Que el gobierno cumpla y haga cumplir el mandato constitucional de 1999

El 10 de Noviembre de 2011 el gobierno por boca del Presidente, anunció que el 1 de mayo se promulgaría una nueva Ley Orgánica del Trabajo, dicho instrumento sería aprobado vía Ley Habilitante y con el fin de elaborarla se nombró una comisión presidencial. Esta comisión es completamente patronal, y sólo cuenta con Wills Rangel como representante sindical, quien no sólo es un burócrata sin autonomía, arrodillado ante el gobierno del presidente Chávez, el principal patrono del país, sino que además es parte de la directiva de Pdvsa y de Dianca, por lo cual cumple directamente funciones como patrono.

Hasta ahora nada está claro. No hay borrador de trabajo publicado, todo es un secreto y las declaraciones van desde quienes dicen que no están de acuerdo con la reducción
de la jornada laboral, y que se debe castigar a los trabajadores por ir a huelga, como las que hizo Jesús Farías, vicepresidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, o Roberto Hernández, exministro del Trabajo, que coincide con Farías en la supuesta inviabilidad de la jornada de 6 horas; hasta las dadas por Antonio Espinoza Prieto, abogado laboral e integrante de la comisión presidencial, quien dijo que la ley no es retroactiva y que de reconocerse el recálculo será a partir de promulgada,
osea que avala el robo de las prestaciones desde 1997 hasta 2012.

Este procedimiento deliberadamente amañado es una maniobra
para evitar la participación protagónica de los trabajadores y terminar aprobando una nueva estafa que terminará justificando una política que se viene practicando en los hechos, como es: desconocimiento de los derechos laborales y contractuales
en las empresas transnacionales que se vinculan con el Estado,
criminalización de la protesta, bajos salarios, falta de empleos estables, generando contratos consecutivos y tercerización; así como liquidación de los sindicatos. La figura de los “consejos de trabajadores” planteada por la comisión presidencial es
tan arbitraria y contraria a la autonomía sindical, que hasta Fedecámaras ha dicho estar de acuerdo con su implementación.

¿Por qué después de 12 años hablan de una reforma total o nueva
ley? Porque es una artimaña electoral para confundir a los trabajadores, dar dádivas que nunca compensarán lo que nos han robado y con ellas justificar políticas reaccionarias como las que se aplican todos los días en nuestro país. De esto se desprende nuestro llamado a no confiar ni un milímetro en esta reforma que se quiere decretar.

El Partido Socialismo y Libertad (PSL) rechaza categóricamente el intento gubernamental de aprobar vía Habilitante una nueva Ley del Trabajo sin que haya sido discutida por los trabajadores. Llamamos a los sindicatos y centrales obreras a que convoquen de manera autónoma una constituyente laboral nacional para discutir democráticamente la nueva ley.
La reforma de la Ley Orgánica del Trabajo es una estafa
La Constitución Nacional de 1999 en su cuarta disposición transitoria ordena restablecer el cálculo retroactivo de la indemnización por antigüedad, este mandato obedece a la deuda social que se tenía y se tiene con los trabajadores, a quienes
con la reforma de 1997 se les despojó de la única posibilidad de mantener el valor de su antigüedad frente a la inflación.

El gobierno no debe dar más vueltas, el verdadero acto de justicia para con los trabajadores lo constituye el recálculo desde la fecha de ingreso y establecer un cronograma de pago
por este concepto, y pagarle de forma inmediata las prestaciones sociales a los trabajadores que hayan cesado en su relación laboral. No se puede admitir que el recálculo comience a partir de este año, con la reforma de la ley, y mucho menos que la deuda se pague con más deuda a través de bonos petroleros. Esto es un fraude y muchos trabajadores y trabajadoras morirán sin tomarse un refresco con el dinero de su antigüedad, tal como viene ocurriendo.

El espíritu de la Constitución de 1999 es absolutamente claro en su sintención de resarcir desde ese mismo momento el robo perpetrado a los trabajadores dos años antes, no sólo a los del Estado sino también a los de la empresa privada. El gobierno
no debe seguir incumpliendo el mandato constitucional y debe ordenar de inmediato el recálculo de la deuda, su cuantificación, individualización y su pago inmediato. Por ello,
exigimos al TSJ que anule la reforma de la LOT de 1997.

En este mismo marco, nuestro partido considera que la reforma democrática de la ley debe ir acompañada de la reglamentación de la Ley de Seguridad Social de 2002, la cual se encuentra estancada desde ese año, en lo que los abogados llaman una
vacatio legis (suspendida en el limbo), lo cual acarrea que no se hayan aprobado los subsistemas de salud y jubilaciones.

Asimismo, exigimos una inmediata amnistía laboral. Que se concrete el reenganche de los trabajadores y dirigentes sindicales despedidos, tanto de empresas privadas como de instituciones del Estado, y se levanten las medidas cautelares y juicios que pesan sobre otros tantos. E igualmente, que se decrete un aumento general de sueldos y salarios, y que el salario mínimo sea igualado a la canasta básica, tal como se
plantea en el artículo 91 de la Constitución.

Sólo nuestra movilización y organización garantizará una reforma laboral que nos beneficie