Trabajadores indignados

Diversos problemas que vienen aquejando a los y las trabajadoras del país son fuente de conflicto desde hace más de tres años. La no discusión de convenciones colectivas principalmente en el sector público, la galopante inflación, la violación al ejercicio de la libertad sindical, los despidos injustificados, el no pago de deudas acumuladas y la crisis por la que atraviesan las industrias básicas de Guayana son algunas de las situaciones que generan descontento.

En la creciente protesta social que hay en Venezuela el sector laboral encabeza las acciones de exigibilidad de derechos. La indignación ante las masivas y reiteradas violaciones se traduce paros, huelgas, tomas de establecimientos, cierre de calle, concentraciones y otras modalidades.

Durante todo el 2010 realizaron la cantidad de 1.121acciones de un total de 3.114 realizadas en el país lo cual equivale al 36%. En el primer semestre de 2011 de un total de 2.365 protestas, el sector laboral protagonizó 989, es decir, el 41,82%, lo cual evidencia una línea ascendente de descontento y disposición a reivindicar sus derechos.

Particular malestar causa la no discusión de las convenciones colectivas. Hay empresas del Estado con más de cinco años sin discusión. Los trabajadores de la administración pública introdujeron el 07.08.07 ante la Inspectoría del Trabajo el proyecto de Convención y el Ejecutivo Nacional se niega a discutirla.

El derecho a la convención colectiva en el sector público se violenta igualmente cuando son incorporados como «contratados» un número importante de trabajadores. Bajo dicha figura no quedan amparados por las convenciones. Existe uncreciente proceso de tercerización en el sector público mediante el cual se mantiene a trabajadores por muchos años con contratos anuales sin que puedan gozar de muchos beneficios.

En el sector privado la situación no es muy diferente.

Hay una constante violación a las convenciones colectivas y con frecuencia se realizan despidos injustificados o se pone fin a las relaciones laborales y no se paga las prestaciones sociales. Los trabajadores de la planta Coca Cola Femsa, realizaron una huelga de 27 días para forzar la firma del contrato colectivo, que amparó a 1.200 trabajadores de esa compañía

Resalta igualmente los reiterados obstáculos que colocan patronos públicos y privados al trabajo de los sindicalistas. Se complementa con la judicialización del ejercicio de la libertad sindical abriendo procesos penales a dirigentes sindicales por convocar paros y huelgas. Uno de los casos más recientes es el de los trabajadores de Sintracallao. La Fiscalía Quinta del Ministerio Público en la población de Tumeremo, estado Bolívar, imputó a cuatro trabajadores por participar en la paralización de la mina Isidora donde opera la empresa de capital mixto Venrus.

Por todas estas razones diversas organizaciones sindicales están convocando para el 20 de octubre a una Jornada Nacional de Protesta bajo el lema Mil protestas en un día.