuya alocución copiosa fue el cese de las concesiones mineras.

Allí los dirigentes anunciaron que diversas organizaciones como pueblos del norte de Puno se adherirán a la lucha aymara, entre ellos organizaciones barriales, sindicatos de trabajadores estatales, tales como salud y el grueso número del magisterio. Sin embargo, las adhesiones se confirmarán conforme pasen los días.

En la plaza de Armas, un grupo de estudiantes de las universidades Andina Néstor Cáceres Velásquez – Puno y de la Universidad Nacional del Altiplano, se trasladaron al escenario de lucha para expresar su adhesión al paro. Pero igual no existe un pronunciamiento público de parte de la autoridad universitaria al respecto.

Horas antes, las más de 5 mil personas recorrieron por las principales calles haciendo conocer su reclamo. Durante el recorrido, decenas de negocios como centros de abastos, ante el temor del saqueo multitudinario, optaron por cerrar sus puertas.

En el trayecto, algunos de ellos bloquearon las pistas con pesadas piedras, rompieron vidrios para impedir el normal tránsito de los vehículos y se generó un caos vehicular, motivo por el que todos los transportistas pugnaban por huir de la masa de gente.

Finalmente, los moradores citadinos viven un clima de miedo y tensión ante lo que pueda suceder en las próximas horas. Comprendiendo tal desconfianza, la Dirección Regional de Educación de Puno (DREP) suspendió hasta nuevo aviso las labores escolares en las provincias de Chucuito- Juli, Yunguyo y El Collao hasta que el conflicto social se solucione. En el distrito de Puno, las labores se suspendieron por dos días.

Para hoy, los manifestantes han anunciado el bloqueo de las vía de ingreso de Juliaca a la ciudad de Puno, similar caso sucederá en el acceso de la zona sur. El fin es conseguir la atención del gobierno de Alan García Pérez a quien le piden un decreto supremo que suspenda las concesiones mineras en la región Puno.

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