Trabajadores acusan al Gobierno de arruinar las empresas básicas

Una nutrida representación de trabajadores de las empresas de Guayana y de Pdvsa participó en la marcha contra la nueva Ley Orgánica del Trabajo oficialista, pues no creen en esta oferta del Gobierno que arruinó las industrias básicas y al sector petrolero, señalaron dirigentes sindicales La protesta, que contó con la asistencia de trabajadores de la administración pública, educación y salud, entre otros sectores, y de la empresa privada, fue organizada por el Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, Fadess.

Con consignas y pancartas exigiendo el pago de la deuda laboral del sector público, la firma de los contratos colectivos vencidos y el respeto a la libertad sindical, los marchantes partieron desde la Plaza Morelos hasta la Asamblea Nacional para rechazar que el presidente Hugo Chávez promulgue la nueva ley el 1º de mayo.

«Los trabajadores tienen demasiados problemas ocasionados por el Gobierno en estos 13 años: los bajos salarios, la no discusión de los contratos colectivos, la ruina de las empresas del Estado y la falta de trabajo decente, para que ahora vengan a engañarnos con la Ley del Trabajo», indicó José Bodas, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela.

El dirigente de la Futpv dijo que exigen el aumento general de salario equiparado con el costo de la canasta básica, que actualmente supera 5.000 bolívares mensuales.

Bodas alertó que Pdvsa y la dirigencia sindical afecta pretenden abaratar los costos del contrato petrolero para hacer más lucrativa la actividad a los socios transnacionales de China, Rusia, Brasil, Argentina y Estados Unidos, en el caso de Chevron.

Henry Arias, directivo del sindicato de Alcasa, señaló que además de defender y demandar las inversiones y mejoras operativas para las empresas de Guayana, rechazan la forma ventajista del Ejecutivo para imponer la nueva ley.

Arias denunció a «los seudosindicalistas y militantes del PSUV», que recogen firmas de apoyo a la ley con preguntas tramposas al trabajador de si quiere mayor salario y la retroactividad de las prestaciones sociales, cuando el presidente Chávez no tiene la competencia legal en esta materia, sino el Parlamento.

Emilio Campos, dirigente del sindicato de Carbonorca, refirió que en lugar de una nueva Ley del Trabajo para imponer el modelo socialista autoritario, el Presidente debe cumplir inmediatamente con el pago de los pasivos laborales a los trabajadores de las empresas de Guayana y del sector público en general, por concepto de prestaciones sociales atrasadas e incumplimiento de los contratos colectivos vigentes, entre otros.

Al término del recorrido, una misión de dirigentes del Fadess entregó el pliego de peticiones a los diputados Alfredo Ramos y Miguel Pizarro, miembros de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.