Por un 8 de marzo rebelde y de lucha. Contra la violencia patriarcal y por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito

Por: Mujeres en Lucha Venezuela-PSL, Venezuelan Workers Solidarity, Venezuelan Voices y Colectivo Cultural Toromayma

Este 8 de marzo de 2021, se conmemora otro día internacional de la mujer trabajadora. Un emblemático día en el que las mujeres del mundo reivindicamos la historia de las obreras que murieron quemadas en una fábrica en Nueva York en 1908 en medio de una huelga por aumento de salarios, un día para recordar el legado que la revolucionaria socialista alemana Clara Zetkin nos dejó al proponer nuestra fecha en el congreso internacional feminista de 1910 en Copenhague y rememorar la heroica lucha de las trabajadoras rusas que se movilizaron el 8 de marzo de 1917 para dar inicio a lo que luego desencadenó en la Revolución Rusa, donde la lucha de las mujeres conquistó, por primera vez en el mundo, la legalización y gratuidad del aborto, así como el derecho al divorcio y el voto femenino.

En Venezuela las condiciones objetivas para luchar están presentes y cada vez son más urgentes: crece la pobreza, salarios pulverizados por la hiperinflación, hambre que azota a millones de personas, destrucción de los servicios públicos, profundización de la crisis social y sanitaria a consecuencia de la pandemia, entrega del país y sus recursos a las transnacionales y empresarios nacionales con la ley Antibloqueo, privatización de las empresas del Estado destruidas a punta de despilfarro y corrupción, entrega de territorio y recursos para la explotación minera bajo el control de grupos armados irregulares. Estas expresiones de la crisis económica, social y humanitaria son el resultado directo de un plan de ajuste ejecutado por el gobierno nacional que se han agravado por las sanciones económicas impuestas por Estado Unidos y la Unión Europea.

Las precarias condiciones de vida repercuten de manera diferenciada en las mujeres, así lo reflejan algunas estadísticas como la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2019-2020), la cual señala que el 58,3% de los hogares en situación de pobreza están a cargo de una mujer, lo que devela el alto porcentaje de mujeres pobres dedicadas exclusivamente a labores de cuidado de otros. La tasa de ocupación laboral de mujeres de sectores populares es apenas del 29,1%, no es de extrañar que el 72,7% de mujeres encuestadas están en condiciones de pobreza. Así tenemos que después de 20 años, el legado de los gobiernos de Chávez y Maduro es la profundización de las relaciones de opresión, dominación y explotación a las que está sujeta la mujer venezolana.

En nuestro país, especialmente las más pobres, soportan con mucha dificultad la precariedad de la vida diaria, con sueldos de menos de 1 dólar al mes, escasez de empleos formales, trabajos informales sin ninguna garantía ni seguridad social, dedicación gratuita e invisibilizada a la crianza y cuidado de otros, tareas extra por el deterioro de los servicios básicos y más de una jornada laboral. Estas condiciones nos hacen más vulnerables e indefensas frente a las relaciones de explotación

¿Por qué se siguen dando estas relaciones desiguales en un gobierno que se promueve feminista?

Porque en un sistema de acumulación de riquezas donde la ganancia de pocos depende de nuestra sobreexplotación, y se aprovechan las desigualdades de género para obtener mejores ganancias, no es posible revertir la supremacía masculina.

Varias fueron las políticas que se implementaron desde el gobierno de Chávez y Maduro y que aparentemente estaban dirigidas a atender las necesidades de las mujeres de sectores populares, sin embargo, estas políticas, instrumentos legales y discursos, lo único que dejaron en claro es que, desde el punto de vista de este gobierno, el lugar de la mujer está signado por la desigual división del trabajo.

Microcréditos y misiones que no permitieron la superación de las relaciones de dependencia de las mujeres, una ley sobre el derecho de las mujeres a una vida sin violencia que no cuenta con un reglamento para su aplicación, ni produjo estadísticas de violencia y por tanto nada de políticas públicas.

El mantenimiento de una política de Estado centrada en la maternidad afianzó el perfil de la mujer – madre – reproductora – cuidadora, sin control sobre sus cuerpos sexualizados y maternizados, mientras el gobierno patriarcal y el capital privado se beneficiaban del trabajo flexible, no remunerado, comunitario y solidario de las mujeres.

Un gobierno de propaganda feminista, pero que nos pone un paso atrás en cuanto a la autotomía de nuestros cuerpos. En Venezuela ser mujer es una causal de riesgo, una situación que empeora cada año, la violencia machista nos golpea cada día en nuestras casas, en las instituciones del Estado y en la calle, abusan y violan a numerosas mujeres, mientras tanto los violadores cuentan con libertad plena, las amenazas sobre nuestra vida muchas veces se concretan hasta quitarnos la vida solo por ser mujeres, el monitor de femicidios de la organización Utopix, reporta 167 casos en 2019, aumentando a 256 en el 2020 y hasta el mes de febrero de 2021 va por encima de los 30 femicidios, una escalada para declararnos en emergencia.

El confinamiento por la pandemia del Covid-19 nos deja atrapadas en casa junto al agresor y como si fuera poco son las mujeres las que estamos en la primera línea contra la pandemia, ya que las mujeres son mayoría en el conjunto de trabajadoras y trabajadores de la salud para atender la emergencia sanitaria sin contar con las condiciones mínimas de bioseguridad.

