Tráfico de puestos de trabajo nutre guerra »sindical» a sangre y fuego

16 de febrero de 2012. El sábado 9 de abril de 2011, Jean Carlos González salió de la casa de su mamá en Caracas. Ese día iba rumbo a Aragua de Barcelona (Anz), para asistir el lunes a una reunión donde se repartirían puestos de empleos, aunque solo eran tres cargos los que se entregarían. 48 horas después de haberse despedido de su madre, González recibiría no un trabajo, sino nueve balazos. A su lado caería Diego Aray, otra víctima de la plomazón de ese 11 de abril.
El relato de los testigos revela que a las 10 am, un grupo de 20 personas pertenecientes a los consejos comunales del sector Mapoco, caminaban por la calle con la intención de participar en la repartición de los cupos en la construcción del tramo del ferrocarril Tinaco−Anaco.
De pronto una camioneta color gris y varios motorizados interceptaron a los marchantes. Una ráfaga de disparos estalló sobre el grupo de desempleados. González, sindicalista, quedó en el sitio y Aray falleció ocho horas después en el hospital de la zona.
Algunos días antes, un dirigente sindical había amenazado con matar a los desempleados, pues crearon un sindicato para administrar los puestos en la construcción del ferrocarril, dijo un testigo.
Casi dos meses después del doble homicidio, el Tribunal 1° de Control de Anzoátegui dictó orden de captura contra cinco personas supuestamente implicadas en el hecho. Luego de un mes y medio se entregó Jesús Argenis Bernal Navarro, dirigente sindical de la zona. Hasta ahora es el único detenido por este caso.
Situaciones como la de Aragua de Barcelona se repitieron el año pasado en 11 estados del país, de acuerdo con las estadísticas recopiladas por la organización de derechos humanos Provea entre octubre de 2010 y septiembre de 2011. El estado Bolívar resultó la entidad con más fallecidos, con 10 de los 36 reportados en toda Venezuela en ese período de tiempo.
Causas multifactoriales
El homicidio de sindicalistas, desempleados o de hombres que se hacen pasar como sindicalistas sin haber legalizado sus organizaciones, ha dejado 179 víctimas desde octubre de 2007 a septiembre de 2011, de acuerdo con la organización de derechos humanos.
El dirigente nacional de la Corriente Clasista Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (Ccura), Orlando Chirino, observa que una de las causas de la matazón por un cupo de trabajo se halla en la política antisindical del Gobierno.
«Cuando unos líderes contrarios al Gobierno ganan un sindicato, los grupos rivales, afectos al chavismo, lo impugnan y las inspectorías del Trabajo reciben de inmediato esa solicitud o crean una nueva organización. Si no es así, cómo explicar entonces la existencia de cinco federaciones de la construcción», resalta Chirino.
De acuerdo con datos del Ministerio del Trabajo, en 1999 existían 208 organizaciones sindicales inscritas; en 2008, el número se elevó a 4.646.
El secretario general de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, afirma que el mismo partido de gobierno (MVR entonces, Psuv hoy) ha promovido la constitución de sindicatos para tratar de lograr el dominio del sector obrero.
A las viejas y nuevas organizaciones sindicales se unieron otros factores a partir de 2006 y 2007, comenta el secretario general del Sindicato de Fedepetrol en Anzoátegui, Gregorio Rodríguez, quien recuerda que en esos años se crearon los frentes o bloques de trabajo, con los cuales los consejos comunales pasan a exigir puestos en las obras que se ejecutan en sus comunidades.
Así, el panorama incluye entonces a los sindicatos tradicionales, las nuevas organizaciones, los frentes de trabajo y grupos que sin ninguna legalidad comenzarían a exigir puestos en las obras. Entre ellos, se colaron sujetos con prontuarios policiales y armados, quienes usaron la fuerza para imponer su ley.
El negoción
Detrás de esa lucha por los cupos se encuentra el dinero. Chirino indica que en el sector construcción se realizan diferentes prácticas para quedarse con el dinero que debería ir a los trabajadores.
Dice que se pelean por las delegaciones, pues éstas permiten que los dirigentes sindicales o personas allegadas asuman cargos como representantes laborales y de Insapsel, quienes generalmente cobrarán sin ni si quiera trabajar. El pago semanal para ellos pudiera llegar hasta Bs. 2.000, de acuerdo con la contratación colectiva.
Además, en el sector construcción, los sindicalistas mantienen −a diferencia del petrolero donde se derogó la cláusula 69 que permitía el manejo de 60% de los cupos de empleos− el dominio de 75% de los ingresos a las obras.
Chirino dice que por esos cupos el sindicalista puede llegar a reclamar el pago de un monto único o el 15% a 20% del sobre semanal.
En Anzoátegui, un puesto de trabajo puede costar hasta Bs. 1.500, afirma el secretario general del Sindicato Único de Obreros Profesionales de la Industria de la Construcción de esa entidad (Suopicvcsea), Miguel Quirot.
«Si son 10 cupos, el supuesto sindicalista se queda con Bs. 15.000. Esta es la verdadera razón de la matazón», expone Quirot antes de aclarar que en la zona de Lechería, donde opera su organización, en ocho años no ha ocurrido ningún homicidio por la caza de cupos, debido a que ese 75% lo reparten en partes iguales entre los que hacen cola en el portón, las comunidades y el sindicato.
En el norte de Anzoátegui, en los primeros 31 días del año ocurrieron nueve asesinatos de personas vinculadas con la lucha de cupos de empleos. Al menos cinco de ellas, todos hombres, presentaban antecedentes penales por robo, posesión de drogas y armas.
Según el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, solo tres de los fallecidos estaban directamente relacionados al proceso de búsqueda de empleos. Los otros trabajaban para supuestos sindicalistas y sus asesinatos no están directamente ligados a la guerra por los empleos.
Más al sur de la entidad, en Soledad, el 15 de enero ocurrió un décimo homicidio, cuando sicarios asesinaron a un dirigente sindical de la obra hidroeléctrica de Tocoma (Bol), de nombre José Luis Moyetones. En redes sociales se le acusó de vender cupos de empleos por Bs. 10 mil.
Comisión mixta
Pero solo los nueve muertos del norte de Anzoátegui encendieron la alarma de las autoridades. Por orden de los ministerios de Interior y Justicia y Defensa, desde el 30 de enero se activó una comisión mixta que busca reducir la violencia y capturar a los responsables de los homicidios. La integran la Guardia Nacional, Cicpc, Sebin, Fiscalía Superior, Circuito Judicial, Inspectoría del Trabajo y policías municipales.
En tres semanas han logrado la detención de tres personas, dos en Barcelona y una en Sucre, quienes usaban armas de fuego para extorsionar y sobornar a los representantes de las empresas y así quedarse con los cupos de empleos. La comisión también realiza el censo de obras en Anzoátegui.
El presidente de la Cámara de la Construcción en la entidad, Nelson Blanco, puntualiza que en estos momentos no se ejecuta un proyecto de importancia en la zona. El último más grande fue el estadio José Antonio Anzoátegui, para la Copa América de 2007. Por ahora se espera el inicio de los trabajos de la construcción de una infraestructura para Pdvsa que realizará Odebrecht en Guanta, que se estima genere 20 mil empleos en sus diferentes fases.
Pero en ese estado oriental, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), para el primer semestre de 2011 había 104,9 mil personas desocupadas. Mucha gente para los pocos cupos de trabajo, situación que se repite en el resto del país.

