Rodney Álvarez, preso político obrero sin sentencia

Por prensa Ccura

Caracas.- 14 de octubre de 2019.- Rodney Álvarez, trabajador de Ferrominera Orinoco (FMO) con más de ocho años de cárcel, es un preso sin sentencia. Su caso es la prueba fehaciente de que en Venezuela impera la injusticia y la impunidad. En el trayecto de estos ocho años, los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, asignaron la mentira, la persecución y la represión como norma, para criminalizar a Rodney, las protestas y doblegar las luchas de los trabajadores.

Días antes de la detención de Álvarez, los trabajadores impulsaban sus luchas en varias empresas de Guayana. Entre enero y agosto del 2011 se registraron 604 conflictos laborales en Matanzas, siendo el puntal Sidor con la marca de una manifestación diaria. El 09.06.2011, en FMO se realizo una asamblea de trabajadores para elegir la junta electoral, que guiaría los comicios sindicales. El gobierno ignoró las exigencias de las protestas laborales, que iban desde la falta de pagos salariales y otros beneficios económicos, la violación de las contrataciones colectivas y la demora en la discusión de otras convenciones que tenían hasta cuatro años de vencidas, el incumplimiento del HCM y el irrespeto a la libertad sindical.

La corrupción y el deterioro de las empresas básicas era bandera de denuncia de la movilización laboral que iba en aumento, y la Cbst con una retórica socialista se perfilaba como el extintor de los conflictos y el cómplice del gobierno. Las mafias del hierro y del oro, vinculadas a la gobernación de Bolívar operaban impunemente. Para las catervas locales del PSUV, someter FMO y el resto de las empresas básicas era un punto de “honor”. ¿Cómo interpretar que las crecientes movilizaciones y demandas laborales tenían como respuesta del gobierno el desconocimiento de las mismas? Los funcionarios del gobierno nacional enriquecían sus arcas con los recursos que eran para las empresas, daban largas a las exigencias laborales mientras las mafias sindicales vendían las luchas.

De la emboscada del 9 de junio 2011 a las mentiras del gobernador  

Así se llega a la asamblea del 9 de junio en FMO. Los trabajadores concurrentes vieron como Héctor Maican –del PSUV y directivo sindical- realizó los disparos. Luego los efectivos de la GNB le dieron captura aun portando el arma. En el video de seguridad de la empresa se recogen los hechos y la prensa local los resume con dos trabajadores heridos: Luis Quilarte,  Agustín Lezama, y el fallecido de Renni Rojas.       

La sentencia del juez, desestimó el homicidio calificado por motivos fútiles e innobles que formuló la Fiscalía contra Maicán, y solo precalificó los delitos de porte ilícito y lesiones leves. Días antes el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez en un programa de radio calificó: “que los disparos de Maicán fueron al aire”.

Así, en voz del gobernador, se dicta una pauta y se inicia la búsqueda de un culpable. Rodney es señalado y apresado ante sus compañeros en su puesto de trabajo en FMO-Cdad Piar, por efectivos del Cicpc quienes lo trasladan en helicóptero a Pto Ordaz. A partir de este momento los tentáculos de la corrupción se mueven en el “Sistema de Justicia”, forjando un expediente amañado, aplicando varias modalidades de retardo procesal, suspendiendo las audiencias, demorando la emisión de las boletas de traslado, cambiando jueces a capricho de las mafias. Cada cambio, significa más retardo. Consumiendo tiempo al no anunciar el nuevo juez y porque el cambio conlleva otra vez el inicio del juicio. Así, se han removido tres jueces. El gobierno hace gala del retardo procesal.

La criminalización de Rodney y la destrucción de su familia

Los hijos de Rodney, perdieron el cupo en la escuela que por la convención colectiva les correspondía. Tres veces han sufrido dengue. El menor de ellos nunca conoció a Rodney, pues estaba en gestación cuando lo detienen. La Sra. Yanitza su madre, asume la crianza de sus nietos, en peor cuadro que el resto de los trabajadores del país.

El objeto de la cárcel es derruir su moral, crear la atmósfera de sumisión. Que acepte que él es culpable. También es el trabajo de los jueces, fiscales y secretarios del sistema de justicia. Derrumbarlo. Y descaradamente se lo dicen. “Ya tienes ocho años, ¿qué te falta?. Asume tu culpa. Esa es la orden que hay”. Rodney se ha aferrado a su defensa.

Rodney se declara en rebeldía

El Sistema de “Justicia” no le arranca su rendición, resistiendo él con su inocencia y verdad, ante un estado corrupto, que criminaliza las protestas. El sistema impone su parcialidad conduciendo el caso a un callejón, donde no existe justicia. En rechazo a esta situación Rodney se declara en rebeldía, como grito de denuncia y protesta ante la falsedad del sistema de justicia, negándose acudir al teatro de las audiencias ordenadas por los jueces. Ese acto de protesta tampoco le es respetado y contra su voluntad y a empujones es trasladado a la última audiencia, donde él reitera no tener voluntad de acudir.

La jueza, Paulette León Guevara, movida en crear un nuevo perjuicio al caso, pasa el expediente al Circuito Judicial Penal a fin de “hacer una consulta”. Esta situación, es una medida ilegal y dilatoria, que consume tiempo, cuando debe privar la continuidad del caso, cuando en los tribunales rige la autonomía.

Es observable, que han transcurrido ocho años, sin que exista la intención de garantizar el debido proceso, y se haga un juicio “transparente” sin las trampas del actual gobierno. La intención del Sistema de Justicia es quebrar la indomable moral de Rodney.

Reiteramos nuestra solidaridad con Rodney Alvarez y Rubén González

Nosotros, el PSL-Ccura, que hemos estado en la denuncia constante del crimen que el gobierno comete con Rodney y su familia, y hemos hecho llamados a la solidaridad y a la movilización de los trabajadores en su defensa, una vez más reiteramos este esfuerzo.

Hoy la OIT, incorporó a Rodney Álvarez y a Rubén González, como casos objeto de quejas y le da tres meses al gobierno para en la definición de los casos. De igual forma, la comisión delegada de la ONU, aboga por el caso de Rubén González y junto a otras organizaciones abogamos para que sea incluido Rodney Álvarez, entre los casos de violación de los DDHH en Venezuela.

Desde el PSL-Ccura hacemos un llamado redoblar los esfuerzos en la visualización,  denuncia y movilización por la plena libertad de Rodney Álvarez y Rubén González, como por todos los trabajadores –sabemos que son más-  que están en las cárceles de Venezuela producto de la criminalización de la protesta.

Libertad para Rodney Álvarez y Rubén González.