«Usan tribunales para frenar la lucha social»

Se calcula que en Venezuela hay dos mil doscientas personas quienes están sometidas a juicio por haber manifestado públicamente en defensa de sus derechos y reivindicaciones laborales, por exigir mejores servicios públicos, asimismo, estudiantes que han protestado en contra del gobierno por razones políticas o estudiantiles.

Se calcula que en Venezuela hay dos mil doscientas personas quienes están sometidas a juicio por haber manifestado públicamente en defensa de sus derechos y reivindicaciones laborales, por exigir mejores servicios públicos, asimismo, estudiantes que han protestado en contra del gobierno por razones políticas o estudiantiles.

Así lo explica Miguel Angel Hernández, coordinador nacional de la Unidad Socialista de Izquierda e integrante del Movimiento C-Cura, quien en la redacción de La Razón, explicó que de ese cúmulo de personas, ciento veinte son trabajadores y dirigentes sindicales de los sectores de las empresas básicas de Guayana y petrolero.

Hernández, quien es también profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, define este aspecto como una “criminalización de la protesta”: “Todo el que protesta y manifiesta, es detenido y la Fiscalía lo imputa y luego de ser liberado es sometido a régimen de presentación en los tribunales”, explica.

-Esa medida va acompañada de otras restricciones a su libertad de movimiento y actividades normales. Por ejemplo, a los dirigentes sindicales se les prohíbe entrar a los centros de trabajo y los restringen a permanecer en la región donde viven.

¿Cuál es el denominador común entre los trabajadores que son detenidos y que les han abierto expedientes?

-Hay un elemento político en todos estos casos, evidentemente. Son trabajadores y dirigentes sindicales, campesinos que han protestado por tierra, quienes protestan por vivienda, o por servicios públicos como agua y electricidad, y es el mismo caso, por ejemplo, de los estudisntes de la Universidad Experimental “Simón Rodríguez” quienes fueron golpeados salvajemente por una banda que mandó el mismo rector.

-El derecho a protestar está consagrado en la Constitución nacional, no hay que pedir permiso. Y lo que antes era una notificación a las autoridades para realizar ese tipo de actividades, se ha convertido en una exigencia. Es decir, no hay que pedir permiso sino notificar que se hará una movilización. Ahora se ha convertido en una solicitud que puede ser negada.

-Por ejemplo, hace pocos meses asesinaron a dos trabajadores de la transnacional Mitsubishi, allí también se encontraba gente de la Unete Aragua que reclamaban el esclarecimiento del asesinato de Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena, quienes fueron asesinados el 27 de noviembre del año pasado en Aragua. La Unete y los trabajadores de Mirtsubishi organizaron una marcha en Caracas y tuvieron que hacerla por las aceras y un cordón policial impidió que pasaran. Fue algo completamente legal y una forma de criminalizar la protesta.

CRISIS SOCIAL

Explica, no obstante, que la criminalización de la protesta es ejercida a través de los componentes del Estado venezolano. “Esto se produce, además, en un contexto de impunidad que hay en el país, por ejemplo, que los trabajadores luchan por sus derechos en una empresa privada o pública y la Inspectoría del Trabajo se pone de parte del patrono o evacúa una providencia a favor del trabajador y no se cumple”.

¿Por qué estos sectores que menciona optan por criminalizar las protestas de los trabajadores?

-Hay una crisis social severa, es algo evidente, y son los trabajadores y los sindicatos los sectores que reflejan esa crisis. Hay una incubación en la sociedad venezolana de esa crisis, y el gobierno está cosnciente de eso y refleja al mismo tiempo un desgaste en su apoyo popular. Asimismo, adicional a la crisis social hay también una crisis económica, determinada por razones internas como por la crisis del capitalismo, que de igual manera, agrava la situación social y económica de los trabajadores.

-El gobierno está consciente que este es un prblema serio para su estabilidad, y se observa en recientes encuestas que se han hecho. Al gobierno no le queda otra cosa que comenzar una ofensiva hacia los sectores que se movilizan: necesita una derrota contundente de los trabajadores para liquidar el proceso revolucionario que se venía dando desde 1989, y de esat manera lograr disciplina para aplicar su programa de ajustes económicos.

SICARIATO

Aparte de la impunidad, Hernández se refiere tambié a otro componente: la aparición del sicariato en el sector sindical. “El Estado no investiga los casos de sicariato y se produce una situación de impunidad. Esto propicia una situación muy conocida en Colombia, es decir, al entronizarse la impunidad. El caso de los trabajadores de Aragua es emblemático porque fueron asesinados con un tiro en la cabeza, evidentemente en un método de sicariato. Ellos estaban en un conficto con la empresa Alpina y esa misma noche fueron asesinados. Se ha pedido investigar a todos los dueños de Alpina, a la policía del estado Aragua. Sin embargo, el gobierno no investiga y ha dado lugar a la impunidad y, por tanto, alienta a otros sectores a continuar con el sicariato. Hay que sensibilizar a la opinión sobre una serie de flagelos muy graves que en Venezuela no se habían dado y podrían estar más presentes”.

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