Denuncian atracos
en áreas de Pdvsa

El secretario general de la Futpv, José Bodas, asegura que en áreas de la industria petrolera de todo el país, ocurren atracos al personal que labora para Pdvsa o las contratistas.
Bodas relató casos como el ocurrido en el patio de tanques de Guaraguao, donde personas ajenas a la empresa se introdujeron en un patio y luego de someter a los trabajadores, a quienes les quitaron sus pertenencias y objetos personales, también sustrajeron piezas de cobres y otros metales reciclables.
Resalta el dirigente de la federación petrolera que en otras partes del país, como en Monagas, obreros de Pdvsa han sido víctimas de asaltos perpetrados en las zonas donde operan los taladros.
Más grave aún, según Bodas, es lo que sucede durante las paradas de mantenimiento de las plantas, sobre todo porque el personal obrero cobra en el mismo lugar de trabajo.
«El viernes, que es el día de pago de la semana, los trabajadores deben estar en grupos, no separarse de sus compañeros de más confianza ni ir solos a los baños. Si lo hacen corren el riesgo de ser atracados en las propias instalaciones de Pdvsa», expresa Bodas, quien destaca que esta información la conocen las autoridades de la petrolera del Estado, pero no toman las acciones, pese a que tienen detectores de metal en las entradas de las áreas.
Otra situación denunciada por tres dirigentes sindicales de Anzoátegui es la presencia de los llamados perros bravos, sujetos que son contratados por los gerentes de las empresas que laboran para Pdvsa, para que amedrenten a los trabajadores que reclamen el cumplimiento del contrato colectivo o el respeto a las normas de higiene, seguridad y ambiente. Ellos andan armados en las instalaciones y no dudan en enseñar la pistola o darle un cachazo al obrero que se alce.
Una fuente de la Comisión Presidencial para el Control de las Armas, Municiones y Desarme, anunció a Últimas Noticias que en los próximos días saldrá en Gaceta Oficial una normativa que prohíbe el porte de armas de fuego dentro de las construcciones públicas o privadas.
También se establecerá que las empresas deberán ejecutar los chequeos corporales o emplear mecanismos para controlar el ingreso de pistolas y revólveres a los lugares de trabajo. Cb

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