Rodney Álvarez: El rehén obrero del PSUV
Por: Esperanza Hermida
El 9 de junio del 2011, murió Renny Rojas en el portón de la empresa guayanesa Ferrominera del Orinoco y desde entonces, el gobierno, a través de los órganos de la administración de justicia, ha inculpado injustamente a Rodney Álvarez de este crimen. Sin una sola prueba. Álvarez tiene 5 años privado de libertad, tiempo durante el cual ha sido víctima de una serie de violaciones a sus derechos humanos. Es un rehén político.
A Rodney Álvarez no se le juzga en el marco del debido proceso. Es decir, dentro de los lapsos procesales. Al contrario, su causa expresa la más grosera dilación pues las audiencias se posponen por motivos absolutamente arbitrarios. Uno de los más recientes es la vacación de la jueza que lleva el caso en el circuito judicial penal de Caracas. Si bien los jueces tienen derechos laborales, las personas tienen derecho a acceder a una justicia oportuna y sin dilaciones. De ser absuelto Álvarez ¿quién le repone estos dolorosos 5 años preso? Nuestra administración de justicia ¿está capacitada para reparar los daños causados? ¿Tienen nuestros jueces un actuar con perspectivas de derechos humanos?
Álvarez tenía una vida en Guayana, un trabajo y una familia, sus hijos pequeños, su madre. Toda esa vida se fue al traste cuando la administración de justicia decidió recluir a Álvarez en la cárcel de El Rodeo, ubicada en el estado Miranda, a 900 kilómetros de Puerto Ordaz. Los hijos de Rodney no pueden ver a su papá. Sencillamente no es viable económicamente y por la duración del viaje, trasladar a los niños con frecuencia, desde su residencia en Guayana hasta el lugar de reclusión de Álvarez.
La madre de Rodney va de Guayana a la cárcel para llevar algún apoyo a su hijo, pero además se moviliza a Caracas para tratar de hablar con una jueza que nunca está disponible para recibirla, para escucharla o simplemente para verle los ojos. El principio de inmediación es otra característica harto transgredida en este caso. Desarraigado de su entorno, empobrecido al extremo pues no se le cancela su salario al estar enjuiciado penalmente por un crimen que no cometió, Rodney y su familia claman justicia.
El homicidio fue cometido por un activista del PSUV, única persona que usó el arma de fuego que fue disparada aquel día contra la humanidad de Renny Rojas. El hecho quedó grabado en las cámaras de la empresa y fue perpetrado en medio de un confuso tumulto que se produjo durante la realización de una asamblea sindical. Como si se tratara de una tragedia griega infinita, Álvarez es inculpado por el sector oficialista del cual forma parte el verdadero responsable de este delito y sin aportar pruebas. El autor de ese hecho es conocido por miles de ferromineros a quienes la jueza no ha entrevistado, pero que pueden atestiguar, si se les convocará en un juicio justo, que Rodney no es el homicida. Pero la jueza no valora esta posibilidad pues el criminal milita en el PSUV.
El 9 de junio del 2011, murió Renny Rojas en el portón de la empresa guayanesa Ferrominera del Orinoco y desde entonces, el gobierno, a través de los órganos de la administración de justicia, ha inculpado injustamente a Rodney Álvarez de este crimen. Sin una sola prueba. Álvarez tiene 5 años privado de libertad, tiempo durante el cual ha sido víctima de una serie de violaciones a sus derechos humanos. Es un rehén político.
A Rodney Álvarez no se le juzga en el marco del debido proceso. Es decir, dentro de los lapsos procesales. Al contrario, su causa expresa la más grosera dilación pues las audiencias se posponen por motivos absolutamente arbitrarios. Uno de los más recientes es la vacación de la jueza que lleva el caso en el circuito judicial penal de Caracas. Si bien los jueces tienen derechos laborales, las personas tienen derecho a acceder a una justicia oportuna y sin dilaciones. De ser absuelto Álvarez ¿quién le repone estos dolorosos 5 años preso? Nuestra administración de justicia ¿está capacitada para reparar los daños causados? ¿Tienen nuestros jueces un actuar con perspectivas de derechos humanos?
Álvarez tenía una vida en Guayana, un trabajo y una familia, sus hijos pequeños, su madre. Toda esa vida se fue al traste cuando la administración de justicia decidió recluir a Álvarez en la cárcel de El Rodeo, ubicada en el estado Miranda, a 900 kilómetros de Puerto Ordaz. Los hijos de Rodney no pueden ver a su papá. Sencillamente no es viable económicamente y por la duración del viaje, trasladar a los niños con frecuencia, desde su residencia en Guayana hasta el lugar de reclusión de Álvarez.
La madre de Rodney va de Guayana a la cárcel para llevar algún apoyo a su hijo, pero además se moviliza a Caracas para tratar de hablar con una jueza que nunca está disponible para recibirla, para escucharla o simplemente para verle los ojos. El principio de inmediación es otra característica harto transgredida en este caso. Desarraigado de su entorno, empobrecido al extremo pues no se le cancela su salario al estar enjuiciado penalmente por un crimen que no cometió, Rodney y su familia claman justicia.
El homicidio fue cometido por un activista del PSUV, única persona que usó el arma de fuego que fue disparada aquel día contra la humanidad de Renny Rojas. El hecho quedó grabado en las cámaras de la empresa y fue perpetrado en medio de un confuso tumulto que se produjo durante la realización de una asamblea sindical. Como si se tratara de una tragedia griega infinita, Álvarez es inculpado por el sector oficialista del cual forma parte el verdadero responsable de este delito y sin aportar pruebas. El autor de ese hecho es conocido por miles de ferromineros a quienes la jueza no ha entrevistado, pero que pueden atestiguar, si se les convocará en un juicio justo, que Rodney no es el homicida. Pero la jueza no valora esta posibilidad pues el criminal milita en el PSUV.
Álvarez escribió a sus compañeros trabajadores ferromineros y de todas las empresas básicas reivindicando su verdad: «Mi inocencia se desprende de cada una de las audiencias realizadas. Cada una de las personas convocadas, solo muestran evidencias de mi inocencia y sin embargo, el Estado venezolano, ha procedido con pasmosa demora, alargando mi estadía en la cárcel del Rodeo, alejándome de mi madre, mis hermanas y lo más importante: mis hijos, quienes crecen sin recuerdos de mi persona. (…) Yo quiero salir de aquí, que se limpie mi nombre y que este juicio termine. Quiero estar en mi casa con mis hijos y recuperar mi puesto de trabajo. Solo les pido, a todos los trabajadores de FMO, a los dirigentes sindicales y a quienes hacen vida en la empresa, agrandar y unirse en el esfuerzo, revelar mi inocencia y denunciar la injusticia conmigo cometida. Extiendan este llamado a los trabajadores y dirigentes sindicales de todas las empresas básicas, y a la dirigencia sindical del país, a que se unan en torno a mi libertad, a fin de lograr que en lo que queda de este año, yo pueda retornar a mi casa y a mí puesto de trabajo.”
De este clamor se han hecho eco dirigentes como Gabriel Moreno y varios directivos del Sindicato de Ferrominera del Orinoco. No obstante, en la coyuntura de conversaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición nucleada en la MUD, la invitación es a incluir el nombre de Rodney Álvarez entre las personas arbitrariamente privadas de su libertad por razones políticas, pues su caso es un claro ejemplo de criminalización de la acción sindical.