Van 9 yukpas asesinados en la lucha por sus tierras
Lusbi Portillo, antropólogo y profesor de la Universidad del Zulia, considera que muchas de esas muertes pudieron evitarse con la demarcación de las tierras y la compra de las bienhechurías, estimadas para 2014 en Bs 30 millones.
Caciques. El equipo de ÚN logró conversar con dos caciques de la sierra de Perijá: Carmen “Anita” Fernández y Sabino Romero hijo, quienes se definen como “sobrevivientes de una matanza”. Denunciaron que han sido acusados hasta de delincuentes para neutralizar su batalla por territorio. Aseguran que hay discriminación en la atención a un grupo de indígenas. “Unos han recibido dinero para proyectos comunales, pero no les entregan las tierras”, afirmó Romero.
Dijeron que temen por sus vidas ante nuevos ataques solo porque ellos no aceptan recursos, pues solo quieren sus territorios. Recordaron que el 24 de junio fue ultimado Cristóbal Fernández y el 30 de junio fue herida Carmen Fernández.
Sin embargo, tanto Fernández como Sabino aún confían en la justicia. Hace 15 días viajaron a Caracas para entregar cartas y exigir justicia ante la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Vicepresidencia de la República. No hay respuestas.
Esperanza. Según el profesor Portillo, hay fechas que dieron esperanza a que ese conflicto se resolvería de forma pacífica. En 1997, durante el segundo mandato del presidente Rafael Caldera, se acordó con el gobierno regional (primer período de Arias Cárdenas) el pago de todas las bienhechurías de la sierra de Perijá. Se aprobaron Bs 400 millones, pero solo se cancelaron dos haciendas.
El 24 de agosto de 2008, el entonces mandatario Hugo Chávez, en el Aló, Presidente número 318, ordenó demarcar las tierras del pueblo yukpa. “Si mi gobierno tiene que escoger entre hacendados e indios, optaré por los pueblos originarios”, manifestó Chávez.
Días antes de ese pronunciamiento, había ocurrido un enfrentamiento entre yukpas y la Guardia Nacional debido a que un grupo de indígenas de otra zona, acompañados por organizaciones de derechos humanos, se movilizaron porque había una comunidad que no podía desplazarse (había sido cercada por militares para evitar que protestaran).
En marzo, a un año del asesinato de Sabino Romero, los afectados por la violencia fueron convocados por el gobierno regional. Se acordó el pago de bienhechurías de cinco fincas, construir una escuela bilingüe, reparar dos vías rurales, invertir en la recuperación de los bosques y una pensión para cinco madres o viudas de las familias Fernández y Sabino.