Publicado el: Vie, Abr 28th, 2017

Repudio al allanamiento de la Universidad de Carabobo

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Prohibido Olvidar

Por: Rolando Gaitan (Profesor Facyt-UC)

No puedo comenzar sino por expresar mi más profundo repudio a la violación que el miércoles 5 de abril del 2017, sufriera mi Universidad de Carabobo por parte de los esbirros de la Guardia Nacional Bolivariana, confirmando una vez más el desprecio por la dignidad y la vida de quienes habitamos este país, por parte de esos tristes emisarios del terror y el odio. Con un ataque cobarde e inhumano sobre quienes hacemos vida en las sedes de la Facultad de Ciencias y Tecnología y la Facultad de Ingeniería, que dejó decenas de heridos y mutilados, los guardianes del régimen demostraron su rostro represivo al servicio de los que hoy controlan a Venezuela. El 5 de abril quedará marcado en la historia como una fecha de la infamia.

Más allá de toda definición legal de lo que significa la palabra allanamiento, el pillaje y el trato inhumano contra estudiantes, empleados, obreros y profesores Ucistas dejó un rastro de destrozos, robos de equipos electrónicos, dinero de los trabajadores y tortura a manos de los Guardias Nacionales Bolivarianos contra todo aquel que se resistiera. De igual manera es necesario denunciar el sabotaje por parte de los “protectores del orden público” en contra de las labores de docencia e investigación.

Como si fuera poco la crisis por la cual atraviesa la docencia y la investigación científica en el país tras los recortes presupuestarios, los universitarios hemos tenido que resistir los embates de la inflación, salarios miserables, las deplorables condiciones de trabajo e inseguridad de tanta delincuencia de grupos hamponiles que hacen vida en el campus a la vista de las autoridades rectorales como la de los uniformados del gobierno.

Esto es reflejo de una política desesperada y deliberada para frenar el alzamiento del pueblo y los trabajadores que desde hace tiempo vienen pagando el peso de una crisis generada por corruptos, banqueros y grandes empresarios privados y rojo-rojitos que siguen succionando de la riqueza y la fuerza trabajadora. El rostro de la crisis es el rostro de las familias de miles de compatriotas que han sido botados de sus trabajos, de las constantes violaciones de contratos colectivos, de la rabia e impotencia ante el desamparo por culpa de sindicatos y gremios que se han arrodillado a los intereses de los patronos.

Hoy y por siempre estará prohibido olvidar lo que ocurrió el 5 de abril, tanto como necesario es recordar que el accionar de los gobiernos venezolanos de turno es herencia de una política de antaño. En 1990 la Organización de Naciones Unidas dictaminó en contra del uso de gases tóxicos en manifestaciones públicas, justo cuando unos de los pocos países suramericanos que utilizaban para ese entonces bombas lacrimógenas, vomitivas y armas de fuego para reprimir eran la dictadura de Pinochet en Chile y los gobiernos de Acción Democrática y Copei en Venezuela. El ataque más resaltante y reciente en la historia de nuestro país, entre muchos otros fue la masacre contra la insurrección popular de febrero de 1989 que se levantó contra el paquete de medidas económicas que promulgó el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Allí, centenares de trabajadores humildes, dirigentes vecinales y políticos fueron torturados y asesinados a manos del Ejército, la Guardia Nacional y la policía política (DISIP). En ese contexto, la universidad venezolana fue víctima de la agresión, como por ejemplo la Universidad Central de Venezuela con el allanamiento de nuestros locales estudiantiles, detención y tortura de luchadores en las mazmorras de la DISIP.

Este régimen es un resabio de la cuarta república. Disolvieron la DISIP pero crearon el SEBIN como nueva edición de agentes perseguidores de dirigentes y luchadores populares y sindicales, interviniendo y hostigando de la mano con la Guardia Nacional Bolivariana y las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas a los trabajadores de empresas públicas y privadas. Los ejemplos sobran como la presencia intimidadora de militares en las empresas de alimentos, la represión contra obreros ferromineros, presencia militar en las empresas hidrológicas, y en las básicas de Guayana, la discusión de contratos colectivos bajo coacción militar como el caso de AEROCAV en la Brigaba Blindada No. 41, la presencia cotidiana del SEBIN y la GNB en la Avícola la Guásima, forman parte de una gran lista de intervencionismo, siendo el primero de todos el de Corpoelec.

La perversión de la cacareada “unión cívico-militar” solo ha servido para destruir la libertad y autonomía sindical toda vez que el Ministerio del Trabajo junto a los militares han impuesto los “consejos de trabajadores” expulsando a la calle a dirigentes legítimos y desintegrando los sindicatos elegidos democráticamente, dejando en bandeja de plata al movimiento sindical debilitado ante los ajustes patronales. Los casos de la cementera Canteras Cura en San Joaquín y la empresa Suramericana de Soplados en la zona Industrial 2 de Carabobo son solo unos ejemplos.