La amenaza sobre la vida de las mujeres es real. Recientemente la clandestinidad del aborto ha ocupado la atención de la opinión pública en Venezuela, en los países donde es legal, el aborto es generalmente seguro y las complicaciones son poco frecuentes. Sin embargo, la clandestinidad amenaza la vida de las mujeres, especialmente las más pobres. De acuerdo al informe anual (2019) de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos en Venezuela ‘’…existen dificultades para acceder a todo tipo de anticonceptivos, y en algunas ciudades la escasez es del 100 %. Ello aumenta el riesgo de infección por el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, así como de embarazos no deseados y de embarazos en la adolescencia. En el caso de estos últimos, la tasa se ha incrementado en un 65 %desde 2015. Esto afecta al derecho de las niñas a la educación, ya que el embarazo es el principal motivo del abandono escolar entre las adolescentes. Frente a una legislación restrictiva en materia de aborto, a menudo las mujeres recurren a abortos peligrosos. Ello ha contribuido a un aumento de la mortalidad materna evitable, y se estima que un 20 % de los casos de mortalidad materna están relacionados con abortos en condiciones de riesgo. La falta de personal cualificado para atender el parto y la ausencia de suministros médicos, así como las deficientes condiciones hospitalarias, han empujado a muchas mujeres a salir del país para dar a luz’’. https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Pages/41RegularSession.aspx

En Venezuela el aborto es ilegal y está fuertemente penalizado, lo que ocasiona que la interrupción voluntaria de un embarazo sea una práctica clandestina e insegura y en la mayoría de los casos en condiciones inadecuadas e insalubres poniendo en peligro la vida de las mujeres y cuerpos gestantes, especialmente las más excluidas, oprimidas y explotadas de la sociedad patriarcal y del sistema de acumulación capitalista: las mujeres en condiciones de pobreza y residentes en zonas rurales del país, que no tienen los recursos necesarios para acceder a clínicas privadas.

Contra la violencia patriarcal: Organización y lucha de las mujeres

Frente a esta realidad la respuesta del gobierno ha dejado claro que los derechos de las mujeres no figuran en la agenda de prioridades del ejecutivo nacional, en cambio si lo es para la bancada de pastores evangélicos que recientemente se han incorporado a la fraudulenta Asamblea Nacional que abiertamente se han pronunciado contrarios a la idea de debatir sobre el tema de la legalización del aborto y del matrimonio igualitario, uniéndose al coro de sectores católicos y partidos patronales que tradicionalmente se han negado a legislar y a reconocer el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo.

Estos sectores conservadores de la Asamblea Nacional, buscan imponer sus valores y creencias para negar derechos reconocidos universalmente en completa contradicción con el principio de Estado laico consagrado en la constitución de Venezuela, y que garantiza la no discriminación por razones religiosas e impide que alguna religiosidad se imponga para influir en los asuntos del Estado o para limitar y entorpecer el libre ejercicio de los derechos de las personas.

Lo urgente es que se atiendan las consecuencias de la clandestinidad del aborto, que es de vida o muerte para las mujeres, así como también acabar con el lucrativo negocio de la mercantilización de anticonceptivos y procedimientos de interrupción del embarazo, la demanda es ¡educación sexual para decidir, anticonceptivos gratuitos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir!

En este sentido, desde el Partido Socialismo y Libertad (PSL) y Mujeres en Lucha Venezuela, llamamos a las mujeres independientes, estudiantes, organizaciones y referentes feministas, defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales y sindicales, a la izquierda a organizarnos en asambleas de mujeres con el fin de formular un plan de lucha contra toda forma de violencia patriarcal, por el aborto legal, seguro y gratuito, para enfrentar al gobierno y a las iglesias reaccionarias enemigas de los derechos de las mujeres, contra el paquete aplicado por el gobierno de Maduro, el cual hace que la crisis la paguemos las trabajadoras y el pueblo pobre en general.

Para lograr la movilización de las mujeres es necesario profundizar el debate democrático sobre nuestras reivindicaciones específicas, por presupuesto público para combatir la violencia machista, aborto legal, seguro y gratuito, separación de las instituciones religiosas de los asuntos del Estado, contra la criminalización de las que luchan, por libertad de las y los trabajadores presos, por libertad plena para Vanessa Rosales, contra la violencia que sufren las mujeres negras, indígenas, migrantes, lesbianas, travestis, trans e identidades no binarias, todo aunado a un plan económico popular alternativo que contemple la exigencia de un salario que cubra la canasta básica, ajustado mensualmente, una renta de cuarentena para las trabajadoras informales, el no pago de la deuda externa e impuestos a las empresas transnacionales y a las grandes fortunas; que el petróleo sea 100% estatal sin empresas mixtas ni transnacionales; confiscación de los bienes de los corruptos, y con todos esos recursos conformar un Fondo Social de Emergencia para enfrentar la crisis social, el hambre y la pandemia, impulsando un plan masivo de importación de alimentos, medicinas e insumos para atender la crisis sanitaria; desarrollar una campaña de sensibilización y concientización para que en el país se discuta y asuma como un problema nacional la violencia en contra de las mujeres y el aborto legal, y se destinen recursos para el establecimiento de una red de cuidado para la mujer violentada.

El próximo 8 de marzo, el mundo alza la voz de Mujer Trabajadora. En Caracas, Mujeres que Luchan en articulación con la campaña Mujeres Contra Las Demandas, convocamos a todas, todos y todes a concentrarnos en Plaza Brión de Chacaito a las 2:00 p.m. del lunes, por un

8M Rebelde y de Lucha Feminista, por la defensa de nuestras vidas, cuerpos, trabajos y territorios.

¡BASTA DE VIOLENCIA GUBERNAMENTAL Y PATRIARCAL CONTRA LAS MUJERES!
Presupuesto público para combatir la violencia machista,
Aborto legal, seguro y gratuito
Separación de las instituciones religiosas de los asuntos del Estado
Contra la criminalización de las que luchan