Esto no es más que opresión y represión del régimen y los dueños de empresa contra los trabajadores alejando toda posibilidad de un control obrero y democrático de los medios de producción y por tanto solo facilita el mantenimiento del control de los grandes capitales en el territorio nacional. Estamos ante una realidad muy distante del discurso sobre “socialismo” que vocifera el gobierno y sus partidos.

Así, la agresión y represión del Estado no solo está representada por la presencia armada de los cuerpos policiales, militares y la GNB en las calles y Universidades en contra de manifestantes. La opresión también está infiltrada en el aparato burocrático cuando se cercena la libertad sindical y gremial toda vez que el CNE controla, entorpece y frena elecciones y la conformación de sindicatos autónomos y no alineados con la política del gobierno. También cuando la notificación para la realización de manifestaciones se ha convertido en la solicitud de permiso. Ni hablar del control que los militares tienen sobre las instancias civiles como el Ministerio del Trabajo.

El accionar de los cuerpos represivos del estado debe entenderse en una dimensión política y por tanto a partir de la expresión de los intereses que el gobierno pretende salvaguardar y que no coinciden con lo esperado por la población. Desde la época de los gobiernos Adeco-Copeyanos hasta el día de hoy, la represión de estos regímenes a través de los organismos militares, policiales y para-policiales nunca han sido “excesos” ni acciones aisladas de algunos agentes. La opresión ha sido perpetrada para frenar las luchas por los derechos humanos, civiles y laborales mientras desde las altas esferas del poder se fraguan las violaciones de la constitución. Desde los altos gobiernos de turno se han empujado a hombres y mujeres que sirven como agentes de los organismos de seguridad del estado para someter a sus propios compatriotas con el fin de proteger los intereses de los grandes capitales y consorcios del poder que tras bambalinas siguen controlando a Venezuela.

Más allá del ejercicio teórico de entender la realidad, los que creamos que la realidad puede cambiarse con la lucha organizada y la movilización necesitamos debatir en qué estado están nuestras fuerzas para responder a este reto.

Como muchos otros sectores laborales, los Universitarios, profesores, empleados, obreros y estudiantes no escapamos al peso de la crisis económica ni a la represión. La capacidad de respuesta de nuestros gremios y sindicatos ha sido muy débil no solo por el burocratismo de las dirigencias que ni siquiera consultan a las bases y toman decisiones a espaldas de sus presuntos representados, sino por la ausencia de un plan concreto para organizar la movilización masiva. Las agendas de muchos dirigentes gremiales y sindicales han estado cruzadas por los intereses patronales tanto del gobierno representado en los partidos del Gran Polo Patriótico como los de la Mesa de la Unidad Democrática que nuclea a sectores de Acción Democrática, Copei y demás herederos de los intereses de la burguesía como Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y paremos de contar. En esa rebatiña por la renta petrolera los asalariados seguiremos llevando la de perder.

Mientras los dirigentes gremiales sigan dejándose calentar los oídos por las autoridades rectorales y las altas esferas del gobierno, seguirán facilitando el camino de la privatización de nuestros servicios médicos, la pérdida de reivindicaciones y la entrega de cláusulas contractuales respecto al salario, limitándose a pedir migajas ante el patrón gubernamental. Cada día más, está planteado el levantamiento de las consignas político-reivindicativas que permitan unir las luchas del pueblo y los trabajadores. Así como exigir la realización de elecciones sin amenazas ni obstáculos es necesaria una escala móvil de salarios en base a la inflación y la consolidación de una Universidad productiva en base a un presupuesto digno para la educación y la ciencia bajo la participación democrática de los gremios.

Sin negar el derecho ideológico de cada quién, mientras no exista un ápice de libertad y autonomía de las organizaciones sindicales, gremiales y estudiantiles respecto a los partidos de los patronos y los operadores políticos de los grupos de poder que hoy gobiernan a la universidad, no vamos a levantar cabeza. La mejor manera de combatir la represión y de honrar a nuestros heridos y asesinados por este régimen y los anteriores, es la de organizarnos todos como Universitarios junto al pueblo y preparar la movilización por nuestras reivindicaciones.

No a la represión, no a los allanamientos, castigo a los culpables.
Asambleas inter gremiales ya para discutir un plan de acción.
No a la privatización del UAMI.
Escala móvil de salarios.
Por la libertad del profesor Santiago Guevara García.
Que la crisis la paguen quienes la generaron, no el pueblo trabajador.

Prof. Rolando Gaitan FACYT-

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